El impresionante aumento de denuncias y casos de violencia contra niños y niñas que se dio en los últimos meses requiere, evidentemente, de políticas públicas más estratégicas de prevención que de reac­ción. Los reportes de casos de violencia con­tra menores, niños y niñas, mediatizados en el último mes por los organismos pertinentes, son alarmantes. El Servicio 147 Fono Ayuda del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) presentó su informe de registro de llamadas sobre vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes del mes de agosto, registrando en total 1.116 llamadas, de las cuales 92 fueron sobre posibles hechos de abuso sexual y 10 sobre explotación sexual, refieren las notas periodísticas.

La cantidad señalada duplica a las estadís­ticas difundidas por el Minna en los tres primeros meses del 2022. Este período se había iniciado con 622 denuncias por violen­cia infantil, en su mayoría abuso infantil en enero, febrero y marzo, cifra que se duplicó en agosto último, según los informes oficiales.

Las denuncias por violencia infantil se dispa­ran mes a mes. Los últimos datos refieren que de enero a julio del 2022 ingresaron al Minis­terio Público más de 2.866 hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes, de los cuales 2.031 son denuncias por abuso sexual infantil y 835 por maltrato bajo tutela. Los más denunciados son el abuso sexual infantil, el maltrato y las investigaciones sobre por­nografía infantil, vienen alertando desde el Ministerio Público.

Detalladamente, sobre esta silenciosa epi­demia del ilícito, las investigaciones revelan que en el departamento Central se registra la mayor cantidad de denuncias, contando hasta julio con 824, seguidamente 216 en Asunción, Alto Paraná con 201, Itapúa con 153 ingresos de denuncia y Caaguazú con 121 denuncias. Estos son los departamentos con más casos registrados. Desde el Minna se embarcaron en una campaña con la que buscan concien­tizar sobre la responsabilidad de la sociedad en denunciar cualquier sospecha. El lema es “El abusador destruye vidas”. La estrategia es visibilizar al abusador, sacar a la luz todo lo que guarde relación con el abuso infantil.

La loable iniciativa ha generado confianza y se ganó el compromiso de muchas personas que se animaron a denunciar estos ilícitos, y gracias a ello se han atacado varios casos de abusos a menores. Sin embargo, nos seguimos estancando en una etapa posterior al daño perpetrado, los protocolos de prevención no son muy conocidos.

Es sabido que la mayor cantidad de casos de abusos y violencia infantil proviene del entorno familiar. Es ahí donde debemos apuntar, implementar mayor contención a los problemas estructurales y de educación a tan­tas familias vulneradas en educación, salud y otros derechos. Mientras que el Estado no realice trabajos de hormiga que se enfoquen directamente en la educación y en los proble­mas de violencia en la familia, seguiremos llamando al Fono Ayuda para denunciar abu­sos y maltratos a los más frágiles de nuestra sociedad.

Eduquemos a nuestros niños y niñas en sus derechos, en la protección de su cuerpo, de su mente, de su vida. No es justo que sigan siendo víctimas de una población adulta enferma en sus principios y que ha perdido respeto por la vida. Los centros educativos, de salud y cuantos lugares públicos existentes deben ser sitios donde se promueva el dere­cho de los menores, así como los alcances que pueda tener la violencia física y psicológica, de manera que los niños y niñas adquieran cono­cimiento sobre los riesgos que puedan afron­tar en sus diferentes momentos.

Por supuesto que, además de las campañas de concienciación, de conocimiento de ries­gos y protocolos de prevención, es importante caer con todo el peso de la ley sobre quienes atentan contra nuestros niños y niñas. El Ministerio Público debe ser implacable con­tra los abusadores y extremar todas las medi­das legales para que estos paguen sus delitos, no debe haber contemplación contra estos monstruos que destruyen vidas.

El Estado debe ocuparse con más fuerza de este flagelo. Llegar con mensajes sencillos, generar mayor conocimiento sobre las for­mas de violencia, empoderar a nuestros niños y niñas para que no sientan temor ante indi­cios de abusos ni otros riesgos, son parte de los desafíos que tenemos que asumir contra este mal.

No podemos seguir lamentando estadísti­cas ni solo deprimirnos con las denuncias de abusos que vemos por redes o la televisión. Debemos urgir estrategias que apunten a la prevención mediante el saber, la información que podamos proporcionar sobre esta epide­mia de abuso infantil es la mejor herramienta para brindar confianza y seguridad a nues­tra población más débil, que son los niños y niñas.