El 1 de mayo se celebró en todo el mundo el Día del Trabajador, recordación que en nuestro país se pasó al lunes 2 de mayo por un inesperado decreto del Poder Ejecu­tivo. Esa fecha, la más emblemática en la historia de la fuerza de trabajo y recor­dada en todo el mundo como un hito del reconocimiento de la dignidad de la per­sona que trabaja y vive de su tarea, es muy propicia para revelar la situación de los paraguayos. Por razones históricas y polí­ticas, el trabajador paraguayo es uno de los más castigados en esta parte del conti­nente debido a la falta de reconocimiento de sus derechos y la explotación deplo­rable a las que ha sido sometido durante siglos. Y más recientemente porque no se cumplen debidamente las leyes laborales por la ineficiencia, la incapacidad y hasta complicidad de las autoridades del ramo. Sin olvidar el papel de las patronales que prefieren actuar al margen de la ley.

En el pasado, en los yerbales, los obrajes y otros parajes alejados de las ciudades, el obrero era abusado como un vil esclavo, sin el reconocimiento de ninguno de sus derechos. Muchos de ellos morían o eran asesinados cuando en medio de la selva intentaban escapar de su cautiverio labo­ral. Una famosa canción de Ramón Ayala, “El Mensú”, retrata vivamente la tragedia de muchos trabajadores que por la pro­mesa de una paga mensual eran esclavi­zados en esos remotos territorios.

Lejos de esos tiempos y lugares selváticos, en pleno siglo XXI y en los centros urba­nos llenos de grandes edificios y amplias avenidas se reproduce en gran medida el mismo fenómeno de explotación del hom­bre por el hombre.

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De acuerdo con estudios de especialis­tas, el 70% de los trabajadores de nuestro país opera en la ilegalidad. Es decir, labo­ran sin la protección de las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional, el Código Laboral y otras normas comple­mentarias que establecen la seguridad de los trabajadores, que está reconocida ade­más en las leyes de todos los países civi­lizados del mundo. A miles de trabajado­res no se les paga el salario mínimo legal, trabajan más de las 8 horas reglamenta­rias, no tienen las protecciones sanitarias y de seguridad que corren por cuenta del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras instituciones legales. Cuando terminen su vida útil, estas personas no contarán con ningún tipo de jubilación ni ayuda monetaria proveniente de su contribu­ción y la de la patronal, como establecen las leyes vigentes. Lo que significa que estarán totalmente desprotegidas y a merced de su suerte.

Los estudios dicen que esta situación de irregularidad afecta a unos 2.400.000 individuos que se dedican a diferentes tareas laborales. Se estima que la pobla­ción económicamente activa llega a 3.450.000 personas. Otro dato que pinta la realidad es que nueve de cada diez indi­viduos que buscan su primer empleo se inician en el mercado informal; es decir, fuera de la ley, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con las normas vigentes, toda persona que trabaja debe tener un empleo formal y los derechos que tiene el traba­jador son irrenunciables, de acuerdo con la Constitución Nacional. Por lo que la informalidad que rige es no solo ilegal, sino oprobiosa e inmoral. Esta situa­ción se debe a que los organismos públi­cos encargados de hacer cumplir la ley no funcionan adecuadamente y, en su inuti­lidad, colaboran con los que incumplen la ley y perjudican al trabajador.

De acuerdo con lo mencionado por un especialista, el pago de los aportes del IPS es una obligación de la patronal desde el primer día de tarea del trabajador, no importa si está a prueba o no. Es un dere­cho irrenunciable y evitar el pago al IPS está penado por la ley, por lo que su no cumplimiento puede ser denunciado a la Fiscalía y castigado penalmente.

Es hora de que las instituciones estata­les dejen de actuar como cómplices de la explotación del trabajador, pongan en marcha la legalidad comenzando con el blanqueo de la economía informal y hagan cumplir las leyes laborales. Esta situación no se puede seguir sosteniendo porque es un vergonzoso abuso de casi 2 millones y medio de trabajadores que debe resolverse prontamente con la pro­tección que corresponde.

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