La libertad de prensa es uno de los bienes más preciados de una sociedad democrática porque constituye una garantía de la vigencia efectiva de las otras libertades que rigen la vida de los pueblos civilizados. Tanto es así que solo los gobiernos totalitarios y dictaduras no la permiten y persiguen a los medios de comunicación que no están alineados a sus caprichos despóticos. Por eso la vigencia irrestricta de la libre expresión comunicacional a través de todos los medios es la mejor demostración de que una nación o una sociedad goza de plena libertad y democracia.
En consecuencia, puede afirmarse que la persecución de los medios de comunicación, de la índole que fuere, suele ser la demostración más clara y contundente de la amenaza contra la libertad de un país o una sociedad determinada. Y, por el contrario, la libre expresión es la muestra indiscutible de la vigencia de todas las libertades.
El miércoles último, el presidente de la República calificó de “pocilga mediática” a Nación Media cuando fue consultado sobre las denuncias publicadas por los medios del grupo comunicacional sobre la venta a Bolivia a precios reducidos del crudo de petróleo que el país importa de otras naciones. Molesto por las publicaciones que mostraban las desprolijidades de la empresa estatal Petropar, no tuvo mejor salida que atacar con la expresión descalificadora.
El señor Presidente tiene que saber que el grupo de medios Nación Media no es un chiquero para criar cerdos ni una vivienda sucia y maloliente, como define el diccionario al término pocilga. Por lo que no acepta de ningún modo tal calificativo y lo rechaza categóricamente. Aunque comprende que es habitual que las personas tocadas por la cruda verdad que cuentan los medios de comunicación reaccionen en contra, y a veces con violencia, como ha ocurrido con los dictadores que cerraron radios y diarios en el pasado y en la actualidad.
No es una exageración tomar algunas expresiones verbales agresivas o actitudes mediáticas negativas contra la prensa como una amenaza a la libertad de expresión y de prensa cuando se recurre a la experiencia vivida en nuestro país. Durante la dictadura de Alfredo Stroessner, cuyo secretario privado era el padre del presidente actual, desde las audiciones de la “Voz del coloradismo” se amedrentaba a radios y periódicos con calificativos similares. Y luego eran clausurados. Se atacaba a algunos periodistas o dueños de medios, que después eran apresados ilegalmente.
No hay que olvidar que luego de las intimidaciones de la mencionada audición colorada fue apresado el director de Abc color, Aldo Zuccolillo, y luego clausurado en forma definitiva el diario el 22 de marzo de 1984, con una resolución del Ministerio del Interior. Ni dejar de recordar que previamente fueron cerrados por un mes los diarios La Tribuna y Última Hora, en junio de 1979, por las publicaciones críticas que venían haciendo sobre la realidad económica y la situación precaria en que convivían las familias ribereñas afectadas por la inundación del río Paraguay.
Tampoco se puede olvidar la persecución a radio Ñandutí, que fue clausurada por el gobierno estronista temporalmente en varias ocasiones y a cuyo director y propietario, Humberto Rubin, lo apresaron sin orden judicial en numerosas oportunidades. Todo por no sintonizar con la política del dictador Stroessner. Y sobre todo por tener palabras críticas hacia sus desaciertos gubernamentales. Cualquier parecido con la realidad actual puede parecer mera casualidad…
Por eso es oportuno recordarles a las autoridades nacionales algunas disposiciones sobre las libertades fundamentales de la Constitución Nacional, que en su artículo 26 garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, “así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas por esta Constitución”.
Y las de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que en su artículo 13 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y que no puede ser objeto de censura.
La libertad de prensa forma parte ineludible de los derechos humanos fundamentales, y las autoridades están obligadas a respetarla con sus obras y sus palabras. Por lo que el ataque del señor Abdo a Nación Media con sus inadecuadas palabras resultan totalmente inaceptables.