Luego de los días de las celebracio­nes de la Semana Santa y el más grande desplazamiento en masa de la gente después de la pande­mia, la nueva etapa septenaria comenzó con otra amenaza. La de los camioneros que habían anunciado nuevas jornadas de paros y de clausura de rutas y calles públi­cas en todo el país. Lo más llamativo es que la medida de fuerza anunciada se pro­duce apenas unos días después del apre­samiento de cinco líderes de los transpor­tistas por la denuncia de haber pedido al Gobierno una coima de 50.000 dólares para no cerrar las vías públicas.

En una actuación especial, la Fisca­lía intervino días pasados cuando uno de los camioneros se presentó para lle­var la suma solicitada a las autoridades mientras otros cuatro directivos del gre­mio esperaban la llegada del dinero en un lugar cercano. Los cinco gremialis­tas pillados en falta fueron apresados por orden de la fiscal interviniente y acusados de haber intentado cometer una extorsión al Estado paraguayo, lo que en lenguaje cotidiano se llama coima.

Por todo lo acontecido la semana pasada, pareciera que la última amenaza del cie­rre de rutas responde al hecho de que el Gobierno no haya efectivizado la entrega del dinero que algunos dirigentes gremia­les habían solicitado, según la denuncia. El contexto en que se están produciendo los hechos hace sospechar que el cierre de rutas previsto para esta semana es una reacción a que no se recibió la coima y a las denuncias realizadas contra los gremialistas camioneros actualmente detenidos en el marco de la investiga­ción del intento de extorsión. Por eso no es extraño el pedido hecho por algunos dirigentes del sector afectado para que el Gobierno publique las pruebas del cohe­cho denunciado por el Ministerio Público.

El Gobierno no tiene por qué mostrar las pruebas que en el juicio las presentarán los representantes del Ministerio Público en el momento que corresponde a los trá­mites jurisdiccionales. La Fiscalía tiene que realizar las investigaciones corres­pondientes, acercar las pruebas que tenga al Juzgado y el juez de la causa determi­nará la responsabilidad de los acusados por el intento de extorsión. No se pueden eliminar las etapas procesales por la pre­sión que están haciendo algunos camio­neros sobre la situación de sus dirigentes investigados.

Ante el nuevo anuncio de cierre de rutas, por fin la Policía Nacional decidió actuar en las rutas del país para hacer frente a la medida de fuerza. En un documento oficial estableció el estado de alerta de seguridad del 100% ante la movilización anunciada por los transportistas, ya que el Gobierno tiene el propósito de hacer respetar el libre tránsito en todo el país, como corresponde en derecho, según anunció el ministro del Interior.

Como ya se ha dicho desde estas páginas, el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública para mantener o restablecer el orden en todo el país. Por eso ha causado extrañeza que anteriormente no haya actuado adecuadamente para evitar la agresión de los transportistas a las liber­tades de terceros. Postura que se aguarda pueda revertir actualmente para salva­guardar los derechos de los que nada tie­nen que ver en el asunto y son perjudica­dos por las medidas de fuerza.

El derecho a manifestarse es una garan­tía establecida por la Constitución Nacio­nal, que no debe vulnerar la otra también fijada en la Carta Magna para la libre cir­culación de las personas en todo el terri­torio nacional. El derecho a reclamar y manifestarse no tiene por qué afectar a los sectores de la ciudadanía que nada tie­nen que ver en el reclamo. El cierre de las vías públicas perjudica no solo al resto de la ciudadanía, sino también a los trans­portistas, que, al no trabajar, no producen ganancias y tienen costos fijos que cubrir.

Es necesario revertir el sistema de recla­mos actual. No hay por qué continuar con el hábito de recurrir a la violencia y la extorsión ante cualquier tipo de inquietu­des sociales o económicas. Debe ponerse de moda la conversación civilizada y el diálogo negociador para dirimir las dife­rencias y encontrar las soluciones a los problemas. La agresión y la violencia solo causan heridas que luego hay que resta­ñar y situaciones embarazosas que obli­gan a pagar altos precios.