El ministro de Justicia, Édgar Olmedo, debe priorizar las funciones que le competen al frente de la cartera antes que sus apetencias políticas y abocarse junto con sus colaboradores a resolver el problema de la seguridad, el descontrol y la corrupción reinante en los centros penitenciarios.
Si bien al asumir el cargo, Olmedo fue bien sincero al decir que no tiene conocimiento en temas penitenciarios y de seguridad, tomó la responsabilidad, recibe un salario nada despreciable que proviene del bolsillo de los contribuyentes, por lo que no puede seguir dando más tregua al caos en los penales, principalmente en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
En el primer mes de su administración saltó una serie de escándalos que burlan su rol de ministro de Justicia. El cumpleaños del joven Armando Rotela con batucadas y show pugilístico entre otros espectáculos fue una demostración más que contundente de quién realmente es el que manda dentro de la penitenciaría de Tacumbú, mientras Olmedo se enfoca en su campaña a diputado por Caaguazú.
Las últimas filtraciones y la tarea de investigación que ocupó a nuestro medio mostraron evidencias de los brazos caídos en el control de la entrada principal de Tacumbú. Grandes camiones con carrocerías cerradas, así como carretillas, personas a pie, entran y salen de allí sin que el personal de seguridad voltee al menos la mirada hacia lo que se introduce.
Para peor, quedó al descubierto que las planillas de movimientos de vehículos no registran el ingreso de estos camiones ni de transeúntes que pudieron haber ingresado elementos nocivos. Reclusos exhiben armas blancas, se sacan fotos, graban videos consumiendo bebidas alcohólicas, exhiben celulares de alta gama, realizan riñas de gallos y protagonizan todas las actividades que en teoría están prohibidas en Tacumbú.
Guardias penitenciarios se vuelven presos de los negocios de los jefes penitenciarios y son sindicados de recaudaciones en negro por canon de cantinas que operan con absoluta informalidad dentro de Tacumbú. El mismo director del penal tuvo que reconocer ante presiones mediáticas que 37 comercios, que no generan un solo guaraní al Estado, operan en la penitenciaría en dominio de los reclusos que mantienen tratos oscuros con los personales de seguridad.
De terror, pero a través de los proveedores que ingresan sin controles al penal, los reclusos meten lo que quieren y a la vista de todos está el consumo de droga y alcohol entre los internos que termina en todo tipo de desgracias.
Las publicaciones recientes del desborde y el altísimo riesgo de la seguridad penitenciaria movilizaron de vuelta a los altos funcionarios que salieron a dar entrevistas, organizaron reuniones de prensa sin mayores planteamientos sobre las soluciones que prevén al acuciante estado de peligro. Las declaraciones improvisadas, antes que abrir expectativas más esperanzadoras, solo confirman que el ministro Olmedo y su equipo están perdidos de políticas penitenciarias serias que apunten a la reinserción de las personas privadas de su libertad.
Lejos de enderezar a los reclusos, el sistema existente somete a la informalidad, a la transgresión de las normas sociales, al alcoholismo, a la drogadicción y a la privatización de Tacumbú a favor de fuerzas delictivas, como ocurre con el clan Rotela que subordina a toda la población penitenciaria, llámese reclusos, guardias y altos jefes. Este tema debe elevarse a un debate nacional para poner fin a estos negocios que solo favorecen a la extorsión y a los bolsillos de los altos jefes.
Los centros de reclusión fueron construidos para resguardar a las personas que tienen cuentas pendientes con la ley, con la misión de que puedan cumplir el castigo pertinente para luego reinsertarse a la sociedad. Sin embargo, esta situación es aprovechada por jefes y funcionarios que, traicionando los objetivos del Estado y las políticas institucionales que debieran aplicarse en el tratamiento de quienes están privados de su libertad, terminan hipotecando las cárceles para sacar ventajas particulares.
El ministro de Justicia, a quien ya se le frenó media docena de altos recomendados en puestos claves de recaudaciones en negro, debe redireccionar su rumbo, dejar de lado los intereses políticos, dar señales de posibles soluciones a la problemática de la inseguridad y el peligro en Tacumbú como en todas las penitenciarías del país.