El presidente de la República presentará hoy su informe de gestión al frente de la primera magistratura de la nación ante el Congreso para dar cumplimiento al mandato de la Constitución Nacional. En su Artículo 238, numeral 8, la Carta Magna establece esa obligación en el ini­cio del período anual de sesiones del Poder Legislativo, en que debe informar sobre la situación general del país y de los planes para el futuro. Aparte de ser una obliga­ción legal para el responsable de la con­ducción del país, es una magnífica ocasión para hacer un recuento de los principales momentos que ha vivido últimamente la nación, evaluar lo realizado, señalar los errores y buscar corregirlos.

La obligación de presentar el informe que establece la Constitución no es un pre­texto para que los gobernantes de turno hagan propaganda de sus realizaciones y canten loas a sus virtudes, como han hecho muchas veces algunos mandatarios. La ley máxima impone la exigencia de que el encargado de conducir el país reporte con sinceridad lo realizado. Qué tiene pla­neado hacer para encarar esas dificulta­des y las realizaciones que proyecta para el futuro.

Teniendo en cuenta que esa imposición tiene como propósito dar a conocer la ver­dadera cara de la realidad y no los afeites superficiales, es bueno señalar algunas aristas llamativas de esta administra­ción. Los miembros del Congreso Nacio­nal necesitan saber que el actual titu­lar del Poder Ejecutivo es el Presidente que mayor cantidad de deuda pública ha contratado. Por consiguiente, es el que más carga ha puesto en el presupuesto del Estado paraguayo para pagar débitos, lastre al que se está haciendo frente con ingresos de los impuestos y nuevos endeu­damientos.

El actual Presidente es el que más ha endeudado al país en toda su historia. Por­que ha sido el gobierno que más dinero prestó, más bonos de la deuda colocó y mayor monto de pagarés firmó para conse­guir recursos financieros. El señor Mario Abdo puede decir que su gobierno ha con­seguido tener el máximo monto de endeu­damiento del Estado paraguayo en menos de cuatro años. Un récord extraordina­rio que, lastimosamente, en vez de ser un logro, es una carga enorme que debemos enfrentar los paraguayos.

En agosto del 2018, cuando se hizo cargo del Poder Ejecutivo el señor Mario Abdo Benítez, la deuda pública del Paraguay era de 7.808 millones de dólares, cifra que creció hasta llegar a 14.374 millones de dólares en mayo de este año, lo que repre­senta un aumento del 84,0%. En tan solo tres años y nueve meses, el gobierno actual endeudó al país por 6.566 millones de dólares, cifra similar al total de lo que el Paraguay debía en el 2014. Por eso el señor Abdo puede considerarse el campeón en endeudamiento entre todos los gobiernos de la historia del país, un logro extraordi­nario por sus altas cifras, pero lamentable por su carga sobre las espaldas del contri­buyente.

Los legisladores deben saber que, como consecuencia de la situación económica, este gobierno es uno de los que mayor can­tidad de desocupados ha contabilizado, hecho al que no se le ve una pronta solu­ción si no se toman medidas enérgicas para la reactivación de la economía.

Aunque la Constitución no lo contemple, la rendición de cuentas del Presidente al Poder Legislativo también debería servir para que el mandatario, en el afán de mejo­rar las cosas, asuma los errores cometi­dos, declare sus equivocaciones y haga la solemne promesa de corregirlos para el bien de la nación. Ya sabemos que eso no es lo que suele ocurrir en estas presentacio­nes, porque muchos gobernantes no tienen la honestidad de reconocer sus falencias.

Pero cualquier funcionario que asume el compromiso de servir a la nación tiene que pensar sobre todo en la suerte del país. No solo debe asumir los errores que son pro­pios de los seres humanos, sino también corregirlos escrupulosamente.

Presentar el informe anual al Congreso es una obligación constitucional muy impor­tante del presidente de la República. Pero aparte del discurso habitual, algunas cifras económicas y las buenas intencio­nes, sería bueno que recapacite sobre algu­nas decisiones. Y que se decida a conducir las riendas del país con mayor efectividad, lejos de las actividades partidarias.