El carácter de los hombres y las fortalezas de las instituciones se determinan en las luchas cotidianas para construir y consolidar la democracia sustancial que no solo garantiza la libertad, sino también una vida plena de dignidad. Una democracia donde la educación de calidad no sea privile­gio de pocos, que los servicios de salud no estén reserva­dos a los que tienen recursos para pelear por sus vidas, con industrias y empresas que aseguren puestos labora­les con remuneraciones justas, con asistencia técnica y económica a los sectores rurales más desprotegidos, con fuerzas de seguridad saneadas de sus elementos inde­seables y, lo esencial, en un marco de seguridad jurídica incuestionable.

Estos componentes son imprescindibles para avanzar hacia una sociedad en paz, con desarrollo humano y cre­cimiento económico en imparable ascenso. Esta imagen que todo ciudadano aspira para su país contrasta fron­talmente con la realidad que nos devuelve un gobierno inepto, inescrupuloso, sin creatividad ni previsión, cuyos integrantes más visibles, desde el primero hasta el último, solo se dedicaron a medrar a costa del Estado. Algunos aumentaron sus fortunas de origen espurio (doble traición a la patria) y otros aprendieron sobre la marcha cómo conseguir con pocos ingresos una vida regada de opulencia.

A este gobierno le atemoriza el futuro. Es por ello que se aferra desesperadamente a la posibilidad de conti­nuar en el poder. Es el único camino que le queda para que la impunidad se siga enseñoreando en las institucio­nes públicas, donde las apropiaciones de los recursos del Tesoro para provecho personal son tan alevosas como impúdicas. Las publicamos a diario sin que el Presidente mueva un dedo para corregirlas y sancionar a los respon­sables. Eso lo convierte en cómplice de estos delitos. En el futuro, ese futuro que tanto pavor causa a las actuales autoridades, estos crímenes contra el pueblo no deben quedar impunes.

En los últimos años hemos presenciado en América Latina que un buen número de ex presidentes de la Repú­blica fueron juzgados por actos de corrupción. Alguna vez debemos aplicar este saludable ejemplo en nuestro país para que los gobernantes de turno no asuman el Estado como un botín de guerra después de ganar las elecciones. Que aumentaron exageradamente sus patrimonios sin que se les conozca otro oficio que el de político. Condición que permitió a determinados personajes escalar como fiscales volviéndose inmensamente ricos sin que nadie los investigue a fondo. Será de legítima competencia del próximo Poder Ejecutivo remover cada rincón de los ministerios, las secretarías y las binacionales para enviar a la Justicia los antecedentes de los latrocinios y devolver al pueblo lo que le fue robado.

Las persecuciones montadas desde el Gobierno en con­tra del líder del movimiento Honor Colorado y su grupo empresarial (del cual formamos parte), Horacio Car­tes, son tan previsibles que ya fueron anunciadas por la incontinencia de un Presidente que nunca pudo abando­nar su traje de dirigente primitivo para transformarse en estadista. Sin clase, sin formación, sin estatura intelec­tual, sin conducta y sin conciencia moral, actúa movido por el resentimiento y la nostalgia por una dictadura que enriqueció a su familia sin conocer el esfuerzo del trabajo.

Esa fortuna ensangrentada es la que heredó el manda­tario. Soberbio y desesperado porque el precandidato oficialista, el vicepresidente Hugo Velázquez, no tiene la más remota posibilidad de ganar las internas del Par­tido Colorado el próximo 18 de diciembre, ni el propio Mario Abdo de quedarse con la titularidad de la Junta de Gobierno, fraguó un informe y montó una nueva opereta con un “análisis” o “trabajo de inteligencia” de neto corte político-partidario, para la cual se prestó la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), cuyo ministro es Carlos Arregui, protegido de la sena­dora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), en concubinato con el Gobierno desde el 15 de agosto del 2018.

La versión más corta y sencilla es que Abdo Benítez ordenó a su secretario Arregui a que filtre tan “medulosa documentación” de mediocridad irredimible y de incon­sistencia crónica a dos cadenas periodísticas antagónicas a Cartes desde que asumió el poder en el 2013, esperan­zado (el jefe de Estado) en que funcionaría “el juicio de los medios” para la condena pública (sobre todo electoral) sin necesidad de llegar a los estrados de la Justicia para esclarecer las descabelladas denuncias.

Pero para que ese juicio tenga efecto, aunque sea parcial­mente, los medios deben ser creíbles. Y los que integran los grupos Zuccolillo y Vierci hace rato perdieron toda consi­deración ciudadana por su falta de ética, especialmente de muchos de sus periodistas más promocionados, por haber lucrado con notas pagas en plena crisis sanitaria provo­cada por el covid-19. Semanal o diariamente montaban shows mediáticos banalizando la pandemia y la muerte que empezaba a tocar nuestras puertas. Alguna vez tam­bién los medios y sus hombres de prensa deberán recibir la condena moral de la sociedad por sus repetidas impostu­ras y desvirtuaciones inmisericordes de la verdad.

Toda esta nueva patraña, porque no es la primera, será desmontada punto por punto. No hay que subestimar a la sociedad que sabe distinguir con claridad a los hom­bres sin carácter que prostituyeron –y siguen prostitu­yendo– a las instituciones para satisfacer sus angurrias y deleites sensuales, y aquel gobierno en el cual, según la generalizada percepción, se vivía mejor, mucho mejor. Sabe separar a quienes contribuyen con el Estado, con millones de aportes al fisco, de los que, al revés, se surten del Estado para acumular fortunas y comprar mansiones y estancias. Nuestro pueblo ha madurado. Sabe identifi­car a sus verdugos. Ya no tardará en llegar el peso de la ley para quienes han robado el presente y el futuro de nues­tros niños y jóvenes saqueando las arcas públicas. Nada es para siempre. Mucho menos el poder ocasional que otorga momentánea impunidad. Como ahora.