En vista de los grandes montos que debe el Estado paraguayo a sus acreedores, especialmente por las obras públicas, el Gobierno no ha visto mejor salida que seguir endeudándose con nuevos préstamos públicos para hacer frente a la situación.

Debido a ello esta es la administración gubernamental que más ha endeudado al país, que lo tiene empeñado a sus acreedores, y que a pesar de los nuevos préstamos no ha podido mover la maquinaria económica para sacarlo de la difícil situación en que se encuentra. Es un problema serio de administración financiera que está dejando al país cada vez más apretado por sus compromisos y que demuestra la poca habilidad de los administradores.

Cuando asumió el mando la administración de Mario Abdo Benítez en agosto del 2018, la deuda pública total era de 7.808 millones de dólares, cifra que ascendió a 14.374 millones de dólares al término de mayo último, lo que constituye un incremento del 84,0%. En menos de cuatro años contrató deudas por valor de 6.566 millones de dólares, casi tan elevado como la totalidad del endeudamiento público existente en el 2015, que llegaba a 6.740 millones de dólares. El dinero prestado por este gobierno constituye también la peor carga financiera que se ha impuesto a los paraguayos hasta la actualidad, otro doloroso récord de la administración actual.

La deuda de este gobierno no solo ha aumentado con lo que le prestan dinero para sus gastos. También ha tenido un fuerte incremento del compromiso impago con las empresas constructoras y otras entidades del país, hecho que está creando dificultades, pues las mismas no tienen fondos para hacer frente a los requerimientos financieros, como pagos a los proveedores y a sus trabajadores.

Debido a ello crece el malestar y la incertidumbre de las empresas contratadas por el Estado para las obras públicas. En la actualidad el Gobierno les adeuda 380 millones de dólares. Por ello las empresas están reclamando el pago de sus acreencias, porque ante la situación se ven obligadas a achicarse y al despido de los trabajadores. Para la construcción de numerosas obras las empresas del ramo han contratado en los últimos años a 260.000 trabajadores. Por la situación de iliquidez que impide que se siga con el mismo nivel de trabajo, las entidades viales han despedido al menos a 37.000 personas en los últimos meses, cifra que podría incrementarse si el Estado no cumple los pagos que corresponden.

Para mostrar la falta de seriedad del Gobierno, hay que consignar que los constructores que tienen mayores problemas para cobrarle al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) son los que están edificando el puente Héroes del Chaco, que une la capital con la Región Occidental, y la Defensa Costera de Pilar, en el sur del país. La razón es muy simple, las obras no tienen financiamiento y sin ello no hay plata para los pagos. Lo que demuestra que se están mandando construir obras sin haber previsto previamente de dónde obtener el dinero para pagarlas. Desprolijidad financiera, que constituye una falta de responsabilidad del Gobierno. Por eso, en cada ejercicio fiscal el Ministerio de Hacienda tiene que buscar de dónde sacar los fondos, especialmente colocando nuevos bonos, que son más deudas para el país.

Existen numerosos trabajos en tramos viales cuyo pago se encuentra en la misma situación, porque no hay dinero para sufragarlos, y se deben contratar nuevos débitos. Por ello, como consecuencia de este desorden, crece el malestar de las constructoras que deben hacer frente a sus obligaciones. Pero también va en aumento el peligro de más despidos de trabajadores, que implica un duro problema social y una dificultad política para el Gobierno, que necesita más votantes.

Como puede observarse, las autoridades del Ejecutivo están mostrando muchas desprolijidades en su gestión. Los datos que se van revelando indican que las grandes obras de que hace gala el Gobierno tienen una cara poco agradable, que es el incremento exagerado del endeudamiento y la excesiva dependencia de fondos externos.

La situación planteada es otro asunto delicado que debe encarar el Ejecutivo y que no lo va a solucionar haciendo proselitismo partidario. Solo podrá lograrlo trabajando en los intereses del país, concentrándose en sus obligaciones legales.