Etimológicamente, el bando consis­tía en un edicto, ley o proclama­ción pública de alguna autoridad. En él se establecían prohibiciones de diversas índoles y se disponían, por ejem­plo, duras sanciones para quienes introdu­cían mercaderías sin pagar los respectivos impuestos al gobierno, antiguamente a la Corona española, que es, también, el origen de medidas similares adoptadas en Amé­rica y, naturalmente, Paraguay. Los que se dedicaban al transporte y comercio ilegal de productos, esto es, sin abonar los tribu­tos correspondientes, actuaban en contra de ese bando. De ahí la palabra yuxtapuesta.

El contrabando a gran escala es un flagelo que históricamente castiga a nuestro país, con una complicidad también histórica de las autoridades encargadas de resguardar las fronteras. No pocas veces en la propia Direc­ción Nacional de Aduanas se adulteran las declaraciones a pedido de seudoimportado­res para pagar menos por mercaderías que deberían pagar más. O, peor aún, por utili­zar un término muy de esos funcionarios: se liberan los containers “en frío”, generando una competencia desleal con quienes cum­plen honradamente con todas las exigencias aduaneras. Por eso tenemos funcionarios de esta dependencia del Estado, que acumulan fortunas y gustos caros en directa contrapo­sición con el salario que perciben. Alguna vez deberá realizarse una investigación minu­ciosa para desnudar esas incompatibilida­des y aplicar medidas ejemplares que hagan pensar dos veces a quienes intentan come­ter cualquier delito. La impunidad, es bueno repetirlo, es la generosa avenida para la rei­teración de la corrupción en un ciclo inter­minable en que unos pocos se privilegian en detrimento de toda la sociedad y, en especial, de los sectores formales de la producción, la industria y el comercio.

El último gran escándalo, con filmaciones como pruebas evidentes, involucra –den­tro de esas paradojas tan paraguayas– nada menos que al titular de la Unidad Interins­titucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando, Emilio Fúster. Este farfulló algunas explicaciones poco convincentes. Se evidenció que frente a las narices de quienes deberían custodiar el cumplimiento de la ley se dejó pasar –la famosa “vista gorda”– un voluminoso carga­mento de contrabando. Los productos que fueron introducidos contrariando explícitas normativas legales fue un acto que contó con la complicidad de policías y militares.

El crimen no se combate con espíritu pusi­lánime. Las autoridades deben proceder con determinación, coraje y firmeza, sin ánimo dubitativo, para enfrentar los graves dra­mas que atentan contra los intereses del Estado. La explicación del ministro Fús­ter demuestra que no está preparado para el cargo. Declaró que abortaron el opera­tivo de represión –en esa situación especí­fica– para evitar “una carnicería” porque, supuestamente, los infractores de la ley “estaban armados”. Con esa elucubración insólita solo nos resta pensar que hay que entregar el país al crimen organizado por­que está mejor pertrechado que los órganos de seguridad. Un disparate que no resiste el impacto de la racionalidad ni del sentido común. Si no está en condiciones de cum­plir con sus responsabilidades, tiene que irse a su casa. Pero no, Fúster es de los que se atornillan en sus cargos sin un mínimo de dignidad para aceptar la magnitud de su incompetencia.

La Cámara de Senadores los convocó este martes 15 para que expliquen el ingreso de un convoy de contrabando sin que las auto­ridades hayan procedido al decomiso. Y, más que nada, las razones del manto de oscura impunidad que cubre a todos los involucra­dos. El encargado de combatir el contra­bando alegó que no realizaron las denun­cias correspondientes porque no tenían la certeza de que sus acciones serían jurídica­mente respaldas. De nuevo unas declaracio­nes que desnudan la torpeza y/o complicidad de Fúster y que refuerzan el imperativo de su destitución.

Gremios empresariales de diferentes rubros han unido y levantado su voz de protesta, exigiendo al Poder Ejecutivo un “golpe de timón” para “combatir el contrabando y proteger el empleo”. En esa misma línea de reflexión podemos asegurar que si la impuni­dad continúa enseñoreándose dentro de las instituciones, la corrupción avanzará cada vez más con mayor osadía y descaro, con­taminando todos los espectros de nuestra sociedad. El Gobierno debe tomar medidas indubitables para que podamos compensar el enorme esfuerzo que están desplegando las organizaciones civiles y empresariales para avanzar hacia un futuro más promisor, supe­rando esta crisis sanitaria y económica que nos está acogotando. Ya no tenemos minutos para perder.

Finalmente, los que pierden son los paragua­yos de a pie que trabajan en puestos de indus­trias y emprendimientos en general que son perjudicados por el contrabando, mientras que –en verdad– lo que tendría que ocurrir es que se protejan tales puestos laborales y se los incremente.