Las recientes denuncias realiza­das por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, señalando que el sistema financiero y la Bolsa de Valores de nuestro país están inficionados por el dinero sucio y la corrupción, han sido totalmente descalificadas por los expertos en la materia. Primero, porque lo dicho por el funcionario no tiene nada que ver con la realidad, pues el sistema bursátil se maneja por estrictas normas que cuidan el origen de los fondos y la normalidad de las operacio­nes tanto para los que colocan como para los que captan los productos bursátiles. Llama­ron la atención por la gravedad de los car­gos, que no reflejan lo que acontece en los hechos reales, que demuestran que el secre­tario de Estado desconoce las normas que rigen el sistema financiero. Y dan pie a una versión totalmente engañosa con el propó­sito político de descalificar a algunas perso­nas señalando falsedades y mentiras, que si no fueran tan graves, serían motivo de risa. Por disparatadas y absurdas.

Aunque inexactas, las acusaciones tam­bién causaron preocupación en el mer­cado financiero del país por provenir de un funcionario de alta investidura. El mundo bursátil y de las finanzas habitualmente se mueve con base en la confianza de los inver­sionistas y suele ser muy sensible a las ver­siones noticiosas.

Por eso algunos entendidos en la materia señalaron que las palabras del ministro del Interior pueden ser temerarias y peligrosas para el sistema financiero, y que en ese sen­tido es una expresión de terrorismo finan­ciero. Aunque también se ha dicho que al ser tan absurdas y poco creíbles, mucha gente no le habrá dado importancia.

La semana anterior, Giuzzio montó un publicitado show mediático en la Cámara de Diputados en que realizó una serie de denuncias con el propósito político de des­viar la atención por las acusaciones que reci­bió debido a la pésima tarea en el manejo de la seguridad pública y la alta incidencia de la delincuencia.

El ministro fue tan poco sensato en su acu­sación que en su cuestionamiento al sistema bursátil del país afirmó: “Esto no es una bolsa de valores. Esto es una bolsa de delin­cuentes”.

Esto hizo reaccionar a exponentes del sis­tema financiero que lo desmintieron. Seña­laron que la Bolsa de Valores se rige por una gran cantidad de normas, de nivel nacio­nal como internacional, con el propósito de combatir y prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La bolsa está regulada por la Comisión Nacional de Valo­res (CNV) que dicta las normas y controla a las empresas. Paralelamente, las entida­des calificadoras de riesgo se encargan de supervisar los balances, los nombres de los accionistas, el destino del negocio y cual­quier información relacionada al uso del dinero para calificarlas. Todo lo cual está fiscalizado por la CNV.

El abogado Pedro Ovelar señaló que las denuncias del ministro forman parte de un ataque político y un show mediático para instalar mentiras. Que busca darle un ropaje de legalidad o supuestas consisten­cias, pero con base en hechos falsos, inexis­tentes o de hechos que existieron, pero no tienen vinculación con las personas a las que acusa, o de algunos hechos verdaderos y totalmente lícitos.

Fue contundente al señalar que las acusa­ciones de Giuzzio atentan contra el sistema financiero debido a un absoluto desconoci­miento de la realidad, o movido por mala fe.

“Si uno afirma de manera contundente, como él lo hace, es porque tiene pruebas suficientes. Si no cuenta con ningún ele­mento probatorio, estamos hablando de que es temeraria su denuncia y ni qué decir de falsedad. Es insostenible por parte de Giuzzio lo afirmado ante la Seprelad y la Comisión Permanente, no tiene forma de sostener con ningún elemento probatorio”, puntualizó.

Luego se refirió a que la acusación tendría que haberla presentado ante la Fiscalía y no ante la Seprelad, que no tiene potestad para juzgar. Con lo cual, está violando la Consti­tución Nacional que establece que es atri­bución del Ministerio Público tramitar las denuncias y ejercer la acción penal cuando y como corresponde, según determine la ley. Presentarla ante otro ministerio del Eje­cutivo puede tener peso mediático, pero no corresponde porque no tiene jurisdicción ni atribuciones penales si se quieren hacer cumplir las normas correspondientes.

Y significa más bien un fuerte afán publicita­rio antes que interés en que se haga justicia.