Una profunda y estructural trans­formación en el ordenamiento y sistema de seguridad de nuestro país tendrá que ser uno de los ejes capitales en las plataformas de gobierno de quienes aspiran a la Presidencia de la Repú­blica en las próximas elecciones generales del 30 de abril del 2023. Ya no puede agotarse en simples enunciados, en eslóganes motivacio­nales, sino que debe presentarse como un plan concreto, realizable, con personal entrenado, equipamientos adecuados, tecnología de avan­zada y recursos garantizados. Naturalmente, con un incorruptible dispositivo interno de control de integridad. Porque la corrupción ha permeado los diferentes cuadros policiales. No estamos generalizando, pero que varios de sus integrantes están complicados con orga­nizaciones criminales de diferentes rangos es una realidad que se ha evidenciado constante­mente. Las publicaciones periodísticas avalan tal afirmación. Varios de ellos cayeron, es justo reconocerlo, por medio de pesquisas de la pro­pia Policía Nacional.

Las sociedades cambian de prioridades de acuerdo a las circunstancias que las apre­mian. Sin embargo, hay cuatro pilares que, en estos momentos, deben estar en el mismo nivel de importancia: trabajo, educación, seguridad y salud. Un crecimiento econó­mico inclusivo, que apunte al desarrollo social, necesariamente tiene que ejercer una función de transversalidad que integre y conecte estos cuatro puntos temáticos. No se puede llegar al 15 de agosto del año próximo con la vieja impronta de la imprevisión, empezando por un ministro no apto para el cargo. Por esas malas decisiones hemos visto en los últimos años a la Secretaría del Inte­rior como una máquina de destrucción polí­tica. Algunos lograron sobrevivir, pero con una gestión que lastra sus ambiciones.

El primer nudo a cortar es la complicada y no bien definida relación entre el ministro del Interior y el comandante de la Policía Nacio­nal. Desde la transición democrática esta tirantez nunca pudo ser pulida para que se transforme en una relación más armónica y productiva. Pareciera que los campos de acción no están bien delineados. Esa bicefa­lia en los organismos de seguridad interior es un legado del régimen autocrático de Alfredo Stroessner. El jefe de Policía (entonces) y el ministro del Interior tenían canales diferen­tes para comunicarse con el dictador, sobre todo en el ámbito de la represión, según pudo comprobarse en los registros escritos de los Archivos del Terror. Esa herencia, repeti­mos, hasta hoy no pudo ser superada. Al con­trario, suele ser la razón de varias crisis que han impedido establecer una estrategia de Estado en el área de la seguridad ciudadana.

Este es el momento en que los precandidatos a la Presidencia de la República deben expo­ner cuál es su plan de gobierno en materia de seguridad. Una tarea de construcción multi­disciplinaria, de enfoques profesionales y aca­démicos que puedan concluir en un trabajo serio, realista y con resultados e impactos pre­decibles en un tiempo determinado con anti­cipación. Para que ello ocurra, indefectible­mente debe poseer las cualidades de la acción planificada. El que llegue a los debates sin una propuesta con estas características verá acor­tadas sus chances de triunfar. No decimos con esto que un vacío programático de esta natu­raleza lo llevará directamente a una derrota. Lo que sugiere nuestro planteamiento es que un aporte así servirá para ensanchar las puer­tas de un eventual triunfo. El pueblo reclama por un estadista después de la experiencia altamente negativa de las improvisaciones que fueron el modelo del actual gobierno.

El atentado cometido en San Bernardino durante un concierto realizado en el Anfitea­tro José Asunción Flores, y en el que perdió la vida, como víctima colateral, la señora Cris­tina Aranda, más conocida como “Vita” en el mundo mediático, vino a desnudar el estado de vulnerabilidad en que nos encontramos ante el crimen organizado. Su muerte pare­ció despertar la conciencia ciudadana para reclamar de manera imperativa a las autori­dades por más seguridad. Sin embargo, fue solo un gesto esporádico que fue apagándose, tanto en la sociedad como en los medios. Ahora, con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, la indignación volvió a expresarse en las calles. Estamos absoluta­mente convencidos de que con este gobierno ya no se obtendrán resultados. Ha fracasado rotundamente en este tema. Al igual que en muchos otros. La última persona designada para el cargo de ministro del Interior desva­nece toda expectativa. No tiene la mínima idea de cómo funciona la institución. De ahí nuestra adelantada demanda para el próximo gobierno: la seguridad debe ser una prioritaria estrategia fundada en una polí­tica de Estado. No hay otro camino.