En la Cámara de Senadores recientemente exhibieron un video filmado en la frontera de Ciudad del Este con Foz de Yguazú, que mostraba a funcionarios de Aduanas, integrantes de la Armada Nacio­nal y comerciantes de la zona involucra­dos en operativos de ingreso de productos de contrabando. En el filme se escuchan diálogos entre funcionarios y personas particulares en que acuerdan la entrada de mercaderías prohibidas a cambio del pago de sobornos, una escena que los que conocen la zona saben que es bastante corriente en el lugar, así como en otros sitios de la frontera con la Argentina.

El legislador responsable de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), Jorge Querey, señaló que se trata de una orga­nización criminal, porque no es simple­mente la recepción de coimas sino la con­formación de todo un esquema delictivo que opera en un sistema bien estructurado en el cual se define quién cobra los pagos, qué vehículos pueden pasar sin proble­mas, incluso qué mercaderías dejan los contrabandistas para publicar luego los supuestos decomisos realizados. En este caso están involucrados más de 15 funcio­narios y cerca de una veintena de contra­bandistas de la zona.

La filmación mostrada en la Cámara Alta no es nueva, pues se trata de un video obte­nido en marzo del 2021 cuando se graba­ron las actividades de militares, emplea­dos de Aduanas y personas que se dedican al tráfico fronterizo en Ciudad del Este. Tiene el valor de exponer en imágenes y sonidos lo que sucede habitualmente en distintos puntos fronterizos del país. Que el ingreso de mercaderías sin control legal es un habitual hasta en los puertos mejor controlados, cosa que es más fuerte en las zonas no fiscalizadas.

Lo peor de esta lamentable situación es que la lucha de los organismos públicos y de las autoridades es insuficiente, y a veces hasta lamentable por su escaso alcance y rigor. De lo que tienen real conciencia los diversos sectores empresariales que tra­bajan dentro de las normas de la legalidad y aportan al país con su producción y sus impuestos.

Este grave hecho que compromete la salud económica del país y que perjudica fuer­temente al Estado en sus recaudaciones impositivas constituye una de las reali­dades más dolientes de la vida del país. Es como un cáncer maligno que hace metás­tasis en otros órganos y causa un daño irreparable.

El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Alberto Sbo­rosky, recientemente pidió a las institucio­nes que realizan los controles para que se armen de valor y metan las manos en donde se desarrolla la economía en negro. Dijo que una de las luchas del sector es pelear contra el Paraguay en negro combatiendo la informalidad. Que piden nada más que las instituciones realicen los controles necesarios y “tengan el valor de ir y meter la mano donde está la economía en negro”.

El titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, se quejó de que las instituciones estatales hacen sus controles de manera deficiente, lo que al final produce un mal resultado. Por lo que exigió que se refuercen los con­troles a fin de dar previsibilidad a los sec­tores productivos.

El Gobierno y sus instituciones deben entender que el combate al contrabando es parte de la lucha contra la criminali­dad y abarcar todos los aspectos de esa realidad. No se trata solo de controlar los pasos fronterizos, también deben perse­guir el comercio ilegal de mercaderías, los negocios que operan en la marginalidad, las transacciones que se hacen sin emitir comprobantes como exige la ley, además de cumplir otras normas.

Un tema de gran trascendencia es la edu­cación de los ciudadanos para vivir en la legalidad y exigir que se cumplan las leyes en todos los ámbitos de la vida social y eco­nómica. La creación de la conciencia legal, el afán de vivir dentro del marco jurídico y fuera de todo tipo de marginalidad.

La lucha contra la ilegalidad y por la cons­trucción de una nación en que reinen la ley y el derecho es también de toda la ciuda­danía, con sus organizaciones y entidades diversas. Pero la responsabilidad princi­pal, en lo político, la estrategia de lucha y el esfuerzo institucional la tiene el Estado, que debe poner mayor empeño en la tarea.