El Gobierno debe encontrar un mecanismo de combate más eficiente contra el ingreso ilegal de productos, mercaderías y otros al país. El gran anuncio del Centro de Monitoreo de la Unidad Interinstitucional de Combate al Contrabando (UIC) de dotación de cámaras de seguridad que graban 24 horas el movimiento en las fronteras es una estrategia vilmente burlada por los contrabandistas que meten todo tipo de mercancías a nuestro mercado. Los gremios industriales, los empresarios de diversos rubros, los trabajadores frutihortícolas siguen siendo boicoteados y sus productos desplazados por los ilegales que copan el mercado interno por ello, viven reclamando mayor control por parte del Estado.
El Gobierno sigue aplazado en el combate al contrabando, y más deprimente aún que los responsables de estas reparticiones politicen la tarea ocupándose de lo que sale del país, del impacto en países vecinos que de los efectos de este flagelo que golpea la economía con altos índices de desempleo. La pregunta es cómo siguen ingresando productos de manera ilegal cuando señalan que cuentan con circuito cerrado que captan imágenes las 24 horas. Evidentemente, hay omisiones que continúan liberando zonas para el ingreso en negro.
Miles y miles de litros de combustible vienen siendo decomisados en los últimos meses, lo que muestra que ya no es precisamente contrabando de hormiga la entrada ilegal del carburante. Cerca de 20 mil litros de combustible fueron decomisados en este mes de puestos de venta clandestinos de las zonas de Remanso, Chaco’i, Limpio. Es sabido cuáles son los puntos de comercialización ilegal del carburante y generalmente las confiscaciones ya llegan en la última etapa del negocio, es decir, cuando ya se vendió casi todo.
Tras los últimos decomisos, el fiscal de la causa incluso confirmó que existen grandes depósitos de almacenamiento de combustible de contrabando, lo que devela a su vez que el esquema del ingreso ilegal goza de buena salud, se extiende mediante puestos de venta a los costados de rutas, evidentemente gracias a la vista gorda de los responsables del control. “Estamos hablando de uno de los principales distribuidores que se dedican a este tipo de comercialización del combustible. Lastimosamente, esta es una de las principales actividades ya instaladas en la zona y los pobladores encuentran una forma de generar dinero con este hecho ilegal porque constituye una manera rápida y fácil para tener ingresos”, comentó en estos días a nuestro medio un fiscal interviniente de importante decomiso en zona de Chaco’i.
No se puede dejar de subrayar que la venta ilegal de combustible ocurre incluso en las narices de los fiscalizadores. En Vista Alegre, zona Remanso, los bidones, las carpas de venta, con grandes carteles de precios de oferta están al frente del puesto de control del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), donde también se cuenta con personal policial y una feroz sede militar. Hace días, de vuelta los industriales manifestaban, tras una reunión con el ministro anticontrabando, Emilio Fúster, en la que estuvieron autoridades de la Armada y otros, que continúan los golpes a la industria a causa del comercio ilegal. Mismo reclamo viene acentuándose desde el rubro de producción frutihortícola, que en un momento amenazaron con marchas y otras manifestaciones.
Desde el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) también pidieron en estos días mayor atención desde el Gobierno al ingreso ilegal de productos industrializados e importados, ya que también genera problemas a toda la cadena de comercialización. Existen segmentos con pronunciada caída que están fuertemente afectados por el contrabando. “El contrabando está cada vez más fuerte y la verdad que vemos que las acciones del Gobierno no se han incrementado, como sí se ha incrementado la cantidad de gente que se dedica al contrabando”, mencionaron desde el gremio. Insistieron que, si bien Aduanas reporta mayor recaudación, esto no es precisamente por el éxito en el combate al flagelo, sino al cobro de impuestos de importación como flete y seguro, donde los precios se triplicaron en algunos casos.
Evidentemente las debilidades en el control de los insumos y productos que ingresan a nuestro mercado no se pudieron fortalecer en los últimos meses, pese a los reclamos. Esta densa situación se arrastra más intensamente desde el año pasado, principalmente desde fines del 2021 cuando los industriales tuvieron que salir con su propia campaña de concienciación ante la ausencia de mejores estrategias por parte del Gobierno. El presidente de la República debe exigir mejores resultados a la Dirección Nacional de Aduanas y la Unidad Anticontrabando, así como a todas las instituciones involucradas en el esquema de fiscalización. Este es un momento crucial para dar señales a favor de nuestra industria y nuestra economía, que requiere más que nunca desarrollarse en condiciones de la legalidad para administrar la crisis reinante.