El 1 de mayo se celebró en todo el mundo el Día del Trabajador, recordación que en nuestro país se pasó al lunes 2 de mayo por un inesperado decreto del Poder Ejecutivo. Esa fecha, la más emblemática en la historia de la fuerza de trabajo y recordada en todo el mundo como un hito del reconocimiento de la dignidad de la persona que trabaja y vive de su tarea, es muy propicia para revelar la situación de los paraguayos. Por razones históricas y políticas, el trabajador paraguayo es uno de los más castigados en esta parte del continente debido a la falta de reconocimiento de sus derechos y la explotación deplorable a las que ha sido sometido durante siglos. Y más recientemente porque no se cumplen debidamente las leyes laborales por la ineficiencia, la incapacidad y hasta complicidad de las autoridades del ramo. Sin olvidar el papel de las patronales que prefieren actuar al margen de la ley.
En el pasado, en los yerbales, los obrajes y otros parajes alejados de las ciudades, el obrero era abusado como un vil esclavo, sin el reconocimiento de ninguno de sus derechos. Muchos de ellos morían o eran asesinados cuando en medio de la selva intentaban escapar de su cautiverio laboral. Una famosa canción de Ramón Ayala, “El Mensú”, retrata vivamente la tragedia de muchos trabajadores que por la promesa de una paga mensual eran esclavizados en esos remotos territorios.
Lejos de esos tiempos y lugares selváticos, en pleno siglo XXI y en los centros urbanos llenos de grandes edificios y amplias avenidas se reproduce en gran medida el mismo fenómeno de explotación del hombre por el hombre.
De acuerdo con estudios de especialistas, el 70% de los trabajadores de nuestro país opera en la ilegalidad. Es decir, laboran sin la protección de las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional, el Código Laboral y otras normas complementarias que establecen la seguridad de los trabajadores, que está reconocida además en las leyes de todos los países civilizados del mundo. A miles de trabajadores no se les paga el salario mínimo legal, trabajan más de las 8 horas reglamentarias, no tienen las protecciones sanitarias y de seguridad que corren por cuenta del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras instituciones legales. Cuando terminen su vida útil, estas personas no contarán con ningún tipo de jubilación ni ayuda monetaria proveniente de su contribución y la de la patronal, como establecen las leyes vigentes. Lo que significa que estarán totalmente desprotegidas y a merced de su suerte.
Los estudios dicen que esta situación de irregularidad afecta a unos 2.400.000 individuos que se dedican a diferentes tareas laborales. Se estima que la población económicamente activa llega a 3.450.000 personas. Otro dato que pinta la realidad es que nueve de cada diez individuos que buscan su primer empleo se inician en el mercado informal; es decir, fuera de la ley, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).
De acuerdo con las normas vigentes, toda persona que trabaja debe tener un empleo formal y los derechos que tiene el trabajador son irrenunciables, de acuerdo con la Constitución Nacional. Por lo que la informalidad que rige es no solo ilegal, sino oprobiosa e inmoral. Esta situación se debe a que los organismos públicos encargados de hacer cumplir la ley no funcionan adecuadamente y, en su inutilidad, colaboran con los que incumplen la ley y perjudican al trabajador.
De acuerdo con lo mencionado por un especialista, el pago de los aportes del IPS es una obligación de la patronal desde el primer día de tarea del trabajador, no importa si está a prueba o no. Es un derecho irrenunciable y evitar el pago al IPS está penado por la ley, por lo que su no cumplimiento puede ser denunciado a la Fiscalía y castigado penalmente.
Es hora de que las instituciones estatales dejen de actuar como cómplices de la explotación del trabajador, pongan en marcha la legalidad comenzando con el blanqueo de la economía informal y hagan cumplir las leyes laborales. Esta situación no se puede seguir sosteniendo porque es un vergonzoso abuso de casi 2 millones y medio de trabajadores que debe resolverse prontamente con la protección que corresponde.