Con la corrupción imperante, las denuncias de despilfarro e intereses proselitistas detrás del presupuesto de Estado resulta inadmisible que las instituciones públicas sigan ninguneando a quienes piden información concerniente al manejo de los gastos y demás gestiones de importancia social.
Mal que le pese a muchos políticos y adversarios, uno de los mejores legados del anterior gobierno es la Ley de Acceso a la Información Pública, también conocida como Ley de Transparencia, y que principalmente tiene por objetivo poner a disposición de la ciudadanía todos los datos de interés público. Esta herramienta con que cuenta Paraguay es reconocida a nivel internacional y es clave en el combate a la corrupción dentro de las diferentes reparticiones del Estado.
Sin embargo, el cumplimiento pleno de la normativa sigue siendo muy resistido en varias instituciones. No solo al ciudadano común le cuesta acceder a información pública de interés colectivo, la prensa y hasta altas autoridades siguen quejándose de la ausencia de una línea firme por parte del Ejecutivo para que todas las administraciones del Estado transparenten sus gestiones.
Días pasados, el senador liberal Blas Llano lamentaba al tiempo de advertir sobre las sanciones que indefectiblemente deben aplicarse ante incumplimientos de las solicitudes de informes. Señaló que la Cámara de Senadores viene siendo burlada en sus pedidos y detalló que desde el mes de marzo del 2021 hasta la fecha se tiene un total de 38 entidades del Estado en falta, lo que se traduce en 101 pedidos de informes y reiteraciones que no fueron respondidos.
Los altos funcionarios del Estado se exponen al voto de censura y posterior recomendación de destitución al no cumplir con la obligación constitucional de responder al Legislativo los requerimientos de informes. El parlamentario manifestó que la Cámara Alta está siendo avasallada por los ministros y directores de las entidades binacionales. Si bien las atribuciones del Congreso obligan a los afectados a responder los pedidos de informes dentro del plazo que se establezca, también es bueno subrayar la exigencia de la Ley de Transparencia, vigente para todos los casos.
El legislador se había referido a algunas instituciones morosas en el cumplimiento de la provisión de informes y mencionó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que evitó responder 20 pedidos de informes, Itaipú con 18 pedidos, Yacyretá, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
“¿Cómo es posible que nuestra Cámara no se inmute o no haga nada ante estas situaciones?”, cuestionó en estos días el senador Llano.
La provisión de la información generalmente sufre estos desentendimientos en el cumplimiento por parte de las instituciones, que generan todo tipo de sospechas. Periodistas de diversos medios suelen difundir frecuentemente evasivas de provisión de datos, que suelen tener final feliz tras tomar estado público los casos.
Nuestro medio había entrado en una pelea judicial hace un tiempo cuando el director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, se negó a proveer gastos realizados en concepto de publicidad en distintos medios de comunicación. Tras perder la demanda y luego de varias chicanas, procedió a facilitar los datos.
Hace poco, un pedido realizado al Instituto de Previsión Social (IPS) por la sección de investigación de nuestro medio también fue rechazado. Se había requerido informes sobre empleados vinculados al servicio de limpieza tercerizado que, tras una serie de denuncias periodísticas, finalmente fueron liberados por el presidente de esta institución y remitieron los datos. Es increíble cómo las cosas cambian cuando toman estado público. La opinión pública sigue siendo el juez más temido por aquellos que todavía quieren seguir evadiendo el control.
Evidentemente la Ley de Transparencia es un elemento letal para los oscuros manejos administrativos, por ello es importante insistir en el pleno respeto del cumplimiento de esta normativa. Es sabido que las máximas autoridades demandadas por no proveer información pública pagan una multa simbólica, pero esto no es suficiente considerando el interés colectivo detrás de un dato que se niega revelar.
Deben haber sanciones más dolorosas para quienes boicoteen el acceso a la información pública, ya que al parecer la transparencia no es mucha preocupación por la mayoría de las instituciones administradas por este gobierno.
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“Estamos buscando resolver un problema que es inaceptable: el hambre en el Paraguay”
En esta edición del programa “Expresso”, transmitido por GEN/Nación Media, Augusto dos Santos recibe al presidente de la República, Santiago Peña, para hablar del proyecto “Hambre cero en las escuelas” que, además de garantizar la alimentación escolar en las instituciones educativas, promete tener una incidencia transformadora profunda en materia de salud y desarrollo del país.
- Fotos Emilio Bazán
–ADS: Presidente, ¿cuándo fue la primera vez que se encontró con esa cifra funesta de que solo el 5 % de nuestros niños, de los 1.300.000 niños escolarizados, accede al almuerzo escolar?
–SP: No fue algo que me sorprendió en el sentido de que yo no puedo decir que llegué el 15 de agosto y empecé a aprender de la situación. A lo largo de los últimos 10 años he estado expuesto a diferentes áreas del funcionamiento del Estado, del nivel del desarrollo de Paraguay y tomé la decisión muchos años atrás de involucrarme en materia de educación pública. La historia del desarrollo de las naciones ha demostrado que aquellos países que apostaron a la educación son los que hoy tienen niveles de desarrollo económico, una medida mucho más amplia que simplemente la riqueza económica. En los últimos meses sí hemos estado expuestos a evidencia, el informe de la Contraloría reveló mucha información y empezamos a adentrarnos en nuevas estadísticas sobre pobreza. Y en el caso de los países que han sido afectados por la pobreza, población en general, y nos encontramos con datos que realmente demostraban una tragedia en el Paraguay, como por ejemplo la bajísima cobertura, solamente del 5 % a nivel nacional, para niños en el sistema escolar y con casos extremos como Caazapá, Canindeyú o San Pedro, que son los departamentos con mayor nivel de pobreza y menor cobertura. O sea, realmente por donde se lo mire es una tragedia y no se puede condenar a un subdesarrollo al Paraguay.
–¿De dónde crees que deviene esta especie de indiferencia de vastos sectores, algunos muy altisonantes como sistemas de medios de comunicación, al respecto de las dificultades que tienen para hilvanar el proyecto con el futuro de Paraguay?
–Yo siempre digo que un país crece o se desarrolla cuando la sociedad en su conjunto aspira a bienes públicos que son comunes, que son similares: la salud pública, la educación, la seguridad, que son los tres principales bienes públicos a los que tiene que aspirar una sociedad y que el Estado tiene que promover. Pero eso choca muchas veces contra una mirada más egoísta. Cada uno mira su propio interés y no el interés de la sociedad. Entonces esto te puede llevar a frustrarte o a entender el proceso de desarrollo. Y yo estoy convencido de que Paraguay en estos 35 años, desde el 89, ha generado grandes avances, pero estos avances son insuficientes para lo que el Paraguay y los paraguayos podemos hacer.
POLÍTICA PÚBLICA
–Probablemente tiene que ver también con esa especie de confrontación cultural que tenemos con las políticas públicas en Paraguay, las dificultades que existen para aterrizar una política pública en nuestra burocracia y en nuestra ciudadanía.
–En política pública es fundamental entender los tiempos. Cuando uno siembra en una política pública, y esa política tiene que ser consistente en el tiempo, tiene que pasar de ser una política de Gobierno a ser una política de Estado. Y ahí esto genera un cambio, principalmente un cambio cultural. Porque una ley, un decreto o un nombramiento no genera un cambio cultural. Pero si consistente y constantemente mantienes una práctica, eso se vuelve ya algo permanente.
–Hay que salir de las trincheras.
–Sí. Eso es fundamental. Esto requiere tolerancia, requiere de tener empatía, de ponerse del lado del otro. Y lo vivimos en estos días con el programa “Hambre cero”, donde yo hablé desde la posición del Poder Ejecutivo, con una serie de datos y estadísticas. Pero del otro lado había autoridades municipales, autoridades departamentales y cada uno, obviamente, no mira desde la visión colectiva de los niños, mira desde su propia visión. Obviamente en las estadísticas uno puede ser muy injusto. Si hablamos de hechos de corrupción, no quiere decir que todos son corruptos, pero obviamente algunos se sintieron muy afectados en su dignidad. Así que esto requiere paciencia, dedicación y poder trabajar nunca perdiendo el objetivo esencial. Estamos buscando resolver un problema que es inaceptable: el hambre en el Paraguay.
–Si en esa cámara están doña Juana y don Felipe y usted tiene la oportunidad de hablarles directamente, ¿qué les diría al respecto de cómo va a cambiar la vida de sus hijos y de su sociedad esto que va a empezar?
–Este es un paso trascendental. Como yo siempre digo, en los diferentes colectivos, sean sindicatos, grupos de trabajadores, tienen esa capacidad de unirse, pero los niños que primero no saben el impacto que tiene en su desarrollo futuro la falta de una alimentación adecuada, esto va a cambiar la vida de esos niños, las oportunidades que van a tener. Y por supuesto también va a ayudar en las familias más humildes. En esa disyuntiva que tiene una madre, cuando el niño ha llegado a los 12, 13 años. Ese niño puede ser un generador de ingresos y al no tener la posibilidad de contar con la alimentación, y tiene que salir a buscar la alimentación en la calle, con esa medida está condenando el futuro de ese niño.
GRADUALIDAD
–Los paraguayitos y las paraguayitas de hoy que van a ser los dirigentes, líderes y la gente que tiene que construir el futuro, ¿no?
–Yo soy realmente un curioso de la historia porque encuentro en la historia muchos de los eventos que hacen que lo que nosotros estamos aspirando no sea muy fantástico. Cuando nosotros en 2015 lanzamos el programa de becas Carlos Antonio López y nosotros decíamos que no hay absolutamente nada fantástico en esto. Entonces, en realidad cuando nosotros estamos hablando del desarrollo y el futuro del potencial, esto es algo tan básico. La alimentación en un país que pueda alimentar a cerca de 100 millones de habitantes no se puede dar el lujo de tener paraguayos que no comen. Y mucho menos niños que dejan el colegio porque no tienen acceso a un plato de comida. Este proceso no supone que en marzo el 100 % de los departamentos van a tener almuerzo escolar. Es importante que explique lo procesual que tiene esto. Esto obviamente como toda gran reforma va a tener su proceso de aplicación.
–¿Qué le diría, otra vez apelando a esa cámara, a los congresistas respecto de la importancia de este proyecto y la pertinencia de aprobarlo?
–El Congreso ha sido tremendamente generoso con este gobierno desde 15 de agosto. Nos han aprobado el 100 % de los proyectos. Este proyecto, como lo dije el lunes en el Palacio, va a ser realmente un antes y un después. Probablemente va a ser uno de los grandes legados que va a dejar nuestra administración hacia el futuro. Y nos tiene que encontrar todos unidos. Y es lo que me ha motivado, de hecho, a presentarlo dentro de un receso parlamentario para adelantar la discusión. Las conversaciones que hemos tenido con legisladores, con gobernadores y últimamente ya con intendentes, creo que han allanado el camino para que este proyecto pueda ser aprobado lo más rápido posible. Por supuesto que estamos siempre abiertos. El Poder Legislativo tiene su dinámica y por supuesto que vamos a ser respetuosos.
CASO EMBLEMÁTICO
–¿Cómo este proyecto luchará contra la pobreza en Paraguay genéricamente hablando y puntualmente al respecto del tema de la niñez?
–Cuando nosotros miramos el fenómeno de la pobreza en el Paraguay, la pobreza no es una condición, no es un problema que no podamos resolver. Es simplemente que no hemos sido capaces de desplegar las políticas públicas focalizadas para poder apoyar a ese paraguayo en situación de vulnerabilidad. Entonces, la medida que probablemente va a tener el mayor impacto en la historia del Paraguay es la reducción de la pobreza. La pobreza rural, principalmente, pero no solamente la rural, también la urbana, tiene mayor incidencia en los niños. Entonces, la posibilidad de poder, a través de un programa tan amplio, que va a permitir llegar a 1.300.000 niños, principalmente aquellos que están en el sector de vulnerabilidad, nos va a ayudar a disminuir la pobreza extrema, prácticamente a eliminarla. Y la pobreza total va a disminuir también de manera importante. No hay una política pública más poderosa que el programa “Hambre cero en las escuelas”. Entonces, nosotros podemos, en los próximos dos a tres años, eliminar la pobreza extrema en el Paraguay y esto sería un caso emblemático.
–¿Por qué un plato de comida bien trabajado desde la perspectiva nutricional habrá de incidir en la calidad de la educación?
–Porque es fundamental. Está demostrado que el niño que no tiene un desarrollo físico, mental, es imposible que pueda aprender, por más que tenga la mejor escuela o el mejor maestro. Obviamente, acá tenemos que trabajar desde la primera infancia. Pero este programa de alimentación escolar va a tener un impacto tremendo, principalmente en combatir la deserción escolar. Por supuesto que tenemos que mejorar el proceso de aprendizaje, pero hoy está demostrado que uno de los principales motivos por los cuales un niño abandona el sistema público es porque choca contra esta necesidad entre tener que estudiar o generar un ingreso. Yo te puedo garantizar que los cambios que estamos haciendo en el proceso de aprendizaje, el programa “Hambre cero” puede permitir que Paraguay pueda generar un cambio muy importante en muy corto tiempo, que va a significar también una validación de que la democracia le está funcionando a la ciudadanía.
CONTROL
–¿Cómo el gobierno del presidente Peña garantizará la ejecución honesta de este proyecto?
–Y son los controles entre todas las instituciones. En esto claramente nosotros tenemos toda nuestra determinación, pero también somos conscientes de que necesitamos el acompañamiento de todos, de los padres, de la comunidad educativa. En el mes de diciembre tuvimos un encuentro con cerca de 5.000 directores y supervisores regionales donde les dije yo tengo el deseo de mejorar la educación y no lo puedo hacer solo. Los conceptos que hemos desarrollado en materia de seguridad, en materia de salud y, por supuesto, en educación va a ser fundamental ese trabajo mancomunado. Vamos a necesitar que los organismos de control también puedan funcionar. Estamos trayendo a la Contraloría General de la República ya no como un control posterior, sino como un control desde el mismo inicio.
–¿Cuál va a ser el rol de la licitación?, ¿cuál va a ser el rol de las gobernaciones y los municipios?
–Fundamentales. O sea, en mi visión del desarrollo del Paraguay es imposible que el Gobierno Nacional pueda desarrollar una agenda de política pública sin la coordinación con los gobiernos departamentales y municipales. Entonces, más allá de quién administra, más allá de quién haga el pago, en el proceso operativo esto requiere una integración dentro de los diferentes niveles de gobierno. Así que, claramente, la autoridad municipal es la que está más cerca de su ciudadano. Entonces, va a ser fundamental el trabajo de la autoridad municipal y, por supuesto, también de la comunidad de padres y educadores.
–¿Qué mensaje tendría al respecto del involucramiento de los educadores y los padres de familia en este proyecto?
–La experiencia que nosotros hemos tenido y hemos vivido ahora lo estamos viviendo ahora en periodo de vacaciones, con las aulas abiertas. Realmente es impresionante cómo los padres valoran, lo que nos está llevando también a reevaluar qué es lo que podemos hacer durante el año lectivo. Porque los niños están de lunes a viernes en la escuela ¿y qué pasa los sábados y domingos? La infraestructura está ahí. ¿Qué tipo de enseñanza, de educación podemos darles? Y ahí nosotros vemos mucho involucramiento por parte de los padres. Así que yo no tengo duda de que los padres van a ser una pieza fundamental y ellos están con muchas ganas de colaborar.
–¿Qué se puede apuntar respecto a la gradualidad en términos de qué regiones serán las que empezarán este año y cuándo se estima que se alcanzaría la totalidad?
–Yo creo que va a depender y acá van a haber dos velocidades. Las velocidades que le puedan imprimir las administraciones departamentales y la velocidad que le imprima el Ministerio de Desarrollo Social, que va a centralizar todo lo que es el Área Metropolitana. El Área Metropolitana va a ser el área de mayor población, pero también están relativamente más concentrados. Y tenemos ya la experiencia que ha tenido el Ministerio de Educación y Ciencias en todo lo que es la cobertura de capital, tenemos ya algunas experiencias también en distritos del departamento Central. Así que yo creo que en ese sentido nosotros tenemos, por supuesto, la obligación de ser los primeros en avanzar. Mi interés es que esto en 2024 sea un proceso de ejecución, pero en 2025 esto tenga un 100 % de cobertura.
OPORTUNIDAD
–¿De dónde saldrán los alimentos? ¿Hay un potenciamiento del sistema de producción?
–Sí, también hay una oportunidad y ahí el desafío es cómo hacemos que esos recursos financieros, finalmente, cumplan un objetivo de segundo orden. Porque acá también es importante porque en el pasado también se pensó cómo utilizar esta política de apoyo a la agricultura familiar campesina, que es importante, pero ese objetivo nunca puede estar por delante del objetivo principal que es asegurar la alimentación y una buena nutrición. Entonces, el objetivo principal es asegurar la nutrición el 100 % del año escolar para el 100 % de los estudiantes. En paralelo, como un objetivo de segundo orden, está asegurar que ese dinero pueda generar un beneficio económico en la comunidad para personas que van a trabajar en las cocinas, en la limpieza, que puedan ser también productos que fueron sembrados y cosechados en esos departamentos.
–¿Cómo se puede dibujar la implicancia que tiene para la prosperidad de las naciones niños que acaban la escuela o jóvenes que acaban el colegio bien nutridos y bien educados?
–Es como el combustible. El vehículo no puede moverse si no tiene combustible. Y el alimento funciona de esa misma manera. El niño que no tiene alimentación probablemente no tiene fuerza, no tiene la capacidad de estar atendiendo. Entonces, es como que va al aula y como que no estuviera ahí. Entonces, yo visualizo que de la situación que hoy tenemos, que es una tragedia lo que hoy vive el Paraguay, a lo que nosotros queremos plantear muy rápidamente, esto va a generar un cambio tremendo en los próximos años en el Paraguay. Así que yo creo realmente que esto nos va a permitir visualizar también el poder que tiene una política pública. La fortaleza de la política pública es que se construye sobre la base de la evidencia científica. ¿Y cuál es la evidencia científica? El niño que no está alimentado no puede desarrollarse.
CONDICIÓN NECESARIA
–Igual no es fácil de explicar que reforzando el almuerzo escolar tendremos mejores diputados y mejores presidentes.
–Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Nosotros no podemos asegurar de que seamos una nación más desarrollada solamente por esta medida, pero podemos asegurar que nunca seremos una nación desarrollada si no tomamos esta medida. Entonces, esto es una condición necesaria, pero no es suficiente. Esto tiene que ser complementado con otro tipo de medidas. Cuando hablaba con los intendentes, cada uno hablaba de lo que iban a perder, pero ninguno habló de lo que íbamos a ganar, porque en realidad los que van a ganar son los niños. Y ahí es donde uno ve la importancia de entender el funcionamiento de la política pública, porque la política pública hace que nos desprendamos del interés personal y pensemos en un interés colectivo.
–¿Qué expectativas tiene respecto del debate parlamentario y el voto en este tema?
–Yo creo que se ha allanado bastante. Por supuesto que van a haber algunas voces disonantes que no van a estar de acuerdo. El rol de la oposición, así lo ha demostrado a lo largo de estos seis meses, a lo largo de todas las discusiones, ha sido de manera consistente un voto en contra de los proyectos del Gobierno que claramente van a traer beneficios para la ciudadanía, pero estamos convencidos de que así como hemos tenido un apoyo mayoritario a lo largo de estos seis meses, con el camino transcurrido, con el diálogo, con la apertura también, porque muchos ponen de una manera peyorativa la reculada, y en realidad es la capacidad de poder entender que hay un objetivo tan noble, que ese objetivo noble bien vale tener que abrir la mente y tener que hacer una apuesta todavía mayor.
–¿Y cómo se proyecta que esta iniciativa impacte en el tema de la salud?
–El tema de la nutrición, que es un eje de hoy, que no es tanto una siembra para el mañana, sino tiene relación con lo que puede pasar la próxima semana con un niño que empieza un proceso de mejor nutrición. Hoy sabemos tanto sobre el proceso de desarrollo del niño cómo romper ese círculo vicioso de la pobreza y construir un círculo virtuoso que permita que haya una mejora y que se rompa ese paso de generación en generación. Pero nosotros tenemos que entender que esto no solamente es una apuesta al futuro, es una apuesta principalmente al presente, porque ese niño que hoy no está recibiendo una alimentación es un niño desmotivado, un niño sin ganas de vivir, un niño que puede estar pasando por enormes problemas sociales de relacionamiento. Un pararrayo de diversas enfermedades. En realidad esto va a ser una política pública que va a atacar el centro neurálgico de gran parte de los problemas que tiene hoy una familia en situación de vulnerabilidad. Entonces, el impacto y las externalidades que esto va a tener son tremendos.
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La actitud argentina es inaceptable
El ministro de Economía de la Argentina y precandidato presidencial oficialista de su país, Sergio Massa, vino a reunirse el jueves último con el presidente Santiago Peña y altas autoridades del Paraguay, lo acompañaba el ministro de Transporte argentino. Al término de las reuniones realizadas en Mburuvicha Róga se realizó el tan ansiado anuncio de que el vecino país suspendía temporalmente el cobro del peaje que ilegalmente está haciendo en el río Paraná. La información fue sin duda la mejor noticia escuchada hasta ese momento del día, lo que produjo la satisfacción y la alegría de los sectores empresariales. El aviso oficial se hizo a través de la Cancillería nacional y no cabía duda de su certeza.
Hasta que, horas después, un comunicado oficial del Ministerio de Transporte de la Argentina echó por tierra el mensaje de las autoridades paraguayas y señaló que el cobro del mencionado impuesto ilegal en el Paraná no se había suspendido y seguía vigente.
El escrito decía que la situación seguía igual, “sin suspensión del cobro de manera temporal del peaje de Santa Fe al Norte, el próximo encuentro de alto nivel será para analizar las obras realizadas y evaluar la cooperación entre las partes de forma superadora para la optimización de la principal autopista fluvial de la región”.
La sorpresa fue tan grande, que hasta ahora no se sabe todavía qué es lo que realmente pasó. Pero viniendo la noticia de la Argentina no habría que sorprenderse mucho, pues es un país que suele tener ese tipo de actitudes. Si con una simple resolución ministerial pretende anular los tratados internacionales, no es raro que por la tarde niegue lo que decidió por la mañana.
El inesperado mensaje vespertino del ministerio de Argentina acalló la promesa que había hecho el ministro de Economía de esa nación en horas de la mañana, y produjo la airada reacción del Gobierno paraguayo, que fue burlado dolorosamente.
“Recibimos con sorpresa y desagrado el anuncio del Ministerio de Transporte de Argentina de mantener el cobro del peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná; luego de que los ministros Sergio Massa y Diego Giuliano (ministro de Transporte), en una reunión con el presidente Peña en Asunción, acordaran levantar la medida”, expresó vía X (ex-Twitter) la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Si no fuera algo tan serio y perjudicial sería para ponerse a reír a carcajadas.
Para que no haya duda sobre la ilegalidad de la medida argentina, conviene recordar lo que establece el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, sobre transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná, que en su artículo 5 dice: “Sin previo acuerdo de los países signatarios, no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basados únicamente en el hecho de la navegación, al no tener el acuerdo de todos los países miembros”.
Lo acontecido es una lección muy importante para nuestro país. Los ministros argentinos que vinieron a conversar con el presidente de la República y a prometer medidas especiales no solo se burlaron del Paraguay, sino que han cometido una grave afrenta, un insulto que ofende la dignidad de nuestra nación. Y no debería quedar sin una reacción proporcional hacia el Gobierno federal argentino. No se puede aceptar una mofa que ha dejado en ridículo a los paraguayos.
Paraguay ya no debe esperar nada de las conversaciones bilaterales con los argentinos. Porque, como ha ocurrido ahora, cualquier tratativa con el Gobierno de Buenos Aires puede terminar en otra burla. La única decisión que corresponde en estos momentos es recurrir a las instancias legales internacionales, acudiendo a los tribunales correspondientes para levantar ese impuesto ilegal y hacer que la Argentina cumpla las obligaciones jurídicas que tiene, y exigirle que respete al Paraguay como corresponde a una nación soberana y digna.
Este es un nuevo desafío que el Gobierno nacional debe encarar con toda energía. Para ello tiene el respaldo del Poder Legislativo, cuyas cámaras ya se pronunciaron contra la actitud argentina. También cuenta con el apoyo de la ciudadanía. Y sobre todo, le asiste la razón que le otorgan las normas establecidas en los tratados internacionales vigentes, que disponen la libre navegación en los ríos.
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Lea Giménez asegura que es inaceptable y criminal
La economista y aspirante a la senaduría por el movimiento Honor Colorado Lea Giménez manifestó que la propuesta de ley sobre suministros y contrataciones públicas remitida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el pasado mes de mayo, de ser sancionada en la versión de Diputados, pondrá en riesgo la salud y la calidad de la alimentación de los niños en edad escolar. El proyecto pretende establecer modificaciones a la normativa vigente de compras públicas.
“Cuesta entender qué se discute en el Congreso. Se quiere evitar que los intereses particulares de las proveedoras de merienda escolar se superpongan al interés común. La versión del proyecto que defendía el diputado Basilio Núñez es clave para mejorar el gasto y para la salud de los niños”, indicó la ex ministra de Hacienda a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.
Las declaraciones de Giménez surgieron ante la denuncia pública realizada por el parlamentario, quien acusó a su colega Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico, de maniobrar la iniciativa del Ejecutivo para favorecer a la empresa proveedora de alimentos escolares Arcángel SA, firma ligada a la diputada efrainista.
RETROCESO
“Padres, madres e interesados en la salud de los niños, ¿saben que pretenden eliminar los registros y certificados para los productos y para los establecimientos elaboradores? Esto es un retroceso muy perjudicial para la salud de nuestros niños”, alertó la dirigente colorada.
De acuerdo a lo manifestado por Núñez, la legisladora liberal aprovecha su titularidad en la Comisión de Asuntos Económicos y su participación en la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Baja para seguir impulsando cambios a la iniciativa.
Al quedar descubierta, Amarilla recurre a agresiones con el fin de evitar que el proyecto sea aprobado en la versión del Senado y que logre su sanción ficta; es decir, sanción automática sin previo tratamiento de vuelta.
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Es inaceptable el peaje que Argentina quiere cobrar en el Paraná
Un nuevo impedimento a la libertad de comercio y de circulación de mercaderías entre los países del Mercosur y otros ha decidido la República Argentina. El problema se circunscribe a una zona del río Paraná que transcurre dentro del territorio argentino, pero que claramente lesiona las normas de libre circulación que está garantizada por varios tratados internacionales. El principal perjudicado es el Paraguay que, por ser mediterráneo, requiere la utilización obligada de los cursos fluviales que comparte con otras naciones para movilizar su comercio de exportación e importación.
El vecino país decidió poner trabas a la libre navegación del río Paraná obligando al pago de un peaje a las embarcaciones que circulen por ese curso fluvial entre la confluencia con el río Paraguay y el tramo exterior de acceso al puerto de Santa Fe. Lo ha hecho a través de la Resolución N° 625/2022 del Ministerio de Transporte.
La entidad encargada del cobro de ese impuesto a la navegación será la Administración General de Puertos (AGP) del vecino país. El monto de la imposición monetaria es de 1,47 dólares americanos por cada tonelada de registro neto transportada por el sitio.
Los sectores de nuestro país que se verán afectados por la medida señalaron que la disposición argentina perjudicará enormemente al transporte fluvial paraguayo y a la economía de nuestro país, ya que cerca del 80% del total de sus exportaciones e importaciones transcurren por ese curso de agua. Los cálculos iniciales realizados sobre el monto probable de los perjuicios económicos hablan de un mínimo de 20 millones de dólares por mes. Este hecho se suma a la dificultad de navegación ocasionada por la escasa altura de los ríos en la zona de influencia de nuestro país.
En 1967, la República del Paraguay suscribió con la República Argentina el Tratado de Navegación de los ríos Paraná, Paraguay y de la Plata en el que ambas naciones ratifican el principio de la libre navegación de los ríos y se comprometieron a aplicarlo en sus respectivas jurisdicciones. En su artículo 1° dice: “La navegación por los ríos Paraguay, Paraná y de la Plata dentro de la jurisdicción de ambas altas partes contratantes, es libre para los buques argentinos y paraguayos en igualdad de condiciones”. Y agrega que cada país concederá a los buques de la otra parte el mismo trato que a sus propios buques en todo lo relativo a la navegación.
En el Tratado de Asunción, que crea el Mercado Común del Sur (Mercosur), en 1991, los cuatro países contratantes, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay acordaron preservar la libre navegación de los ríos comprendidos en el área.
En su artículo 1, el tratado que crea el Mercosur señala: “Este Mercado Común implica: La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente…”.
Como puede observarse, este artículo establece con toda claridad la libre circulación de mercaderías y elimina el pago de derechos aduaneros, restricciones no arancelarias y cualquier otro impedimento. A lo que hay que añadir también lo establecido en el tratado de libre navegación de 1967, que dice que la navegación es libre en la jurisdicción de Argentina y Paraguay para los barcos paraguayos y argentinos en igualdad de condiciones. Las dos mencionadas normas, con rango de tratados internacionales, consagran la garantía de que no se pueden poner trabas a la circulación fluvial, ya que establecen la libertad de navegar sin impedimentos.
Por consiguiente, ningún organismo del gobierno argentino, ni siquiera el Poder Ejecutivo de ese país, puede emitir válidamente una disposición que esté por encima de lo establecido por ambos tratados internacionales. Lo que significa que la resolución del Ministerio de Transporte argentino no tiene valor jurídico y no puede aplicarse sin burlar los tratados vigentes.
El Gobierno paraguayo tiene que oponerse a esta traba argentina e impedir que la vecina nación quiera imponer esa sanción al transporte fluvial de las mercaderías que salen o vienen al Paraguay. No hay por qué aceptar el capricho de algunos burócratas que quieren castigar a nuestro país mofándose de las normas internacionales.