En los últimos días el país ha asistido sorprendido a un curioso espectáculo digno de un circo que están ofreciendo ciertos grupos de diputados de la nación. En sucesivas sesiones, el grupo oficialista del Partido Colorado, acompañado por algunos partidos de la oposición, están tratando por todos los medios lograr la decisión legislativa para entablar un jui­cio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez. Pero como los votos a favor de sus pretensiones no se podían obtener suspendían las sesiones con un cuarto intermedio para analizar el tema el día siguiente a la espera de los votos que requieren. Debido a ello el intento de jui­cio político contra la fiscal Quiñónez se está consagrando como el más largo que se recuerde en los tiempos recientes.

El extraordinario apuro y las enormes ganas de castigar a la fiscal hicieron que se rompieran todos los esquemas habituales y los protocolos de rigor. Tan importante es la decisión para los partidarios del gobierno de Mario Abdo Benítez, que hicieron que la Cámara de Diputados sesionara el domingo último, un día del tradicional feriado sema­nal que está consagrado en el calendario como no laborable. ¿Cuándo ha ocurrido algo similar con la clase política que tuvo que trabajar rompiendo el asueto semanal? Es que en sus ansias de destrucción de la funcionaria cuestionada no podían esperar otro día. Aunque después sí lo tuvieron que hacer en las jornadas siguientes al no con­seguir los suficientes votos en las primeras sesiones. Por eso la Cámara de Diputados tuvo que sesionar además el lunes y el mar­tes, con la misma cantinela y el desagrada­ble espectáculo de desorganización.

Más allá del tema de fondo, los legisladores oficialistas dieron muestra de una conducta desdorosa, digna de un circo de payasos, encantadores de serpientes y domadores de animales salvajes. Con la diferencia de que no arrancaron las carcajadas de los espec­tadores ni los aplausos de los curiosos.

Los que asistieron a las sesiones tuvieron que escuchar expresiones soeces, torpes lugares comunes, argumentaciones infan­tiles, agravios personales y escaso conte­nido argumental jurídico de parte de los gubernistas, que no ocultaban su frustra­ción ante los posibles votos desfavorables. Y como es otro intento más en el afán de enjuiciar a la misma persona, los oradores del oficialismo buscaron toda clase de argu­mentos. Hasta la acusaron por la supuesta inacción ante la muerte del joven Rodrigo Quintana en el local del PLRA, hecho que se produjo durante la gestión de otra persona, el anterior jefe del Ministerio Público.

Por las circunstancias actuales que atra­viesa el país, el intento de juicio político no busca la verdad ni la vigencia de la justicia, como tendría que ser. Porque tiene claras intenciones electorales en la lucha interna del Gobierno contra los sectores colorados que se le oponen y están embarcados en las filas de Honor Colorado.

Es una especie de pelea de box en que en cada vuelta los oficialistas buscan asestar todos los golpes que pueden a su oponente. Y en esta ocasión cuentan con la colabora­ción de algunos elementos de los partidos opositores que quieren embestir contra lo que está a su paso, sin percatarse de que están colaborando con el gobierno colo­rado más desastroso que se recuerde en el empeño de destruir las instituciones.

Mientras la Cámara Baja continúe ocu­pándose de los asuntos que interesan al oficialismo en las internas coloradas exis­ten numerosos otros temas de importancia pública que se están dejando de lado. Los legisladores no deben olvidar que, aunque estén obnubilados en estos momentos por el juicio político a la titular del Ministerio Público, el país tiene muchas necesidades que deberían ser tratadas con preferencia.

Deben recordar que la ciudadanía aporta sus impuestos, que después se convierten en los salarios de los diputados, con el pro­pósito de que se ocupen de los asuntos de mayor relevancia y no para protagonizar pugilatos verbales que no conducen a nada.

Los diputados deben tener presentes sus obligaciones legales, como es velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes, entre las que está el respeto a las instituciones jurídicas, que en esta ocasión están olvidando. Las peleas partidarias son fenómenos circunstanciales que no debe­rían poner en peligro los asuntos de impor­tancia fundamental.