La Cámara de Senadores, en sesión extraordinaria, aprobó el proyecto de ley que permite a Petropar comprar combus­tibles derivados del petróleo sin inter­mediarios y al margen de los trámites habituales de las licitaciones de los orga­nismos del Estado. De manera no habi­tual, el Senado sesionó un lunes por la presión ejercida por los gremios camio­neros, cuyas unidades estaban aposta­das a la vera de las rutas y que amena­zaron con cerrar las vías públicas si la Cámara Alta no accedía a su pedido.

La decisión legislativa fue tomada como un éxito de los camioneros que, por fin, lograron doblegar a un organismo del Gobierno para sus propósitos. En las carpas de los gremialistas y en los vehí­culos apostados a lo largo de las rutas se celebró el hecho como un claro triunfo de los choferes, que mostraron su ale­gría sosteniendo que de ese modo están marcando el rumbo del Gobierno. Aun­que todavía se aguarda que la Cámara de Diputados dé su visto bueno.

Uno de los aspectos llamativos de la sesión del Senado es la poca meticulo­sidad con que se dio visto bueno al pro­yecto de ley. El documento no se estudió en ninguna comisión, como habitual­mente se hace con las propuestas de leyes, y en la sesión plenaria los legisla­dores no pudieron analizarlo con estu­dios más completos, como correspon­dería a un tema delicado. El proyecto se aceptó a las apuradas con 26 votos a favor del total de 45 senadores, 18 ausen­cias y una abstención. Es decir, con el visto bueno del 57,7% de los legisla­dores. La prisa y la desprolijidad de la aceptación hizo pensar que actuaron de ese modo por el apriete ejercido por los camioneros.

En ese contexto no es raro que el vice­presidente de la República y precan­didato colorado a la Presidencia haya demostrado su simpatía por estos huel­guistas y señalado su oposición al pro­yecto de ley que pretende penalizar a los que cierran rutas y caminos públicos perjudicando la libertad de movimiento de la ciudadanía.

Los gremios del sector están moviliza­dos desde hace algunas semanas difi­cultando el libre tránsito y presionando por la obtención de varias solicitudes, algunas de las cuales nada tienen que ver con el sindicato: el descenso del precio de los combustibles, la elimi­nación de la ley que aumenta las penas por la toma de propiedades ajenas, que Petropar pueda importar derivados del petróleo sin hacer licitaciones ni la intervención de intermediarios, entre otras. El apresamiento de cinco diri­gentes del gremio acusados de querer extorsionar al Gobierno para abrir las rutas es otra de las preocupaciones del sector.

Para algunos observadores, el claro mensaje de lo acontecido es que, si se coacciona a los organismos del Estado, no importa si con medios lícitos o ilíci­tos, se pueden conseguir los objetivos propuestos. De ser correcto este razona­miento, las instituciones de la República podrían estar a merced de los violentos, que tienen capacidad de usar la fuerza para apretar y coaccionar.

El gran engaño es creer que la nueva ley permitirá que el precio de los combusti­bles se reduzca. Eso no es correcto. Los valores comerciales de los derivados del petróleo que compre el ente estatal no van a bajar por efectos de esta ley, ya que la cotización internacional está influida por factores que no se pueden controlar por esa norma, puesto que dependen de una serie de elementos que inciden en el mercado mundial. Y el principal es la guerra de Rusia contra Ucrania, que fue y es el detonante principal del disparo del precio del crudo.

Voceros de Petropar dijeron que con la ley que tiene media sanción del Senado no se van a abaratar los precios. Sí per­mitirá tener más proveedores, pero el precio final dependerá siempre de la cotización del mercado internacional. No es que el petróleo que importa Petro­par sea más caro porque la compra se hace a través de las licitaciones, sino por el alto valor en los mercados.

Para abaratar realmente los costos, hay que buscar otras medidas que inci­dan en el valor final de producto. Tales como la reducción de la cotización del dólar de importación y la tasa de algu­nos impuestos que se aplican a los deri­vados del petróleo. Lo demás es solo un engaño.