La conmoción producida por los atentados del crimen organizado contra personalidades importantes del país ha sacudido la estructura de las instituciones. La gravedad y la cantidad de los hechos criminales en los últimos tiempos están poniendo en duda la capacidad de las autoridades nacionales de hacer frente al delito y de devolver la seguridad a la ciudadanía. Más por el momento político que se vive en que los responsables del Poder Ejecutivo dejan sus obligaciones para meterse en las internas partidarias.
Se ve la necesidad de hacer un replanteamiento total de la política de seguridad, poniendo como prioridad absoluta al país más allá de las cuestiones políticas. No solo haciendo cambios de personas, sino rehaciendo la estructura de defensa de la nación paraguaya contra sus principales enemigos. Está ante un peligro de tal magnitud, que obliga a actuar eficazmente con toda rapidez.
Los ojos de la gente están en las autoridades nacionales que hasta ahora no han convencido con su actuación y que no encaran nuevas medidas para el combate contra el delito. Antes bien han decidido meterse en la pelea de las internas coloradas, usando informaciones confidenciales debidamente manipuladas para desacreditar a sus oponentes.
Un reconocido politólogo y miembro de la Fundación para la Defensa de la Democracia, de Washington DC, mostró su extrañeza por lo que se hace en Paraguay, donde la gente del Gobierno ha utilizado el resultado del trabajo de inteligencia estatal para golpear a sus adversarios políticos y no para adelantar el tema de la Justicia, la transparencia del Gobierno y de la democracia. En nuestro país, los principales responsables políticos de la situación y de la falta de resultados contundentes contra los criminales no piensan así.
El Gobierno es el que tiene la obligación y los medios para velar por la tranquilidad pública. Es el único amparo que tiene la ciudadanía, y, si no es competente, representa una amenaza más.
En un acto público durante la inauguración de la pavimentación asfáltica de un tramo caminero en el departamento de Concepción, el presidente Mario Abdo Benítez abordó el tema de la inseguridad y reconoció que la lucha será larga y que llevará mucho tiempo. Refiriéndose al asesinato del intendente de Pedro Juan Caballero, advirtió que habrá más víctimas y días de luto en la pelea contra los criminales.
Dijo textualmente: “Nuestro compromiso fue construir políticas de Estado que permitan prevenir los hechos delictivos y criminales. Nuestra lucha contra el crimen organizado es firme y decidida”. Y se ufanó: “Nosotros tenemos los números y resultados más importantes de toda la historia en términos de golpe al terrorismo”. No se trata de desmentir al mandatario ni de discutir sus afirmaciones. Pero la realidad tiene hechos incontrastables que no se pueden desconocer. Si la lucha de su gobierno contra el crimen es firme y decidida, los resultados demuestran que falta mucho todavía.
La inseguridad que vive el país no se soluciona con discursos más o menos elocuentes. Exige actuar con más fuerza e inteligencia para conseguir mejores resultados, dejando de lado cualquier otra actividad secundaria que no sea vital para el país, como la politiquería.
Lo que se impone es mejorar la política de seguridad con una reestructuración total del sistema respectivo, rompiendo violentamente el contubernio y la complicidad con el crimen de ciertos sectores de la organización actual. Hay que crear una nueva estructura de seguridad nacional con la intervención de las Fuerzas Militares juntamente con la Policía Nacional. Debe constituirse una amplia Fuerza de Tarea Conjunta, con militares y policías con un comando común para el combate total contra la delincuencia. Lo hecho hasta ahora no es suficiente y obliga a dar un paso más efectivo: usar todas las fuerzas contra el delito.
El Paraguay no puede estar a merced de los criminales, como ocurre en la actualidad. El Gobierno debe dejar el internismo, concentrarse en su misión y reaccionar con toda energía contra esa lacra que pone en peligro a la sociedad. Debe emprender una rápida y profunda transformación en su estructura, eliminando la basura que tiene e incorporando los valores que necesita para cumplir la misión que le encomienda la Constitución Nacional. Y el uso de la intriga política no ayuda para eso.