Visiblemente debilitados en lo político y en su capacidad de movilización, los camioneros en huelga siguen insistiendo en sus pedidos para rebajar los precios de ciertos combustibles y otras medidas, como elimi­nar la ley que aumenta la pena a la ocupa­ción de propiedades ajenas, entre otras.

Gracias a que finalmente la Policía Nacio­nal actuó como corresponde a su obli­gación de impedir los cierres de las vías públicas, en las dos últimas jornadas el tránsito por las rutas del país no estuvo clausurado, sino tan solo en algunos luga­res y por breve tiempo. Se puede decir que estuvo casi normal, aunque con la presión de los camioneros que en los costados de los caminos se apostaron para presionar a los vehículos que pasaban. Fue evidente el debilitamiento de su convocatoria causado por diferentes hechos que se sucedieron.

El golpe más fuerte que recibieron los huelguistas fue la divulgación de los deta­lles del intento de extorsión del que se acusa a cinco dirigentes camioneros que pidieron coima al Gobierno a cambio de parar los cierres de ruta, según la Fiscalía. El hecho que se tramita en las esferas judi­ciales estaría desenmascarando el tras­fondo de esta lucha social que tiene sus rei­vindicaciones aceptables, pero que se está enturbiando con el recurso de ir contra las leyes y las libertades de tránsito y de circu­lación de las demás personas.

En declaraciones a algunos medios, el fis­cal que tramita el caso denunciado por el ministro del Interior dio detalles muy comprometedores contra algunos diri­gentes camioneros. Para el funcionario del Ministerio Público, no hay duda de que se trata de una extorsión, pues aseguró que los camioneros negociaron con el Ministe­rio del Interior no cerrar las rutas a cambio de la entrega de 300 mil dólares. Entonces, desde el Gobierno les tendieron una celada en la que cayeron el dirigente camionero que se fue al Ministerio del Interior a reti­rar la primera cuota de 50 mil dólares y los otros cuatro gremialistas que lo esperaban en una estación de servicio.

“No hay dudas de que se trata de un hecho de extorsión. Al escuchar las grabacio­nes, prácticamente se determina que fue una conversación normal, luego se pasa a la negociación del monto y lo que se iba dar a cambio”, detalló el fiscal Francisco Cabrera en una entrevista radial.

“El pedido fue de 300 mil dólares. El ministro (del Interior) les dijo que será difícil, pero acordaron un monto parcial. En la grabación se escucha al ministro hablar de la posibilidad del subsidio para el sector, luego de lo acordado. Los camio­neros dicen que tienen la autoridad y que pueden ordenar que ya no se hagan los cor­tes de rutas”, manifestó Cabrera.

Las acusaciones realizadas por el fiscal del caso son muy serias y, si se comprueban que son reales, estarían revelando el costado más dudoso de ciertos dirigentes sindica­les que no procuran realmente el bienestar de sus asociados, sino más bien su enrique­cimiento personal. Estarían mostrando la degradación más lamentable de las luchas gremiales de las que se aprovechan los inescrupulosos que recurren al delito para obtener sus propósitos inconfesables.

Debido a ello, las investigaciones que se están realizando actualmente con base en los datos aportados por el Ministerio Público son de gran relevancia. Si son rea­les los hechos denunciados, los sindicados deben ser castigados ejemplarmente para que sirva de escarmiento a los que se apro­vechan de ciertos cargos o puestos de res­ponsabilidad para pervertir la verdadera lucha social.

Los camioneros en huelga deben entender que la pugna que protagonizan no les auto­riza a violar las leyes y el orden público. Deben sentarse a negociar sus reivindica­ciones con las autoridades y organismos involucrados. El cierre de rutas, el boicot a la circulación y cualquier intento de extor­sión, antes que favorecerlos, los pone en el camino de la criminalidad y los hunde en la consideración pública.

La sociedad paraguaya no va a aceptar bajo ningún pretexto los actos que vayan con­tra sus derechos consagrados por la Cons­titución Nacional y las leyes, como son la libertad de transitar libremente por el territorio nacional y la libre circulación de productos nacionales o extranjeros por las rutas de la República.