El supuesto abuso a un niño de 6 años en un colegio privado de Lambaré ha tomado estado público y puso al descubierto la vulnerabilidad de los menores hasta en las instituciones educativas que tendrían que ser las mejores protectoras de los mismos. La Justicia se encuentra investigando el caso que al ganar estado público se ha con­vertido en un escándalo de grandes pro­porciones.

De acuerdo con la denuncia realizada por la madre del menor, el hecho se habría produ­cido en las instalaciones sanitarias del cole­gio y las autoridades de la institución que tenían conocimiento del suceso no actua­ron con la prontitud y el celo que correspon­día. Por ello la familia del chico ha presen­tado acusaciones contra los responsables de la entidad educativa, que la Fiscalía ha tomado y está procesando en las instan­cias que corresponden. La directora y dos docentes del colegio están imputadas y se encuentran guardando reclusión en una cárcel pública a la espera de la investigación y de lo que determine el juez interviniente.

Familiares de alumnos de la institución lambareña han hecho manifestaciones públicas pidiendo justicia y señalando como culpables a los responsables de la entidad por no haber actuado como corres­pondería para proteger al chico y castigar a los responsables.

El tema es muy delicado y es de esperar que el caso se investigue debidamente y se determinen luego las decisiones pena­les que correspondan. Porque no se trata solo de una cuestión penal, sino también de índole educativa y familiar.

Al margen de lo que en su momento pueda determinar la Justicia en las instancias que corresponden, está claro que la sociedad paraguaya tiene que exigir de las institu­ciones y de los responsables de la educa­ción la completa protección de los menores en todas las instancias. Porque si bien este caso ha recibido sobrada publicidad, no es un secreto que suelen darse hechos simila­res que no llegan a estado público ni reciben el tratamiento judicial necesario.

Este asunto es doblemente lamentable, pues tanto el abusado como los abusado­res necesitan con urgencia un adecuado tratamiento para superar la traumática experiencia. Así como el niño de 6 años necesitará de cuidados sicológicos, médi­cos, afectivos y familiares muy especiales, los culpables del hecho deben ser objetos de atenciones específicas. Aparte de pagar de algún modo su accionar delictuoso, teniendo en cuenta el valor pedagógico del castigo, tienen que recibir también las tera­pias que ayuden a corregir su conducta.

Sería bueno reconocer que estamos viviendo un momento en que la sociedad está descuidando los tradicionales valores de la familia, su papel en la contención de la persona, en la formación de los niños, en la educación de la afectividad y el respeto hacia los demás. En muchos grupos fami­liares se vive en una misma casa que dista mucho de ser un hogar, porque ya no existe el trato íntimo con su carga de cariño entre padres e hijos por falta de tiempo o por la irrupción de algunos elementos que hacen perder el contacto interpersonal.

Los hechos lamentables como éste que suelen suceder en distintas instancias son una lección para toda la sociedad, que tiene que exigir que las entidades educativas mejoren cualitativamente el cuidado de los alumnos, que las instituciones públi­cas y privadas cumplan adecuadamente sus obligaciones y que por todos los medios se garantice sólidamente el amparo y la defensa de los niños.

No se puede reemplazar el papel fundamen­tal que tienen las instituciones educativas, sus responsables y personal, en el cuidado de los niños que asisten a sus aulas. Porque si la gente encargada de velar por los meno­res no cumple su papel, será muy difícil que se pueda garantizar la integridad física y moral de los alumnos. La triste circunstan­cia que se vive actualmente es una lección muy importante para la sociedad para­guaya. Que debe hacer todo lo que esté a su alcance para el buen funcionamiento de las instituciones y el correcto comportamiento de las personas que las integran. Ninguna sociedad por mejor dotada que esté puede soportar el quiebre de las entidades educa­tivas y el resquebrajamiento de la conducta de sus integrantes, porque la rectitud y la integridad del comportamiento humano no conocen ningún tipo de sustituto.