El proyecto de ley que pretende imponer penas a los que impi­den el libre tránsito de las per­sonas y la libre circulación de bienes en el territorio nacional está siendo discutido en los diversos secto­res de la ciudadanía. La propuesta quiere establecer un castigo carcelario a los que desean impedir las libertades estable­cidas por los artículos 41, libre tránsito de personas, y 108, libre circulación de productos, de la Constitución Nacional. Todo esto en el marco de la huelga de los camioneros que han cerrado rutas y calles impidiendo el uso de las libertades mencionadas para el resto de la ciuda­danía.

Los que están a favor de la ley ven la nece­sidad de establecer una norma penal que sancione el abuso de impedir las liberta­des de las personas sin más argumentos que el uso de la fuerza y la violencia con el cierre de rutas y calles. Los que están en contra del proyecto hablan de que con la ley se quiere criminalizar las protestas públicas. Lo cual no es cierto, pues no se pretende eliminar ninguna libertad sino castigar a los que abusan contra las liber­tades de otras personas.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) comparó la pre­tensión del proyecto de ley con el proce­der de la dictadura de Stroessner y señaló que estas normas son violatorias de un conjunto de derechos asociados y prote­gidos bajo la libertad de expresión. Pero se olvida de que los que violan las liberta­des públicas, con el pretexto de la liber­tad de expresión, son los que impiden el desplazamiento libre de las personas. Y que una sociedad democrática necesita proteger el uso de las libertades públicas mediante el castigo de los que infringen esas libertades e impiden el libre ejercicio del derecho de las demás personas.

Es difícil de entender que una institución que se dice ser defensora de los derechos humanos ignore el derecho de circula­ción de las personas para defender el afán ilegal de los que impiden el libre paso en las calles y rutas del país. Con la ley no se pretende sancionar por manifestarse o expresar públicamente posturas ideoló­gicas o políticas, como corresponde en cualquier país democrático. Lo que se desea es no premiar con la impunidad a los que en nombre de su libertad impiden las libertades de circulación y de tránsito de los demás.

Los que están actuando contra el libre tránsito de las personas han dicho que se quiere “criminalizar el cierre de rutas”, una manera absurda de querer legiti­mar el abuso que cometen unos cuan­tos piqueteros contra las libertades de la mayoría con el argumento de que están usando sus libertades, así como es tonto pedir que no se los castigue por sus atro­pellos porque entonces se penalizan esas libertades. Es irracional querer justificar el atropello de los violentos invocando los derechos que tienen los abusadores y olvidando los de las víctimas de sus tro­pelías.

El que comete cualquier tipo de exceso cercenando el derecho de otro debe ser objeto de una sanción punitiva, que es lo que se pretende reglar con el proyecto de ley que se está discutiendo para aplicar a los que con la violencia impiden la cir­culación y el libre tránsito. Castigar a los que van contra las normas jurídicas o las libertades públicas no significa crimi­nalizar a nadie. Es enmendar lo que está mal para corregir los excesos y penar a los infractores.

Por otro lado, no se puede desconocer el poder disuasivo que tienen las leyes, pues la posibilidad de un castigo por cometer un hecho punible tiene la virtud de frenar a los que quieren delinquir, porque lo que haga no le saldrá gratis. En ese sentido, se espera que el proyecto de ley en discu­sión, si llega a concretarse, detendrá a los violentos que ante cualquier situación quieren cerrar calles y caminos sin nin­guna consideración.

Así como está sucediendo actualmente con las invasiones de propiedades pri­vadas que, después de la reciente ley que aumenta las penas por ese delito, han disminuido fuertemente. Los legislado­res deben considerar los elementos de la realidad del país para proveerle de ins­trumentos jurídicos que garanticen las libertades públicas previendo castigos para los que van contra ellas.