Hace un mes que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, que ocasionó, entre otros reveses para el mundo, la suba del precio del petróleo, que llegó rápidamente al Paraguay. Los valores de los carburantes tuvieron sucesivas alzas en el mercado nacional, tanto que en poco tiempo han amenazado la estabilidad de las empresas y el presupuesto del consumidor común. A pesar de los sucesivos intentos y ensayos de solución, aquí no se ha encontrado todavía un paliativo para todo el mercado nacional, ya que lo único que se logró aplicar es un sistema que solo afecta a la petrolera estatal, que constituye una ínfima parte de las gasolineras del país. Petropar tiene 228 estaciones de servicio en todo el país, lo que representa apenas el 14% del mercado de combustibles. El 86% restante no ha conseguido ningún tipo de medidas que le ayude a rebajar el valor comercial del producto.
Debido a la incertidumbre que reina en todo el mundo por la guerra europea y sus consecuencias, no se puede afirmar si esta situación que nos afecta concluirá pronto o tendrá una larga duración. En nuestro país, a pesar de los intentos, las reuniones y proyectos fallidos, lo único cierto es que no se ha encontrado aún un paliativo general. Es que cuatro semanas, desde el primer ataque de Putin a Ucrania, parecen ser demasiado poco tiempo para que la burocracia estatal alumbre las primeras soluciones en la principal preocupación que aflige ahora a la nación. Por eso hay que sacudirse la modorra y encontrar salidas rápidas, con imaginación y solidez.
El Gobierno no debe creer que estas situaciones las va a resolver solo, con una varita mágica, con Petropar y nada más. El tema es complejo y se tiene que buscar la cooperación privada para consensuar disposiciones que abarquen también a las estaciones de servicio de las diferentes marcas no estatales. Hay que tener en cuenta que existen alrededor de 2.000 gasolineras de empresas privadas en todo el país, con más de 37.000 trabajadores cuya situación corre serios riesgos si no se encuentran rápidas respuestas. Están bien las rebajas que se han logrado con la petrolera estatal, que se van a compensar con el sacrificio de una parte de los fondos estatales. Pero no bastan, porque el problema es más complejo y de gran extensión.
El Equipo Económico Nacional (EEN) debe reunirse con los principales gremios de la producción, el comercio y los emblemas de combustibles para buscar con rapidez una solución que abarque a todas las gasolineras del país. Para eso serán necesarias algunas medidas que solo el Gobierno puede tomar a través de los ministerios y el Banco Central del Paraguay (BCP), pero que necesitan la cooperación y ayuda del sector privado. El área empresarial puede ayudar con la experiencia que se tiene en otros países y la colaboración de sus técnicos que conocen bien los problemas del mercado.
Hasta ahora, las medidas que ha querido concretar el Gobierno han tropezado con rechazos políticos, como el caso de la creación de un fondo de estabilización para subsidiar los precios con un préstamo externo de 100 millones de dólares.
Es imprescindible la creación de un fondo de estabilización con recursos financieros de diverso origen. Si no es recomendable un crédito del exterior, se pueden utilizar algunos recursos provenientes del impuesto selectivo al consumo (ISC), para lo que se necesitará la ayuda del Congreso en la modificación de la ley. Otra medida es recortar los gastos del presupuesto estatal, especialmente de los beneficios y gastos no esenciales. También se tiene que incluir una reducción del tipo de cambio del dólar para la importación de derivados del petróleo mediante una resolución del BCP. El paquete de medidas puede constituir un remedio a la crítica situación planteada, que se puede ir flexibilizando en la medida en que cambie el panorama petrolero según la evolución del clima político internacional.
El Gobierno tiene que disponer de instrumentos válidos para hacer frente a cualquier contingencia, por lo que es necesario que genere medidas eficientes. Así como se tienen extintores para contrarrestar un posible incendio, de ese modo el Estado debe contar con recursos especiales para enfrentar este tipo de eventualidades.