La Contraloría General de la Repú­blica (CGR) presentó al Congreso Nacional el informe y dictamen sobre los manejos monetarios del Poder Ejecutivo en el ejercicio fiscal anterior. El documento revela que las irregularidades en el uso de la plata pública de los organismos analizados alcanzan al 90% de las institu­ciones, y que por ello están aplazadas en la utilización y administración de las finanzas del Estado. Por fallas de control interno o por hechos punibles, el monto en cuestión supe­raría el equivalente a 820 millones de dólares.

Según la gravedad de los casos, el informe tendría que dar lugar a la actuación de la Jus­ticia para investigar y castigar a las entidades y personas que han cometido delitos, apro­vechándose de los fondos manejados por el Gobierno.

Entre los asuntos sobre los que llamaron la atención los funcionarios de la Contralo­ría que informaron a la prensa está que en el 2020, el Ministerio de Salud Pública solo uti­lizó el 18,37% de los fondos que tenía presu­puestados para adquirir medicamentos e ins­trumentos químicos y medicinales para las personas aquejadas por diversas dolencias. El Instituto del Cáncer es uno de los que menos compró medicinas para los pacientes que recurren a esa institución para hacer frente a sus dolencias, según los datos revelados por el organismo público.

Explicaron que, en el 2020, el Ministerio de Salud tenía presupuestados 73.186 millo­nes de guaraníes para comprar remedios, productos químicos y afines. Pero ese año solo pudo ejecutar adquisiciones por 13.446 millones de guaraníes, cifra que representa apenas un 18,37%. Lo que quiere decir que los 60.446,6 millones de guaraníes restan­tes que podía disponer no se ejecutaron como correspondía, o tal vez pudieron haber sido utilizados para otros fines. Pero lo realmente lamentable es que esa suma de dinero dispo­nible para solucionar el problema de salud de mucha gente con cáncer no recibió el uso que correspondía.

El vocero de la entidad fiscalizadora señaló que en el caso comentado hubo inacción por­que se dejaron desprotegidos a los pacientes afectados por esta enfermedad para que pue­dan acceder al tratamiento oportuno y una atención integral.

Con relación a los numerosos casos investi­gados en varias instituciones estatales por inconsistencias de sus contabilidades, des­tacó que el monto comprometido es de 7 billo­nes de guaraníes. Cifra que da una pauta del gran nivel de manejos dudosos que existe en la administración pública, en que se estima que habrá casos dignos de persecución y cas­tigo penal, así como otros de menor impor­tancia relativa.

Algunas de las instituciones públicas en que se detectaron irregularidades son el Minis­terio del Interior, una de las secretarías de mayor importancia política, y la Defensoría del Pueblo, ya que los auditores encontraron que los balances no coincidían, lo que puede ser un indicio de algún posible fraude.

Son numerosos los organismos estatales cuyos manejos contables están siendo objeto de investigación, según la Contraloría. La lista abarca ministerios como el de Educa­ción y secretarías, como Senatur, Senacsa, además de instituciones de gran nivel, como la Ande, IPS, Essap, Indert, entre las más conocidas.

La Contraloría está cumpliendo su función cuando audita, examina e investiga la actua­ción de los organismos del Estado, muchos de los cuales tienen un lamentable manejo, no solo en la utilización del dinero en adqui­siciones, sino en la contratación de funcio­narios que no necesitan debido a las presio­nes partidarias. A raíz de esas erogaciones sin mayores límites en muchas institucio­nes públicas, más de 75% de los fondos que se recaudan con los impuestos se destina para salarios y gastos corrientes, que no reportan mayor utilidad al país. Y esa es la parte más visible y pesada de la carga pública que hay que sostener.

Los datos provistos por la Contraloría no son solo cifras que pueden demostrar cuán poderosa maquinaria tiene el aparato esta­tal. Sobre todo, deben servir para comenzar a recortar la utilización de los dispendiosos fondos públicos, obligando a los organismos estatales a ser más eficientes, pero gastando cada vez menos. El Paraguay camina nece­sariamente hacia la quiebra financiera como país, si no es capaz de hacer una decidida reestructuración financiera que ponga en primer lugar a las inversiones y elimine para siempre sus insostenibles gastos inútiles.