Altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez hicieron una conferencia de prensa el viernes último y con mentiras y falsedades quisieron poner en duda la legalidad de las exportaciones de cigarri­llos en el famoso avión venezolano-iraní. Queriendo desconocer la realidad hicie­ron acusaciones que tienen el propósito político de enlodar a empresas vinculadas a exponentes del movimiento Honor Colo­rado de haber cometido irregularidades o delitos. El montaje de falsedades con­tra una de las empresas del ex presidente Horacio Cartes demuestra el nulo avance del candidato oficialista para las internas coloradas, lo que los obliga a utilizar men­tiras desde los organismos del Estado.

Los ministros de la Senac y de la Seprelad, además del director nacional de Aduanas, dijeron en la reunión de prensa que detec­taron inconsistencias en documentos de la exportación de cigarrillos de Tabacalera del Este SA (Tabesa) a Aruba, diferencias en monto de pagos y sistema de transporte de la carga. Todo referente al caso de la par­ticipación del avión venezolano-iraní que está siendo investigado por el Ministerio Público. Con inocultable interés político, en las acusaciones trataron de imponer las falsedades de acuerdo a su conveniencia.

La parte acusada dio detalles de lo actuado explicando que la totalidad de los docu­mentos relacionados a los cigarrillos exportados por Tabesa a través de la empresa Emtrasur a Aruba ya fueron remi­tidos a la Fiscalía el 8 de julio último.

Los voceros de Tabesa indicaron que en la carpeta entregada al Ministerio Público están los correos electrónicos enviados, las facturas de las operaciones que se rea­lizaron, además de los montos de dinero transferidos a través del Banco Nacional de Fomento (BNF). Desmintieron a los porta­voces del Gobierno señalando que no existe ninguna factura clonada, sino una rectifi­cación de la factura N° 640, dado que ini­cialmente el envío de la mercadería se iba a realizar por vía marítima, lo que se de- sechó dado que el comprador consiguió la aeronave para transportarla por vía aérea. Debido a ello se modificó el contenido de la misma factura, que es la única que se pre­sentó a la oficina aduanera paraguaya.

Refiriéndose a otra de las acusaciones de los funcionarios estatales dijeron que no existen diferencias de montos en las trans­ferencias. Erróneamente, los voceros del Gobierno presentaron montos de pagos por otras cargas que difieren de la carga de la factura N° 640, cuyo monto es de 777.444 dólares.

Cuando remitieron los papeles al fiscal Osmar Legal entregaron todos los docu­mentos pertinentes, como la mencionada factura, la lista de empaque, el despacho de exportación del embarque aéreo, los comprobantes de las transferencias ban­carias, el acta de la Senad de la inspección de la mercadería, además de una escritura pública en la que se constata los correos electrónicos que intercambiaron el vende­dor y el comprador de la mercadería. Todo lo cual confirma que no hay irregularidad alguna en la operación de venta de los ciga­rrillos, como han insinuado en la conferen­cia de prensa los empleados del Gobierno.

El senador colorado Enrique Riera resaltó que las acusaciones del gobierno de Mario Abdo contra Tabesa son parte de una per­secución política contra su oponente con miras a las elecciones internas del 18 de diciembre. “Están persiguiendo a un pro­yecto político porque electoralmente no pueden ganar. Faltan tres meses, enton­ces hay que sacarlo de la cancha a lo que dé lugar. Yo no descartaría que haya otras ini­ciativas más, quizás cuando se le acabe el jugo al tema del avión”, afirmó Riera en una entrevista en el programa “Cara o cruz”. Refiriéndose a la conferencia de prensa del viernes, manifestó que los funcionarios “demostraron más debilidad que fortaleza”.

El tiempo va pasando y ya faltan solo 82 días para las elecciones internas, hecho que pone nerviosos a los oficialistas. Debido a ello no es extraño que los sectores que se encuentran alineados a Mario Abdo Bení­tez utilicen de mala forma los organismos públicos para sus propósitos partidarios. Este hecho refleja la catadura moral y polí­tica del oficialismo, que no tiene mira­mientos de ninguna laya en su pelea. La ciudadanía no tiene el porqué tolerar estas actitudes de los exponentes del Gobierno, porque no se ajustan a las reglas de la con­vivencia política y por el tremendo daño que pueden ocasionar al país.