Las propuestas de aumentos salariales para un sector de funcionarios del Estado preo­cupan tanto a los exponentes del Gobierno como a los empresarios del sector privado. Afirman que son tremen­damente inoportunas desde el punto de vista administrativo y constituyen una amenaza a la estabilidad de las finanzas públicas, que siguen con un déficit supe­rior al permitido por la ley.

Desde ciertos sectores del Gobierno que apoyan la candidatura del Vicepresi­dente alientan esos aumentos para cose­char los votos de los funcionarios para el precandidato oficialista. Por eso el vicepresidente Hugo Velázquez firmó en marzo un preacuerdo para un ajuste del 15% con la Coordinadora de Gremios de Funcionarios Públicos y Entes Descen­tralizados. Aunque en un rapto de cor­dura, desde el Palacio de López, voce­ros del Ejecutivo manifestaron el lunes su oposición a cualquier tipo de incre­mento salarial. Lo que no impidió que la Cámara de Diputados haya aprobado un proyecto de ley que autoriza un alza del sueldo para los actuarios judicia­les, que ahora aguarda la resolución del Senado. El aumento para este sector y para los empleados administrativos de Salud Pública alcanzaría los 140 millo­nes de dólares, suma que no tiene cómo cubrirse con los ingresos tributarios que algunos quieren recortar.

Luego de la reunión conjunta del lunes último entre empresarios y altos fun­cionarios del Gobierno, algunos voceros coincidieron en manifestar su preocupa­ción por las ideas de un sector del Poder Legislativo, que quiere reducir las tasas de algunos impuestos y al mismo tiempo autorizar aumentos salariales a los tra­bajadores del Estado. Gente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) señaló que, si eso ocurriera, el déficit fiscal de este año se elevaría en 1,5 puntos porcentua­les y amenazaría seriamente la estabili­dad macroeconómica que no está en su mejor momento.

Uno de los voceros del Ministerio de Hacienda dijo que la preocupación es porque las iniciativas legislativas, si toman cuerpo, pueden afectar a las finanzas públicas en alrededor de 700 millones de dólares debido al impacto de los aumentos salariales y la disminución de las recaudaciones. Con ello se pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y el equi­librio macroeconómico, que permitió aguantar los golpes de los últimos años.

Si se llegan a concretar las medidas que proyectan algunos sectores oficia­les, el déficit del Estado podría llegar al 4,6% en lugar del 3% programado en el presupuesto de este año. El sector pri­vado sostiene que las disposiciones que estudia el Congreso generarán malas condiciones para el empleo y pueden desalentar las inversiones. “Estamos caminando por la cornisa y no nos esta­mos dando cuenta”, comentó el presi­dente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte. Pidió responsa­bilidad a los sectores políticos, puesto que nos encontramos en medio de una crisis mundial, a la que se suman las consecuencias de la sequía y los cole­tazos del contrabando. Pidió que no se ponga en peligro la estabilidad macro­económica.

La situación laboral de los funcionarios del Estado es muy diferente a la de los empleados del sector privado. Traba­jan menos horas y días a la semana, por lo que no se los puede comparar con los trabajadores no gubernamentales. El empleado estatal trabaja solo 5 días a la semana, de lunes a viernes, y sus hora­rios laborales son de 6 horas en los pode­res Judicial y Legislativo, y de 8 horas en el Ejecutivo. Los estatales no acumulan obligatoriamente las 48 horas semana­les del sector privado, pues si en el Poder Ejecutivo se alcanza 40 horas, en los otros dos poderes trabajan solamente 30 horas por semana. No se hable de la can­tidad de empleados estatales, que por su número excede largamente las necesi­dades del Estado, y que, por su peso en el total de los gastos públicos, es determi­nante para el déficit de una entidad que eroga mucho más de lo que recauda.

Por donde se lo mire la posibilidad de un incremento salarial para los esta­tales es peligroso y desaconsejable en este momento crítico de la vida del país. Cualquier actitud en contrario peca de ser antipatriota y es un grave acto de irresponsabilidad. El Estado paraguayo ya tiene suficientes problemas financie­ros que le afligen para que desde los sec­tores públicos, de manera insensata, le agreguen algunos más.