Empresarios de supermercados y negocios de ventas de merca­derías se quejaron ante los par­lamentarios por la fuerza del comercio ilegal de productos que les gol­pea fuertemente y pone en riesgo al sector. Fue en la reunión mantenida el martes con la Comisión Bicameral de Investiga­ción (CBI) en que lamentaron la inutilidad del Gobierno para frenar el contrabando por cuya razón casi la mitad de la eco­nomía paraguaya está en negro. Dijeron que los negocios ilegales mueven mucho dinero por lo que pidieron que incluso intervenga la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) para castigar el ilícito y frenar el tráfico ilegal de merca­derías.

Dijeron que la gente que trabaja en medio de la ley pierde dinero mientras que los que operan en la economía informal van incrementando sus ganancias. Insistieron en que las autoridades nacionales deben actuar con más efectividad para mejorar la situación. Uno de los empresarios enfa­tizó que la primera batalla que se debe librar es al ingresar el contrabando en la frontera para impedirlo, y que la segunda es no permitir la comercialización interna de los productos en los comercios del país.

Como muestra de la incidencia de la eco­nomía informal, los empresarios seña­laron que, durante la pandemia, cuando se estableció el cierre de fronteras y no se podían ingresar productos foráneos, los supermercados y comercios legales tuvie­ron el doble de ventas. “Se cerraron las fronteras, al inicio de la pandemia. El con­trabando fue cancelado, y ese tiempo de operación permitió demostrar que es del mismo tamaño que las operaciones for­males”, señaló uno de los importadores para graficar la situación.

El empresario recordó un estudio sobre el tema realizado por la fundación Pro Desa­rrollo, que demuestra que el contrabando, en los últimos cinco años, fue incremen­tándose del 42% al 47% en el 2021. “Prácti­camente, el 50% de la economía se mueve de manera informal o negra”, remarcó.

Dijo que, si la mitad de la economía para­guaya se mueve en negro, de cada dos productos que se venden, uno se factura legalmente y el otro no. Puso como ejem­plo del castigo que recibe la producción nacional el caso del azúcar. Explicó que, en los supermercados, la venta de azúcar a granel cayó en 85% desde el 2015 al 2021 debido al ingreso ilegal del producto desde otros países. “El azúcar de producción nacional perdió 85%, versus el azúcar que se trae de manera ilegal”, insistió.

El propio Banco Central del Paraguay (BCP) corrobora con sus estudios la situación apuntada por los supermer­cadistas e importadores a los legislado­res de la CBI. Los datos oficiales seña­lan que, en los primeros cinco meses de este año, la comercialización de merca­derías ha tenido una caída del 8,1% en los supermercados y afines. El último mes de este año en que las ventas del sector no cayeron fue en febrero, y luego en los tres meses siguientes el descenso de la comercialización llegó incluso a dos dígi­tos. Estas cifras revelan la importancia del golpe que han recibido los comercios legales, que requieren una protección más efectiva para que no se resienta más todavía el panorama de los que operan en la legalidad y ofrecen fuentes de trabajo con cobertura total.

El lobby que han hecho los empresarios de los supermercados y los importado­res con la comisión legislativa que inves­tiga ilícitos es para solicitar de otro de los poderes del Estado ayuda para superar la emergencia. Sobre todo, porque el Poder Ejecutivo, que tiene las atribuciones lega­les y los instrumentos para actuar contra el ilícito, como la fuerza pública, sigue en falta, ya que no opera con la eficiencia que se requiere. Por eso incluso sugirieron que la lucha con el contrabando vaya más allá del control de las mercaderías y se efectúe también un trabajo de represión contra el lavado de dinero y la utilización de recur­sos en la economía informal mediante la intervención de la Seprelad.

Esta es una tarea para el Gobierno, cuyo trabajo no satisface a los que operan los comercios legales del país. Debe dejar sus distracciones de la política en las internas partidarias para dedicarse a administrar con eficiencia el país. Solo así podrá frenar el contrabando e impedir el crecimiento de la economía subterránea.