Para el Banco Mundial, el despilfarro de los fondos públicos en nuestro país es muy elevado, por lo que recomienda que se tomen medidas urgentes para disminuirlo y hacer que el Estado pueda ser más eficiente. Esto ha señalado en su informe titulado “Consolidar la recuperación: Aprovechando las oportunidades del crecimiento verde”, dentro del contexto de la situación general de América Latina y el Caribe, región que ha sufrido muy fuertemente los golpes ocasionados por la pandemia. En el documento analiza los indicadores de las economías de los países de la zona, incluyendo los de Paraguay.
El mensaje señala que en los últimos dos años las naciones de esta parte del mundo realizaron un gran esfuerzo en términos de estímulo fiscal para disminuir el impacto de la pandemia sobre la economía. Que se hace necesario ahora disminuir el gasto público para alivianar la situación, realizando ajustes fiscales “de forma racional y socialmente amigable”.Los analistas estiman que el Paraguay pierde alrededor del 4% de su producto interno bruto (PIB) a causa de los gastos indebidos, lo que en términos monetarios ronda los 1.600 millones de dólares, que en moneda local representa más de 11 billones de guaraníes.
Según la visión del organismo financiero internacional, el despilfarro de los fondos estatales se debe principalmente a las deficiencias en las contrataciones públicas, las transferencias maldiseñadas y las políticas de recursos humanos inadecuadas. A lo que hay que añadir una fuerte dosis de deshonestidad instalada en la administración pública, que adquiere diversas formas en la estructura del Estado debido a la influencia de la politiquería, según la opinión de los analistas locales.
El propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha publicado que el 25% de los presupuestos en salud pública se pierde por “mala gestión” o por corrupción. Si este porcentaje se aplicara a los últimos presupuestos asignados durante la pandemia se está ante cifras muy elevadas. Lo peor es que la mayor parte de estos montos deben cubrirse en gran medida con nuevos préstamos del Estado; es decir, con más déficit fiscal.
Si el Gobierno quiere corregir esta situación, tiene que tomar con urgencia varias medidas de relevancia, realizando cambios en las estructuras del Estado y en el sistema de asignación de los recursos públicos. Los técnicos sugieren que es necesario que se ponga en vigencia una nueva ley de compras públicas, que sea rigurosa en la evaluación de los proveedores para evitar las empresas de maletín, tan frecuentes en las licitaciones. También se debe castigar con dureza el tráfico de influencias y evitar los conflictos de intereses con el fin de disminuir los focos de corrupción. Los especialistas también consideran que es necesario encarar una nueva ley de la función pública para corregir los errores de la norma actual. Tiene que hacer que sea imposible contratar empleados públicos en todos los poderes del Estado y municipalidades sin la aplicación de los concursos públicos.
Otro punto fundamental en la readecuación del Estado es disminuir el número de empleados estatales. Sin la reducción del personal público ninguna reforma estatal será útil. La gran cantidad de trabajadores en todos los poderes del Estado hace que de cada 100 guaraníes que recauda en concepto de impuestos, 70 guaraníes se destinen al salario de los estatales. Esto obliga al Gobierno a recurrir a nuevos préstamos de dinero para poder cubrir otras erogaciones que no puede solventar con sus percepciones impositivas. Por eso cada año aumenta su deuda y pone en peligro la disminución del déficit fiscal, que hace varios años está por encima del 1,5% que establece la ley.
Una de las principales exigencias para la actual administración del Gobierno es encarar en el tiempo más breve posible la reforma del Estado. Porque si no se emprende la reestructuración estatal, en el breve tiempo el país sufrirá situaciones impensables. Una de ellas podría ser la cesación de pagos por falta de fondos para hacer frente a la deuda, cosa que se puede evitar con la disminución de los excesivos desembolsos en sueldos y otros gastos evitables. Para ello hay que eliminar los derroches en las erogaciones salariales, las compras públicas innecesarias y las transferencias para ciertos subsidios que no tienen razón de ser.