En los últimos tres años el país ha sufrido situaciones adver­sas que lo han situado en un nivel inferior al que había llegado con años continuados de creci­miento. La declinación de varios secto­res de la actividad económica propició la disminución de las posibilidades de trabajo por el golpe que recibieron las empresas, lo que aumentó el desem­pleo, en tanto que las alternativas de trabajo por cuenta propia también sin­tieron el manotazo de la crisis. Como consecuencia de este fenómeno tam­bién se incrementó la pobreza, creando mayor cantidad de ciudadanos con problemas económicos y sociales.

Hasta ahora el Gobierno no consiguió superar la situación ofreciendo posi­bilidades de mejoramiento y se hundió también en el problema por su escasa visión y su pobre iniciativa. No invir­tió como debería en los sectores más delicados de la población ni tomó las medidas necesarias para ayudarlos de manera significativa. Uno de ellos es el área más delicada de la sociedad por su alta vulnerabilidad, el grupo com­puesto por niños y adolescentes, que constituye una cantidad importante de la población nacional. Y que, por su trascendencia social, debe ser aten­dido con predilección.

Los datos existentes revelan que es un sector que requiere una atención privilegiada y urgente, ya que lo con­forman los niños y adolescentes de 0 a 17 años, que son más de un tercio de la población paraguaya y necesitan del cuidado y la atención privilegiada del Estado y la sociedad. Este grupo de personas llega a 2.472.346 indivi­duos, lo que frente a los 7,3 millones de habitantes que se estima tiene el país representa el 33,86%, algo más de una tercera parte del total.

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Lo más llamativo de esta cantidad de pobladores es que el 37,9% de este grupo vive en medio de las carencias de la pobreza, y son 935.775 personas, en tanto que el 6,3% (154.670 indivi­duos) está en la extrema pobreza, con todo lo que ello implica en falta de ali­mentos, medios de vida y elementos para la salud y la educación.

Debido a esta situación de carencias solo el 22,5%, o sea 556.278 menores, cuenta con seguro médico, la mayoría de ellos del área urbana. A raíz de esto, solo uno de cada 10 niños y adoles­centes del área rural tiene seguro de salud, frente a tres de cada 10 menores de las zonas urbanas, lo que demuestra la gran desigualdad existente. Aun así, hasta los chicos de las ciudades y pue­blos tienen un escaso porcentaje de cobertura sanitaria asegurada.

En el campo de la educación también hay datos que llaman la atención y merecen la atención de las autorida­des. Del total de menores que asis­ten a instituciones de educación, solo el 83,9% de los adolescentes de 15 a 17 años concurre a clases, por lo que el nivel de deserción escolar en este grupo es del 13,4%, según las esta­dísticas oficiales. La caída de más del diez por ciento de la asistencia esco­lar entre los adolescentes se debe a varias causas, y entre las principales se encuentra la situación de pobreza de muchos de ellos, que obliga a gran cantidad de menores de esa franja eta­ria a salir de la escuela para trabajar y aportar a la familia.

La escolaridad de los chicos de entre 5 a 9 años es del 95,6%, mientras que entre los que cuentan entre 10 a 14 años es del 97,3%, el nivel porcentual más elevado de los tres grupos estu­diados, ya que el de los adolescentes es del 83,9%, como se ha señalado. El porcentaje de escolaridad de los meno­res de 0 a 17 años es del 93,5%, cifra que varía según la franja etaria como se ve.

Estas cifras que provienen del orga­nismo oficial de estadísticas represen­tan la verdadera cara del país. Consti­tuyen una muestra muy lastimosa de la realidad que hay que revertir. Una parte muy delicada de la vida nacional que necesita un remedio oportuno. El Gobierno no puede desconocer estos números y debe actuar. Porque es su obligación. Y sobre todo porque es parte del compromiso que han asu­mido como autoridades cuando llega­ron al poder e hicieron promesas de trabajar por el país.

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