En las últimas dos semanas, el Paraguay se ha visto sacudido por el atentado que le costó la vida al fiscal Marcelo Pecci, en Colombia, el martes 10 de mayo, y por el ataque que sufrió el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, el martes 17, cuya muerte se produjo el sábado 21. Aunque uno de los hechos se dio en otro país, ambos acontecimientos tienen el mismo sello de origen, el crimen organi­zado, y envían un solo mensaje que tene­mos que entender para empezar a actuar.

Ambos acontecimientos, que se produje­ron al mismo tiempo que se registraban otros crímenes similares, estremecieron profundamente al Paraguay. Pusieron de manifiesto con la contundencia que tienen los hechos violentos que estamos práctica­mente en las manos de los criminales, que con su accionar están queriendo someter al país a sus propósitos delictivos. Y que, si no se actúa con la rapidez y contundencia que requieren los hechos, se va a ceder más terreno a los bandidos.

En el afán de encontrar respuestas a este serio inconveniente, algunos políticos han dicho que es necesario crear nuevas leyes y que se esperaba la actuación del Poder Legislativo. Pero en realidad no se trata de redactar nuevas normas jurídicas, sino de aplicar las que ya existen para combatir el delito.

Si se analizan los hechos, el problema fun­damental del país no es que falten leyes para enfrentar la delincuencia, como creen algunos. Hay suficientes dispo­siciones legales para hacer frente a los hechos criminales. El tema fundamental es que los que tienen que poner en prác­tica las medidas y enfrentar la delincuen­cia no lo hacen. Puede ser que no procedan por impericia, falta de decisión política o porque no son capaces de actuar debida­mente. Lo que se puede subsanar sola­mente con la decidida actuación de las autoridades, haciendo lo que corresponde mediante políticas adecuadas y decisiones valientes.

La principal dificultad que afronta el Para­guay para contrarrestar al crimen organi­zado es la poca eficiencia del Poder Ejecu­tivo. Que no solo tiene la fuerza pública en sus manos, con los instrumentos legales y operativos, sino también el poder político para hacer frente al chantaje de los crimi­nales.

Si el crimen organizado se ha instalado fuertemente en varias zonas del país, como en Amambay y otros departamen­tos, es por culpa de los poderes públicos que con su inoperancia les permitieron avanzar. Teniendo en cuenta que la crimi­nalidad en el Amambay no es nada nuevo, y que el Estado tiene las leyes y los recur­sos de seguridad necesarios, el que se esté llegando a situaciones extremas es solo por la inoperancia del Gobierno. Que en este caso hasta podría considerarse como una actitud de complicidad.

La solución es que el Poder Ejecutivo se decida a actuar con toda la fuerza que requiere el peligro de ver al país acogotado por los delincuentes. No hay otra alterna­tiva posible que accionar contra el crimen con el acompañamiento de los otros pode­res del Estado. Continuar sin una política clara y sin llevar a cabo acciones contun­dentes para combatir con fuerza el delito es muy peligroso. Es invitar a los delin­cuentes a avanzar con sus negocios ilícitos y seguir matando gente sin parar.

El Gobierno Nacional está obligado a res­catar al país de las manos del crimen orga­nizado y debe poner en marcha un urgente plan de acción. No hay ningún motivo legal ni fáctico para no convocar a todas las fuerzas de seguridad del país, compues­tas por militares y policías, para esta lucha por uno de los más importantes intereses de la nación, que es la seguridad.

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) debe incorporarse oficialmente a la tarea de seguridad en las zonas del Amambay y otros sitios para llevar a cabo el combate contra el crimen juntamente con la Policía Nacional. La lucha contra los delincuentes que están tomando cada vez más espacio en el territorio paraguayo es un problema de seguridad nacional. Porque son fuerzas extrañas que están invadiendo con ensa­ñamiento no solo la geografía del país sino haciendo daño a la sociedad que vive en ella. Es hora de enfrentarlas con todas las fuerzas de defensa, como corresponde ata­car a los peligrosos enemigos del país.