A meses de que este gobierno cumpla su periodo de mandato, las denuncias de corrupción pululan en diferentes reparticiones del Estado, que hasta pareciera tratarse de un operativo para embolsarse todo lo que se pueda antes de dejar el poder. Esta situación es acuciante para una ciudadanía que está sufriendo los efectos de la crisis económica y apenas tiene para cubrir los servicios básicos.Un poco de decoro para frenar la alarmante corrupción se torna más que urgente en este momento crucial, en el que la sociedad sufre todo tipo de desgracias. La inseguridad reinante y el casi nulo tino en las estrategias para salir de ella, la falta de trabajo, el despilfarro, los millonarios negocios de los amigos que desangran presupuestos de instituciones muy sensibles a las necesidades de la gente, la terrible inflación, así como otros males, parecieran no inmutar a este gobierno.

Los amigos de los que están en el poder que aparecieron con redes de empresas para facturar en licitaciones públicas siguen haciendo mucho daño. Los millones que se embolsan con fuertes indicios de recaudación para fines electorales son alevosos y pareciera ser que no tendrán freno.

Con la pandemia conocimos al clan Ferreira, una familia que mediante varias empresas acumula miles de millones de guaraníes de una forma hasta prepotente si se quiere decir, considerando la manera en que consiguió allanar los procesos licitatorios a favor, eliminando la sana competencia en las compras del Estado. Las maniobras aplicadas para adjudicar a este clan unos US$ 13,5 millones en el 2020 correspondientes a la adquisición de insumos médicos dejaron severos perjuicios al Ministerio de Salud Pública, que terminó desabastecido a causa de los negociados.

La pasarela y los asesores “de oro” en el Ministerio de Obras, los contratistas favoritos en grandes licitaciones, todavía siguen doliendo por los sobrecostos y derroches generados, que bien pudieron haberse utilizados en rubros sensibles a las necesidades de la ciudadanía.

Detrás de estos casos emblemáticos nos quedamos con otra frustración a causa del favoritismo y las irregularidades que dejan daños que difícilmente se resarcen, más aún si se trata del tiempo que se hizo perder a los niños y niñas de las escuelas. Parte de un futuro precioso fue despojado a los estudiantes con las obras inconclusas y abandonadas en 79 instituciones educativas.

El Ministerio de Educación y Ciencias nuevamente está llevando adelante una licitación para adjudicar las obras que habían sido abandonadas por la empresa de un amigo del vicepresidente de la República que, en este gobierno ganó licitaciones por G. 614.000 millones.

En el marco de los proyectos financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) estaba a la expectativa la mejora en 272 establecimientos educativos iniciados con licitaciones del 2020, que tenía por objetivo la entrega de aulas nuevas y refaccionadas para el retorno presencial a las escuelas en este 2022. Esto no fue posible, porque priorizaron los bolsillos de los amigos antes que el fin propiamente dicho, es así que unos 24.000 niños quedaron sin aulas remodeladas.

Otras 16 instituciones educativas, en el marco del mismo proyecto debían ser modernizadas, pero también terminaron en lamentables condiciones. La prensa se hizo eco de que no se vio un solo ladrillo puesto por la contratista Engineering, otra empresa amiga del Gobierno. Con estos lamentables resultados en el Ministerio de Educación, el ex ministro Juan Manuel Brunetti aspira a la Vicepresidencia de la República.

En estos días aparecieron casos aún más escandalosos de corrupción en licitaciones de limpieza del IPS, que son casi inseparables de un esquema en el que evidentemente se cuenta con el guiño de los servidores públicos.

El uso de identidades de personas sin vínculo alguno con los contratistas de la previsional es un hecho que raya varios delitos en términos legales. Teniendo la base de datos y siendo responsable del control de la ejecución del servicio de limpieza, la administración del IPS dejó pasar una nómina de personal en el que figuran identidades de funcionarios de otras empresas, empleados públicos, como parte del plantel de sus contratistas que le facturan miles de millones de guaraníes a la previsional.

No hay límites a la hora de generar gastos y meter mano al bolsillo de los contribuyentes. Hemos visto en estos días que hasta llaman a una licitación para “organizar recursos humanos”. Esto es el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), por cierto, una institución que anunció mucho, pero hizo poquísimo. Unos G. 700 millones prevén gastar para organizar el personal allí.

Si las autoridades, la clase política, todavía creen que puede tomar por tonta a la ciudadanía, están a kilómetros de distancia de la realidad. Las licitaciones amañadas, la repartija de cargos, los privilegios desmedidos llenaron la paciencia de la gente, los únicos que no quieren darse cuenta son los que están en el poder.

Las próximas elecciones darán cuenta del nivel de hartazgo de la ciudadanía. Frenen la corrupción gigante y demuestren un poco de moral antes de dejar sus cargos y los penosos resultados, que duelen muchísimo en áreas sensibles como Salud, Educación.