Teniendo en cuenta la actividad cotidiana, puede afirmarse sin exagerar que en los últimos tiempos los hechos violentos contra la seguridad de las personas y los bienes ajenos están avanzando sin encontrar vallas que los detengan. En algunos sitios de las fronteras los asesinatos de ciudadanos comunes son cosas casi cotidianas y no llaman ya la atención. Solo son noticia cuando afectan a personas públicas. Los actos de violencia material con fines de robo o propósitos criminales se están produciendo con mucha frecuencia en sitios considerados habitualmente peligrosos y últimamente hasta en zonas hasta hace poco tradicionalmente tranquilas.
Debido a ello la inseguridad pública no es exclusiva de las zonas fronterizas, como anteriormente ocurría, pues hoy día se ha extendido como una terrible peste. Constituye en estos momentos uno de los asuntos pendientes de solución más graves que el Gobierno no ha abordado con la suficiente energía. Es una amenaza cada vez más grave que pone en zozobra a la ciudadanía.
El reciente asesinato de un periodista radial que estaba amenazado por la mafia en Pedro Juan Caballero, el local de un banco que fue volado con explosivos en Pirapó, Itapúa, y la violencia callejera que se ceba hasta en niños de corta edad son solo algunas muestras del rápido avance de la violencia criminal. Y al mismo tiempo es un ejemplo de la escasa efectividad de las fuerzas de seguridad para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. No hay duda de que los delincuentes están cada vez más violentos, pero también es verdad que las fuerzas policiales no les hacen frente con eficiencia y, debido a ello, el Estado demuestra su lamentable incapacidad.
Ante esta situación, cada vez más apremiante, el Gobierno no tiene por qué ponerse a dar explicaciones. El país no necesita más palabras, sino hechos concretos que representen la garantía de un tranquilo bienestar. La gente quiere estar en paz en medio de sus vivencias cotidianas, persiguiendo sus objetivos de progreso y disfrutando de los lazos de la vida familiar y social.
Lo lamentable es que, dando vía libre a los delincuentes, las fuerzas de seguridad ya no ejercen el control público de los más diversos puntos geográficos. En las rutas importantes ni en los caminos secundarios no existe la vigilancia necesaria, como sería recomendable hacer para brindar seguridad.
En las ciudades y zonas urbanas no se observa la presencia suficiente de patrulleras policiales en los sitios y momentos que más se requieren. Solo raramente, y como excepción, se divisan a veces algunas unidades de vigilancia.
Urge que las fuerzas de seguridad vuelvan a realizar controles estrictos en la frontera y también dentro del territorio del país, en las rutas y localidades del interior, en la capital y zonas aledañas, para que los delincuentes no se sientan libres de hacer lo que les parece. Esto tendría que formar parte de las tareas de prevención, mediante una presencia constante de las unidades policiales en los sitios públicos.
Las autoridades vinculadas a la seguridad del país deben trabajar con las entidades privadas para establecer la cooperación necesaria. Lo que debe abarcar tanto la inteligencia para prevenir eventuales hechos ilícitos como los requerimientos materiales, como más insumos para sus patrulleras y otros elementos necesarios que la Policía no dispone suficientemente por el bajo presupuesto estatal.
Es necesario e imprescindible que las autoridades nacionales encaren el grave problema de la inseguridad con decisión y tomen las medidas que se requieren con rapidez. El Paraguay no puede estar a merced de los violentos que con su comportamiento altamente peligroso pone en vilo no solo la seguridad, sino la vida de las personas. El crimen organizado tiene tanta fuerza que ya no se le puede hacer frente con la debilidad y la falta de convicción que demuestran el Gobierno y sus fuerzas de seguridad.
Llegó la hora de hacer frente al enemigo común del país como si fuera una guerra internacional, uniendo todas las fuerzas posibles en pos de ese bien comunitario que es la seguridad. Para lo cual es necesario tener planes y medios suficientes y que el Ejecutivo y las fuerzas públicas cambien de actitud y actúen con la seriedad y eficiencia que merece el tema.