Las internas del Partido Colorado están llegando peligrosamente a prácticas deplorables, sobre todo por la postura asumida por el grupo que apoya la candidatura del Vice­presidente en las próximas elecciones al interior de la agrupación política.

Colorado Añetete, que apoya al Vicepre­sidente, está utilizando los resortes del Gobierno para castigar a los de Honor Colorado con todos los instrumentos posi­bles. Como ese sector cuenta con el apoyo del presidente de la República y parte del aparato estatal, usan las estructuras del Estado para perseguir a sus adversarios, demostrando la lamentable práctica de emplear los bienes e instrumentos que pertenecen a todos los paraguayos para obtener sus fines politiqueros.

Últimamente han llegado al colmo de tratar de perjudicar a las empresas vin­culadas al ex presidente Horacio Cartes mediante la utilización de normas jurí­dicas y otros elementos que administra el Poder Ejecutivo. Como los que defien­den la candidatura del Vicepresidente detentan el poder político, están usando el mando que les confiere el Estado para manejar el país con el fin de destruir todo lo vinculado al sector partidario de HC. Si hay que hacer daño a empresas e indus­trias que generan riqueza para el país, pagan sus impuestos y otorgan empleos a miles de personas, les tiene sin cuidado porque para ellos sus intereses sectoriales son más importantes que los de la nación.

Uno de esos hechos es el ocurrido a comienzos del mes. Un día después de la pomposa denuncia hecha por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el ex presidente Cartes, diciendo, entre otras cosas, que como accionista de una tabaca­lera está en el contrabando de cigarrillos, el 4 de febrero el presidente Mario Abdo Benítez promulgó el Decreto N° 6619 por el que incrementa el impuesto selectivo al consumo al tabaco del 18% al 20%. Por supuesto, el Presidente tiene la potestad de hacerlo, pero resulta muy curioso que haya alzado la carga impositiva en 11,1% al elevar el tributo en 2 puntos porcentuales solo al tabaco y no a otros productos. Y, por rara coincidencia, ocurrió justo el día des­pués del show mediático del ministro del Interior contra su enemigo político.

Luego vinieron las arremetidas contra la industria del grupo, la Tabacalera del Este (Tabesa), para proseguir los ataques con­tra los adversarios en las internas colora­das, hecho que tiene connotaciones muy negativas por sus alcances en el sector de las empresas privadas. Estas embestidas no solo afectan a la empresa mencionada, sino a todo el sector industrial y al país, pues está dañando la imagen del Para­guay ante la mirada de los inversionistas, según explicó José Ortiz, presidente de Tabesa y de la Unión de Tabacaleras del Paraguay (UTP). Dijo que el hecho de que estén persiguiendo en nuestro país al prin­cipal aportante al fisco, que tiene muchos empleos formales, “significa para ellos que no hay seguridad jurídica, por lo que seguro mirarán bien antes de realizar nue­vas inversiones”, manifestó refiriéndose a posibles nuevos inversionistas.

Agregó que el daño no se le está haciendo al ex presidente, sino principalmente al país. Se quejó de que, por un asunto político-par­tidario, ciertas personas que tienen influen­cia están sobrepasando los límites y pueden destruir actividades económicas lícitas.

Recordó que el sector tabacalero da empleos a más de 10 mil personas y que aporta alrededor de 80 millones de dólares en impuestos, por lo que resulta peligroso que lo persigan. “Acá lo importante es que, si atacan a Tabesa, también afectan a las demás tabacaleras. Eso quiere decir que atacan la esencia del negocio”, manifestó.

Las maniobras agresivas del sector guber­namental en las internas del Partido Colorado no solo bordean el límite de lo permitido, sino que directamente están causando un perjuicio a todo el país. Son actos rayanos con la delincuencia que no se deben permitir ni tolerar en una socie­dad civilizada bajo ningún pretexto. Los que están involucrados en ellos no ins­piran la menor confianza para dirigir la nación y tendrían que ser apartados de la función pública por su accionar tan empa­rentado al de los malhechores.

Si no, sería como dar vía libre a los delin­cuentes que están ganando terreno y se hará todavía más daño al Paraguay.