La carrera electoralista de las internas coloradas está llegando a puntos muy llamativos en que algunos exponentes del oficia­lismo dan muestras de su odio exacerbado hacia sus oponentes. Es algo que nada tiene que ver con una justa entre ciudada­nos del mismo partido, en que deberían dirimirse propuestas y puntos de vista para llevar adelante sus banderas y no demostraciones de desprecio y enemistad.

Aparte de ser un hecho muy lamentable, muestra la verdadera catadura sicológica y moral de algunos personeros del Gobierno. Pues han protagonizado algunos actos que los descalifican ante los ojos de la sociedad, que necesita dirigentes honestos y equili­brados. Lo que es peor para sus pretensio­nes electorales, las muestras como perso­nas envenenadas por el rencor, sin mayor sentimiento patriótico y ético en quienes difícilmente se pueda confiar.

Esto se ha notado especialmente en los últimos días cuando se conocieron las denuncias de posibles intentos de atenta­dos de muerte contra el ex presidente de la República Horacio Cartes, quien encabeza el movimiento colorado opositor al del Gobierno. Los organismos públicos espe­cializados dieron a conocer que concreta­mente uno de los delincuentes narcos que había sido extraditado al Brasil durante la gestión del señor Cartes estaba detrás de la preparación de un posible atentado contra el ex presidente.

El hecho, muy grave y preocupante, ha merecido una reacción descabellada, y muy peligrosa por su gravedad, de parte del presidente de la República. Ante la denuncia del posible atentado, dijo que solo se trataba de “una pelea entre mafio­sos”. No faltó mucho para que se pusiera a aplaudirlo, ignorando la extrema grave­dad del asunto y demostrando su resenti­miento. Los documentos que se conocie­ron hablan, sin embargo, de que se trataría de un intento de venganza de un conocido capo de la droga contra el ex mandatario.

Según un escrito de la Senad, existe un grupo criminal integrado en el Brasil que intentaría venir a Paraguay para aten­tar contra la vida del ex presidente. En el documento se expresa que el motivo de los malhechores sería el hecho de que el gobierno del señor Cartes hizo posible la extradición del criminal brasileño que vivía en nuestro país, Jarvis Chimenes Pavão. Y, por consiguiente, un acto de ven­ganza por su extradición, lejos de la ocu­rrencia expresada por el actual Presidente.

El ex ministro de Industria y colaborador del ex mandatario, Gustavo Leite, hizo la siguiente precisión: “Lo rastrero es que una vez más, Mario Abdo Benítez tergi­versa la verdad dejándose llevar por el odio político, porque en el mismo documento de la Senad se lee claramente que la razón del potencial atentado es el hecho de que el gobierno de Cartes provocó la extradición del criminal Jarvis Chimenes Pavão”.

La salida del Presidente ante la amenaza de muerte contra un ciudadano paraguayo, correligionario suyo, y ex mandatario del país, es totalmente inaceptable desde cual­quier punto de vista. No se puede admi­tir que el primer mandatario de la nación, responsable de la seguridad y la vida de todos los habitantes de este país, no le dé la importancia que tiene a una amenaza de tamaña gravedad. Por lo que su actitud es totalmente reprochable y merece una con­dena política y moral de parte de la ciuda­danía. Si tuviera un poco de sensatez, ten­dría que pedir disculpas públicas y aclarar que no está a favor de la violencia, aunque sea contra sus enemigos políticos, como parece dar a entender con sus expresiones.

La vida humana es el más importante valor que tiene una sociedad y no se puede tolerar ningún tipo de amenaza ni posibi­lidad de violentarla. Menos en el Paraguay, donde la Constitución Nacional garan­tiza su protección y establece que “toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y reputación”.

El señor presidente de la República haría bien en leer el Artículo 4° de la Carta Magna que habla del derecho a la vida. Es su obliga­ción como ciudadano y mandatario conocer esa disposición fundamental. Debe medi­tar en su contenido de alto valor filosófico y jurídico. Y ponerse a proteger la vida y seguridad de las personas, no solo con las palabras sino también con los hechos. Por­que es su obligación constitucional.