Investigaciones realizadas por nuestro diario sobre las obras públicas han revelado que el mayor importador de asfalto para las rutas construidas por empresas privadas contratadas por el Gobierno es una empresa que pertenece al presidente de la República. La firma, que ya existía antes del 2018 con una buena venta, aumentó su facturación en más de cuatro veces durante la gestión de Mario Abdo Benítez.

Se podrá decir que al haber más construcciones no es raro que una proveedora de asfalto venda más que antes. Pero lo resaltante es que la mayor importadora de ese elemento sea justamente de propiedad presidencial, que acarrea el triple de las importaciones que la segunda compañía con más facturación en esa área. Es demasiada coincidencia y los organismos competentes en la materia tendrían que investigarla.

La firma importadora Almacenamiento y Distribución de Asfaltos SA (Aldia) es una empresa que el presidente de la República ha señalado como propia en su declaración de bienes ante la Contraloría General de la República (CGR).

De acuerdo con los registros de la Dirección Nacional de Aduanas, la firma había importado asfalto en el 2018, año de asunción presidencial de Abdo Benítez, por valor de 23.515 millones de guaraníes. Tres años después, en el 2021, sus importaciones ascendieron a 127.206 millones de guaraníes, lo que en términos porcentuales constituye un aumento del 440,95%, época que coincide con la gestión presidencial del dueño de la empresa y el fuerte incremento de las licitaciones para pavimentación asfáltica. Las anotaciones aduaneras indican que, desde el inicio de la administración gubernamental de Abdo, las importaciones realizadas por su empresa tuvieron un altísimo incremento, hasta llegar al pico mencionado en el 2021. Y es difícil creer que haya sido por simple casualidad.

Los hechos demuestran que la empresa importadora de asfalto del presidente de la República es la mayor proveedora de ese insumo a las constructoras viales del país. No le vende nada al Estado porque el Estado no construye, pero es la más importante proveedora de las entidades privadas que tienen contrato con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el organismo estatal encargado de esa tarea.

Otro tema significativo es que ese ministerio estuvo manejado durante cuatro años por Arnoldo Wiens, el precanditado presidencial recientemente impuesto por Mario Abdo para las elecciones coloradas por su movimiento interno. No hace falta ser malpensado para caer en la cuenta de que semejantes coincidencias son extraordinariamente llamativas y pueden dar lugar a la suspicacia.

El senador Enrique Riera se pronunció sobre el negocio que está haciendo el presidente de la República mediante las operaciones de su empresa importadora. “Esto es ilegal e inmoral”, resaltó al comentar el hecho, pues los beneficios que le producen los servicios de Aldia SA al mandatario son imposibles de negar.

“Esto viene a confirmar por qué se les dio prioridad a las rutas. Todo el día se jactan de que hay cerca de 4.000 km de rutas construidas. Y así es claro, hay un negocio directamente vinculado, aunque no venda directamente al Estado, porque alguna vez el Presidente dijo que el 85% restante era vendido al sector privado, pero las empresas privadas de las que él habla son vialeras, son las contratistas del Estado. Ahí está la explicación de por qué no se invierte en otras áreas y sí en asfalto”, dijo a este diario.

El hecho denunciado demostraría la cuestionable conducta del primer mandatario que, a la vez de ser el presidente de la República, es también el principal proveedor de servicios de importación de asfalto al Estado paraguayo, a través de empresas privadas que tienen contrato con el MOPC. Parecería ser un vulgar negociado encubierto para que nadie se dé cuenta del hecho.

Luego de conocerse estos acontecimientos, el Presidente está obligado no solo a dar las explicaciones de su actuación en este tema debido a su alta investidura. También debe ser objeto de investigaciones para determinar si cometió algún delito o no. Si se demuestra que es culpable, tendría que ser sancionado. Porque no es ético, ni se puede aceptar, que alguien que ostenta la máxima responsabilidad política de conducir el país se ponga a hacer negocios con el Estado.