A menos de 24 horas de que el pre­sidente de la República, Mario Abdo Benítez, se ufanara de no humillar a la Función Pública, en el Instituto de Previsión Social (IPS) estalló despidos en serie en diferentes localidades del país, se denunciaron aprietes a funcio­narios administrativos como al personal de blanco y trascendieron audios que sugieren abominables transadas de cargos a cambio de votos a favor de candidatos del oficialismo. Si estas persecuciones, despidos y denigrantes bajadas de líneas prebendarias no implican una humillación a empleados del sector público, evi­dentemente el Presidente desconoce o se desen­tiende del real significado de la palabra como de la dignidad de trabajar libremente, tal como en la teoría garantiza el estado de derecho.

La persecución política que se gestó en distin­tas filiales del IPS, además de una desafortu­nada humillación laboral, es un atentado contra los intereses de todos los funcionarios formales de la República que, pese a las precariedades del servicio, sostienen esta institución histórica­mente considerada como un gigantesco elefante hasta ahora imposible de levantar. Es así que esta realidad evidencia otra mentira del Presidente en su alocución sobre su gestión como jefe de Estado, ya que la humillación que dijo no haber propiciado en la Función Pública contrasta con las hostiles prácticas de prebenda en su gobierno y ahora más intensamente de apriete a los que no se alinean para el continuismo.

Desde que arribó al Gobierno Mario Abdo Bení­tez saltaron escandalosos favores con cargos públicos, modus operandi que continúa. Mues­tra de esto es que una radióloga despojó de opor­tunidades a grandes ingenieros, especialistas de obras y se ubicó como asesora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Tampoco podemos olvidarnos del asadero amigo, un bachiller que servía en las fiestas de aliados políticos ubicado como síndico en Cañas Paraguayas SA (Capasa) y varios otros para­caidistas que se aprovecharon del padrinazgo político para clavarse en puestos sensibles del Estado.

La campaña electoral volvió aún más devora­dores a los hombres del Gobierno que están creando contrataciones temporales masivas en instituciones altamente sensibles a la seguridad como el Ministerio de Justicia, en Yacyretá ni hablar, etc. En paralelo iniciaron arreos extor­sivos a quienes dependen de salarios públicos, como se da con mucha alevosía en el IPS, según las denuncias. Comenzaron la cacería de funcio­narios no alineados a favor de la campaña polí­tica del oficialismo, por orden de arriba, señalan los trascendidos que sindican como brazo ejecu­tor al presidente de la previsional Vicente Bata­glia, el mismo que llenó los bolsillos del empre­sario amigo del Vicepresidente con jugosos contratos de limpieza en su institución.

En estos últimos días descontrataron personal de farmacia en la filial de IPS en Villa Hayes, en la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, personal de blanco y administrativo denunciaron desvin­culación de la previsional por “no acompañar la candidatura de Richard Ramírez, precandidato a gobernador; Carlos Arrechea, precandidato a diputado, y Hugo Velázquez, precandidato a pre­sidente”.

En Ciudad del Este y Hernandarias la situación es aún más densa porque despojaron de médi­cos a los hospitales del IPS, cuando la escasez de profesionales es una constante en el servicio de la institución y estas represiones político parti­darias generan un perjuicio tremendo para los asegurados que claman atención médica y viven quejándose de limitados turnos para acceder a consultas. Una humillación terrible es la que la administración Bataglia inició en la previsional muy por el contrario al discurso del Presidente. Es indudablemente un desprecio a la vida de los asegurados que le quiten a profesionales de diversas especialidades, sumando así otro pro­blema a los cientos que ya se tienen en el IPS y que se traducen en carencias y malos tratos que muchas veces rayan lo inhumano, como la priva­ción de mínimas comodidades a los familiares de los pacientes e internados.

Los asegurados toleran ya demasiadas miserias y falencias en el servicio por el que abonan mes a mes, en algunos casos equivalen a aportes millo­narios por contraprestaciones que no compen­san la inversión. De ahí que más que nunca están llamados a romper ese estado pasivo y elevar alguna voz de protesta para que la política parti­daria no dañe aún más la institución.

Suficientes esquemas de ordeñe con licitaciones amañadas a favor de los amigos del poder se vie­nen tolerando como para extender el deterioro institucional al desempleo dentro de la estruc­tura del IPS, por cuestiones electorales. Ante la ausencia de los entes encargados de velar por el buen manejo de administración pública, las esperanzas de frenar mayor desmoralización de la previsional básicamente se recuestan en los aportantes, obreros y patronales; así también en algún miembro del Consejo de Administra­ción desapegado a los intereses proselitistas que pueda elevar la voz contra los politiqueros insa­ciables que quieren seguir mamando del Estado valiéndose de bajezas, como las extorsiones que llevan adelante en busca de votos.