Ningún conflicto tendrá una resolución satisfactoria y duradera fuera de los dominios de la Constitución Nacional y las leyes, que son instructivos de cumplimiento obligatorio para garantizar la coexistencia armónica dentro de un Estado democrático. El orden jurisdiccional reclama su constante perfeccionamiento de manera que acompañe los procesos de cambios que son naturales e inevitables dentro de una sociedad, pero sin alterar los valores fundamentales que nos definen como humanidad: el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la propiedad. Sin embargo, el primer paso, camino a las comprensibles transformaciones, es cumplir y hacer cumplir las leyes que están vigentes. Entre ellas, el libre tránsito por todo el territorio de la República sin obstáculos de ninguna laya.
Desde hace décadas la población es víctima del cierre ilegal de rutas por parte de manifestantes de diferentes extracciones: organizaciones campesinas, tractorazos de productores y, últimamente, camioneros como un método para presionar al Gobierno en la demanda de sus reivindicaciones, pero vulnerando uno de los derechos incontrovertibles que tiene el pueblo. Nuestra carta fundamental, la que el Gobierno no hace respetar, es contundente en su artículo 41: “Los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional…”. Razonemos. ¿Qué pasa cuando ese principio legal es violentado? El Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima para mantener o restablecer el orden. Empero, prefiere estar expectante ante los hechos que agreden impunemente las libertades de terceros. No ha demostrado firmeza para defender los derechos de personas ajenas a estas expresiones de protesta.
Los gremios de camioneros, centro de los últimos conflictos, han demostrado que solo buscan sus propios beneficios. Cinco de sus dirigentes más autoritarios hasta supuestamente negociaron a espaldas de sus compañeros para obtener ventajas del Poder Ejecutivo. Cayeron en una celada y ahora están con destino de prisión. Vamos a desglosar nuestra afirmación. Apelaron a la fastidiosa maniobra de atravesar sus camiones en medio de las rutas ante la escalada del precio de los combustibles. Levantaron sus impopulares medidas después de que el Gobierno accediera conceder un subsidio a Petróleos Paraguayos (Petropar), lo que implicaba la disminución del costo de los carburantes (nafta de 93 octanos y el diésel tipo III) que ellos adquirían, así como lo hace una pequeña franja de conductores particulares. Nunca hay que dar por sentado que el público lee siempre las mismas informaciones en el caso de los periódicos. Por consiguiente, las repeticiones tampoco serán redundantes. El subsidio que estuvo en vigencia casi tres semanas (11 millones de dólares) iba a representar al Estado 20 millones de dólares al mes y podría prolongarse hasta finales de junio, como máximo. Esa cifra de 60 millones de dólares cubriría el Tesoro público, es decir, los contribuyentes.
Los camioneros volvieron a movilizarse cuando la Cámara de Diputados tenía previsto estudiar la ampliación del subsidio a los emblemas privados dentro del proceso de estabilización de precios de combustibles, recurriendo a un fondo de 100 millones de dólares provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Amenazaron con que, de convertirse en ley dicho proyecto, volverían a cerrar las rutas. Con ese dinero, argumentaron sus líderes, podrían repararse rutas y colegios. Obviamente, no pensaron en los mismos términos cuando el subsidio estaba dirigido a satisfacer exclusivamente sus intereses, lo que denota la hipocresía de una lucha cuyos alcances reales no son claramente perceptibles, aunque sí sospechables. Mas los acontecimientos tuvieron un giro no previsto: en un mismo día ambas cámaras del Congreso de la Nación derogaron el subsidio a Petropar, hecho que motivó un nuevo malestar de los conductores de camiones y sus respectivos gremios. Entre los senadores, los siete representantes del Frente Guasu votaron en contra de la derogación. Y manifestaron públicamente su apoyo al subsidio a los camioneros.
Durante la Semana Santa hubo cierre de rutas obstruyendo una arraigada tradición paraguaya: viajar al interior para visitar a la familia. En cualquier momento la ciudadanía se puede hartar de estas determinaciones que violentan artículos constitucionales y exacerban los ánimos. El Estado, con los medios de que dispone, tiene la obligación de anticiparse a cualquier acontecimiento que conlleve actos de violencia, manteniendo el libre tránsito en todo el país. Al fin y al cabo, solo estará cumpliendo con lo que la Constitución le exige. En ese marco, y solo en ese, es que se dirimen las controversias.