Las negociaciones de Paraguay con Brasil sobre la futura tarifa de la energía de Itaipú están empantanadas. Y ni el más opti­mista vislumbra que pueda existir un acuerdo posible ante las posiciones con­trapuestas: Paraguay quiere mantener la tarifa actual porque eso le permitirá a la Ande capitalizarse para realizar nume­rosas obras programadas, en tanto que Brasil quiere bajarla, y de hecho ya lo está haciendo en su territorio. Para colmo, está presionando también para elimi­nar el acuerdo Ande-Eletrobrás que tiene numerosos beneficios para nuestro país, que el Gobierno Nacional no lo va a per­mitir.

Tanto el director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, como el presi­dente de la Ande, Félix Sosa, recono­cieron el martes último que Brasil está presionando a Paraguay para sacarle beneficios en la hidroeléctrica. Existe un acuerdo firmado en el 2007, que rige hasta el 2023, que le permite a la Ande tener prioridad sobre los excedentes de la ener­gía de Itaipú, que son más baratos, a cam­bio de otros beneficios que se les cedió a Brasil, que ahora quiere revisar. Si Para­guay comprara la totalidad de la poten­cia garantizada, debería pagar más y los precios de la Ande al consumidor final aumentarían. Según el presidente de la misma, si esto ocurriera no contaría con los fondos para financiar sus obras.

El lunes último, el canciller nacional, Euclides Acevedo, fue muy claro en el tema, pues aseveró que las propuestas de los brasileños son inaceptables y que se deben mantener los beneficios para el ente eléctrico paraguayo. Lo cual quiere decir que no hay acuerdo posible con el Brasil, aunque prosigan las reuniones téc­nicas, ya que en el tema de fondo no habrá variaciones.

Algunos políticos insinuaron que tal vez los presidentes de los dos países se puedan encontrar para ver qué entendi­miento posible se podría articular. Pero si ni Mario Abdo Benítez ni Jair Bolsonaro van a presentar una posición diferente a la que sostienen sus gobiernos, cualquier reunión de alto nivel por más cordial que fuere no podrá cambiar la situación de fondo. Y, por consiguiente, no habrá acuerdo de ninguna laya. Con lo cual un encuentro presidencial no aportaría nin­guna solución, a menos que ocurriera algún milagro.

Por eso se impone que se busque un nuevo mecanismo de concertación, un plan B para encontrarle alguna salida digna a la situación. Dado que lo que está en juego es muy importante para nuestro país y para el desarrollo de su economía, no se puede dejar de buscar una respuesta.

Cabe preguntarse en esta circunstancia si el Gobierno Nacional tiene ya un plan B. ¿Qué se prevé en ese plan? ¿O es que toda­vía no se ha hecho nada en ese sentido y estamos a merced de los acontecimientos que puedan suceder?

Como en toda negociación, para llegar a un acuerdo, una parte debe ceder algo a cambio de algunas ventajas, en tanto que la otra parte deberá también hacer algu­nas concesiones para obtener otros bene­ficios. En este plan B, ¿Paraguay podría ceder en reducir algo la tarifa de Itaipú de 22,60 dólares por kW/mes, por ejemplo, a cambio de no perder los beneficios del acuerdo Ande-Eletrobrás? ¿Y Brasil acep­tar que en vez de reducir la tarifa a 18,95 dólares por kW/mes que pide, descienda algo menos? Tal vez una fórmula tran­saccional podría ser bajar solo un 50% de lo que sugiere el país vecino, con lo que la tarifa quedaría en 20,78 dólares por kW/mes, siempre que sigan vigentes las venta­jas del acuerdo de la Ande con la empresa brasileña.

Con ello descendería a la mitad el capital que el organismo eléctrico para­guayo quiere recibir para sus inversiones y a cambio continuaría con los beneficios del acuerdo con Eletrobrás. Brasil con­seguiría reducir un tanto la tarifa como está pretendiendo. Un plan de esta índole le beneficia a cada uno de los dos socios a cambio de algunas concesiones, sin perju­dicar mucho a ninguna de las partes.

Cualquier posible acuerdo debe contem­plar los intereses de las dos partes, sin ir contra asuntos esenciales. Pero nunca se debe admitir que salga ganancioso solo uno de los socios a cambio del sacrificio del otro, como se desprende de las actua­les exigencias brasileñas.