El diputado Rodrigo Gamarra emitió su opinión respecto al discurso que sostienen varios referentes del sector opositor, quienes constantemente buscan instalar la versión de que en Paraguay rige la “dictadura”, sin embargo, este afirmación solo es sostenida cuando algo no les gusta o no les favorece, pero guardan silencio cuando ellos son los protagonistas de los atropellos.

“Ya no sé a qué le llaman dictadura y a qué democracia, cada vez que que ocurre una situación que a ellos no les gusta o no les favorece, ya sea desde una elección democrática a través de las urnas, una elección de los pares en ambas Cámaras para ocupar cargos legislativos y extrapoder, para ellos es dictadura y copamiento, ahora si ellos son elegidos, es democracia”, señaló.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el parlamentario colorado se refirió a los hechos que tuvieron lugar días atrás, donde varios integrantes del sector opositor lideraron una violenta movilización que derivó en una posterior denuncia por parte de la Policía Nacional por perturbación a la paz pública.

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“Lo que ocurrió en el Palacio de Justicia es un caso sin precedentes, la Policía Nacional, que tiene la atribución constitucional de reprimir en casos de atropellos a las instituciones públicas, de disturbios, tal y como ocurre en los estadios de fútbol cuando las personas desubicadas ponen en peligro la vida de la gente. Este no era un caso distinto”, aseveró.

Medios de prensa, videos y fotos que se publicaron en redes fueron testigos de que legisladores opositores, protagonizaron un “atropello”, según indicó Gamarra, a las fuerzas del orden. Para el diputado es claro que los mismos violentaron a los agentes de la Policía, en modo de provocación y tratando de generar una reacción de los mismos.

“Hay una foto en la que el senador Rafael Filizzola le está escupiendo prácticamente a un policía, gritando de manera violenta, empujándole para que el policía reaccione, pero los policías dieron un ejemplo de civismo yendo a presentar una denuncia, por eso me parece digno de felicitar, porque incluso les da la oportunidad a que esa gente se defienda y diga por qué se fueron a atropellar ese lugar”, indicó.

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A esto añadió, “pero eso no les vuelve a gustar y dicen que es dictadura, acaso los policías no tienen derecho civiles y no pueden denunciar si son agredidos”. El diputado cuestionó que los opositores hablen de dictadura cuando a menudo sus actuaciones recaen en atropellos a instituciones y autoridades , pero no haya autocrítica para reconocer esos hechos que representan un atropello a la democracia.

“En dictadura no hubiesen podido movilizarse, no hubiesen podido lanzar acusaciones temerarias contra el presidente, hacia miembros del Congreso y otras autoridades, ellos violentan derechos de terceros, pero alegan que hay dictadura, es ilógico e irracional lo que plantean. Paraguay goza de extremas libertades, incluso es reconocido por colegas diputados y senadores de otros países, la libertad que gozamos es plena y no existe ningún indicio de dictadura en ningún aspecto”, concluyó.

• Buenos Aires, Argentina. AFP.

El gobierno del presidente argentino Javier Milei anunció la desclasificación de documentos de inteligencia referidos a la última dictadura militar al cumplirse ayer lunes el 49 aniversario del golpe de Estado de 1976. “El presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período de 1976 a 1983. Así como toda otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de las fuerzas”, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según explicó, la medida implica el “traspaso absolutamente de estos archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado a la órbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos”. El anuncio se oficializó en coincidencia con la conmemoración este lunes del Día Nacional de la Memoria que recuerda el inicio de la última dictadura militar que dejó unos 30.000 desaparecidos, según organismos defensores de los derechos humanos.

La decisión obedece a un decreto de 2010 (durante la presidencia de Cristina Kirchner) que “si bien se dictó hace 15 años, nunca que cumplió completamente”, señaló el portavoz. El gobierno de Milei pregona lo que denomina la “memoria completa” de lo sucedido durante la última dictadura al equiparar los crímenes de las fuerzas armadas con los de la guerrilla, algo que fue rechazado por los organismos de derechos humanos.

“Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la memoria, no en los archivos de inteligencia”, dijo Adorni. “Los archivos pasarán ahora a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política”, agregó. Como cada año, los organismos de derechos humanos marcharán este lunes a Plaza de Mayo con el apoyo de sindicatos y partidos opositores en conmemoración del Día de la Memoria.

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Decenas de miles de personas marcharon este lunes en Buenos Aires junto a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo bajo la consigna “Memoria, verdad y justicia” a 49 años del golpe de Estado que dio lugar a la última dictadura militar (1976-1983). En el Día de la Memoria, organismos defensores de los derechos humanos, partidos políticos opositores, sindicatos y movimientos sociales y de estudiantes convocaron a la marcha que bloqueó el centro de Buenos Aires en un día feriado en Argentina.

Al grito “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza” las columnas saludaron el paso de integrantes de esa organización que todavía buscan a sus hijos desaparecidos. Organismos de derechos humanos cifran en 30.000 los desaparecidos, en tanto Abuelas de Plaza de Mayo buscan a unos 400 niños que fueron robados al nacer durante el cautiverio clandestino de sus madres.

“En esta larga lucha llevamos 139 casos resueltos. Hace apenas dos meses restituyeron la identidad de un nieto y una nieta que nunca habían sospechado de su origen. Necesitamos de toda la sociedad para encontrarlos a todos, nunca es tarde”, dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, una de las oradoras del acto.

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“El Estado debe garantizar la restitución de nietas y nietos”, agregó. “La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se cononozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo”. Entre la multitud abundaron carteles “contra el negacionismo del gobierno” de derecha de Javier Milei, cuyo férreo ajuste económico diezmó decenas de empleos en la secretaría de Derechos Humanos y en los sitios de memoria donde funcionaron cárceles y centros de tortura.

“Milei, basura, vos sos la dictadura”, corearon los manifestantes con banderas argentinas y pañuelos con la leyenda “Nunca más”. “Hoy siento que tenemos que estar acá más que nunca para que no se pierda la memoria del horror que vivió Argentina, no se puede negar la historia”, dijo a la AFP María Eva Gómez, empleada de comercio de 57 años que marchó con su marido y sus tres hijos adolescentes.

“Hay gente que dio su sangre inocentemente por hacer reclamos y nosotros estamos en una democracia que nos costó mucha sangre inocente, la única forma de mantenerla es teniéndolo presente”, agregó. La marcha se desarrolló en forma pacífica y sin la intervención de la policía, que se abstuvo de aplicar un polémico protocolo de seguridad cuyo despliegue en una protesta de jubilados semanas atrás causó graves incidentes y dejo a fotorreporteo con fractura de cráneo por un disparo policial de gas lacrimógeno.

“Todavía hay desaparecidos que no los encontramos (...) por eso la convocatoria fue tan masiva”, dijo Elías Pérez, un médico jubilado de 68 años. El gobierno anunció este lunes la desclasificación de archivos de inteligencia sobre el accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983, al ampliar un decreto de 2010.

La Fiscalía requirió que en el juicio oral y público que enfrenta el exmi­nistro del Interior Arnaldo Giuzzio, por cohecho pasivo agravado, sea incluido como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado. El pedido fue reali­zado ayer al Tribunal de Sen­tencia especializado en delitos económicos conformado por Adriana Planas, Matías Gar­cete y Yolanda Morel.

El requerimiento surge teniendo en cuenta que Reges Furtado formaría parte del grupo criminal del también capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien contaba con la intención de contratar con el Estado paraguayo durante el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez, valién­dose de su amistad con Giuzzio.

“Se trata de una extracción realizada en Brasil y solici­tamos la obtención de datos de los teléfonos incautados de Lindomar Reges Furtado. Nosotros creemos que existe información que podría valo­rarse dentro del marco de este juicio”, mencionó el fis­cal de la unidad anticorrup­ción Jorge Arce, al programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El agente que impulsó junto a su colega Diego Arzamendia la imputación contra el tam­bién extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) señaló que el requerimiento fue realizado a la Justicia bra­sileña vía exhorto. “Solicita­mos esta información para que pueda ser valorado por el tribunal. Lo que esperamos es que se pueda revelar cierta información que haga también a la participación del acusado”, manifestó.

Reges Furtado fue detenido en enero en un condominio ubicado en Recreio dos Ban­deirantes, un lujoso barrio de Río de Janeiro, Brasil. En su contra pesa una orden de cap­tura emitida por Paraguay en febrero de 2022, luego de que el investigado por nexos con el narcotráfico lograra fugarse de las autoridades tras una intervención de la Senad y la Fiscalía en el Paraná Coun­try Club.

Se sospecha que Giuzzio reci­bió obsequios por parte de Reges Furtado y que habría colaborado en su fuga del barrio cerrado en el marco del fallido operativo Turf. La solicitud realizada por los agentes fiscales deberá ser estudiada por el Tribu­nal de Sentencia.

El exministro del gobierno de Mario Abdo Benítez se sentó finalmente ayer en el banquillo de los acusados.

El juicio oral y público con­tra el exministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio se inició ayer martes, pese a las múlti­ples acciones dilatorias pre­sentadas por su defensa. El Ministerio Público lo inves­tigó por cohecho pasivo agra­vado (coima), luego de reu­nir múltiples elementos en que lo vinculan con el narco­traficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.

A lo largo de 2024, Giuzzio presentó una serie de chica­nas con el objeto de pospo­ner el juicio. Hasta la fecha, el abogado que encabeza su defensa, el también exmi­nistro Emilio Fuster, no ha presentado elementos que desacrediten la acusación de la Fiscalía y las acciones planteadas solo apuntaban a seguir posponiendo el inicio de la audiencia.

Y esta misma estrategia se repitió antes del inicio del juicio, cuando su defensa solicitó la suspensión por un plazo de 10 días, argumentando que el pedido de declaración para que pueda declarar Vinicius no había sido aprobado, lo cual fue rechazado por el Tribunal de Sentencia integrado por Adriana Planas, Yolanda Morel y Mathías Garcete.

En el pedido de posposición de la audiencia también se fundamentó en que Giuzzio no cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos de un traductor, y ante este hecho, el Tribu­nal de Sentencia fue categó­rico al manifestar que si el exministro carece del dinero necesario se solicitará a la Corte Suprema de Justicia a que designe un perito matri­culado.

De esta forma, las artimañas de Giuzzio quedaron deshe­chas ante la firmeza del tri­bunal y se dio inicio al juicio, donde el agente del Ministe­rio Público Jorge Arce realizó el pedido de incluir como ele­mentos probatorios los datos extraídos del sindicado nar­cotraficante, Lindomar Regis Furtado, quien fue detenido en Brasil en enero de este año. Cabe mencionar que Lindomar está vinculado al esquema delictivo de Vinicius.

• Unidad de Investigación
• Nación Media

A lo largo del gobierno de Mario Abdo Benítez se sucedieron diferentes episodios en los que su gestión y la de sus colaboradores estuvieron ligadas a personajes asociados al crimen organizado. Desde tiempos de Reinaldo “Cucho” Cabaña, luego Marcus Vinicus Espíndola, Lindomar Reges Furtado o, últimamente Eulalio “Lalo” Gomes, son solo los nombres más notables que tuvieron acceso a ministros y funcionarios. Del financiamiento dudoso de la campaña, a la filtración de datos y la liberación de zonas de paso de cargamentos de drogas, el gobierno anterior se distinguió por sus vínculos con el crimen organizado, particularmente a través de uno de sus hombres más cercanos: Arnaldo Giuzzio.

Arnaldo Giuzzio, ex superminis­tro abdista, y una extraña fascinación con pasearse en vehículos blin­dados prestados por personas investigadas por supuestos vínculos con el narcotráfico.

El exsecretario de Estado vol­vió al centro del escándalo luego de que los chats filtra­dos del fallecido exdiputado Lalo Gomes, investigado por sus vínculos con el hampa, revelaran una cercana rela­ción con Giuzzio.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el exsenador del Par­tido Democrático Progresista (PDP) – del que también for­man parte el senador Rafael Filizzola y la exlegisladora Desirée Masi– es señalado por vínculos de este tipo.

La denuncia más alarmante involucra modernos equipos de espionaje, como el sof­tware espía FinFisher (tam­bién conocido como FinSpy), decomisados en operativos contra el contrabando. Estos dispositivos permiten inter­ceptar comunicaciones, acce­der remotamente a disposi­tivos y realizar actividades de vigilancia avanzada. Sin embargo, en lugar de ser uti­lizados para reforzar la segu­ridad y combatir el crimen, los equipos terminaron en manos de personas vincula­das al narcotráfico.

Según documentos oficiales, estos equipos fueron entre­gados de forma irregular a un agente especial de la Senad, quien, de acuerdo con la acu­sación del fiscal Deny Yoon Pak, filtraba información sobre operativos al narcotra­ficante Miguel Insfrán, alias Tío Rico. Esto permitió a Ins­frán evadir operaciones clave de la Senad, desarticulando los esfuerzos del Estado para detenerlo.

La Dirección de Inteligencia de la Senad, bajo la gestión de Giuzzio, nunca registró los equipos ni dejó constan­cia de su decomiso. En el memorándum n.º 407/2022, remitido por la propia Direc­ción, se admitió que el enton­ces ministro Giuzzio entregó los dispositivos “sin nin­gún documento”. Este vacío documental refleja una grave negligencia, que facilitó el uso indebido de los equipos por parte de redes criminales.

La implicación de Giuzzio en actividades que favorecieron al crimen organizado no se limita al caso de los equipos de espionaje. Durante su ges­tión, hubo filtraciones cons­tantes que beneficiaron a narcotraficantes. Uno de los episodios más notorios ocu­rrió el 15 de febrero de 2022, cuando Lin­domar Reges Furtado, un pez gordo del narcotráfico, huyó del Paraná Country Club minu­tos antes de un operativo policial-judicial que buscaba arrestarlo.

Esa misma red de filtracio­nes facilitó la fuga de Mar­cus Vinicius Espíndola Mar­qués de Padua, otro capo narco brasileño que man­tenía una relación cercana con Giuzzio. Espíndola llegó incluso a prestar una camio­neta blindada al exministro cuando su vehículo sufrió un desperfecto en Brasil. Ambos eventos demuestran la cer­canía de Giuzzio con figuras clave del narcotráfico y cómo su gestión contribuyó a la evasión de estos criminales.

Hablando de Marcus Vini­cius, la Fiscalía reveló una serie de mensajes de What­sApp intercambiados entre el exministro Arnaldo Giuzzio y el presunto narcotraficante brasileño. Estos mensajes, provistos por Bra­sil, comenzaron en julio de 2021. En agosto de ese mismo año, Vinicius envió noticias y enlaces sobre “inversiones empresariales” realizadas en Brasil, que tanto él como el Dr. Pablo Rivas ya habían mencionado a Giuzzio, quien respondió con un escueto: “Perfecto”. Más tarde, Mar­cus solicitó a Giuzzio que enviara una “camioneta Hyundai Santa Fe blindada” a Ciudad del Este para reali­zarle “cambio de suspensión, mantenimiento de blindaje y retoques de pintura”, a lo que Giuzzio respondió: “Veo”.

En octubre de 2021, conti­nuaron las conversaciones, y Marqués de Padua envió a Giuzzio un enlace y una cap­tura de pantalla de una noti­cia sobre el caso Lava Jato, un procedimiento en Bra­sil. Giuzzio respondió con un “gracias Marcus” y luego añadió: “Les hablo”.

En noviembre, Vinicius se comunicó nuevamente con el entonces ministro del Interior para informarle que estaba en Asunción y que tenía muestras para pruebas balísticas de materiales para chalecos. En diciembre, Mar­cus hizo referencia, a través de un mensaje reenviado, a tres vehículos de las Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE). Además, Vinicius consultó a Giuzzio sobre la posibilidad de enviar un vehículo averiado a su empresa para revisión, ofre­ciendo este servicio como “cortesía” y adjuntó varias fotografías de los vehículos. En esa época, Giuzzio pla­neaba vacaciones en Brasil.

La Fiscalía sospecha que Mar­cus Vinicius no solo proveía servicios de reparación y blin­daje a vehículos del Ministe­rio del Interior y de la Policía Nacional, sino que también estaba en tratativas con Giuzzio, en su rol de ministro, para la provisión de materia­les a estas instituciones.

Las fallas en la gestión de Giuzzio al frente de la Senad y el Ministerio del Interior no se limitan al manejo de los equipos de espionaje. En mayo de 2020, Giuzzio dis­puso el cierre de la Direc­ción de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), encargada de fiscalizar puer­tos privados y controlar el tránsito fluvial, debilitando significativamente los con­troles antidrogas. A partir de entonces, las incautaciones de grandes cargamentos de cocaína vinculados a Para­guay se volvieron frecuentes en Europa, con cifras alar­mantes como los 16.174 kilos decomisados en Hamburgo, Alemania, en febrero de 2021.

Además, durante su periodo como ministro del Interior, Giuzzio enfrentó otro escán­dalo al utilizar una camio­neta registrada a nombre de una empresa de Espíndola, quien aspiraba a convertirse en proveedor de chalecos antibalas y blindajes para la Policía Nacional. Este vín­culo expone un conflicto de intereses y una falta de ética en el manejo de sus respon­sabilidades públicas.

El más reciente escándalo revela cómo Giuzzio mante­nía contacto con Lalo Gomes, asesinado exlegislador, mien­tras el primero era titular de la Senad. La conversación entre ambos data de noviem­bre de 2019 y de acuerdo con los medios que publicaron los mensajes filtrados, ya hubo una conversación anterior con Gomes, quien en ese momento no era legislador, pero era presidente de la Aso­ciación Rural del Paraguay en Amambay. Recordemos que el fallecido diputado está vin­culado a varios referentes del narcotráfico.

El fallecido diputado Eula­lio “Lalo” Gomes admitió en un chat filtrado haber donado USD 1 millón de ori­gen dudoso a la campaña elec­toral de Mario Abdo Benítez. Carlos Arregui, entonces titular de Seprelad en 2021, conocía esta información y habría optado por ocultarla para proteger a Gomes, quien posteriormente fue electo diputado por Amambay con el respaldo del abdismo.

En una conversación con el extitular de la Dinac, Édgar Melgarejo, Gomes expresó su preocupación por las reper­cusiones que podría tener la revelación de esta donación, ya que afectaría al Gobierno. Además, mencionó que Arre­gui había solicitado infor­mes sobre el dinero, lo que le generó inquietud.

Melgarejo mostró disposi­ción para intervenir y fre­nar cualquier investigación que pudiera comprometer al Gobierno. Este caso plantea dudas sobre la transparencia en el financiamiento de cam­pañas políticas y el papel de Arregui al ocultar informa­ción clave. También genera interrogantes sobre la rela­ción de Gomes con organi­zaciones vinculadas al nar­cotráfico en la frontera y si se emitió algún reporte de operación sospechosa sobre el origen del dinero.

A pesar de estas irregularida­des, meses después, Gomes lanzó su propia candidatura y en 2023 fue electo diputado por el movimiento Fuerza Republicana, obteniendo una banca en la Cámara de Diputados.

El gobierno de Mario Abdo Benítez contaba con infor­mes de inteligencia que vin­culaban a Lalo con Luis Car­los da Rocha, alias Cabeza Branca. Esto pudo saberse mediante el informe que se remitió a la Comisión Bica­meral de Investigación el 8 de noviembre de 2021, en el cual se detalló que la Uni­dad de Inteligencia Finan­ciera de Seprelad había enviado informes de inte­ligencia a varias institucio­nes. El escrito refiere que “el señor EULALIO GOMES está vinculado en la causa investigada por el Ministerio Público “LUIS CARLOS DA ROCHA Y OTROS S/ LEY 1340/88; ASOCIACIÓN CRIMINAL, LAVADO DE DINERO Y OTROS”, según lo reportado por un sujeto obligado del sector seguros en fecha 03/12/2019. Al res­pecto, “la UIF-SEPRELAD elaboró varios INFORMES DE INTELIGENCIA (II) remitidos según detalle”.

El gobierno de Abdo no tardó demasiado en sumar su pri­mer escándalo por vínculos con el narcotráfico. Y es que en setiembre de 2018 caía detenido el supuesto narco Reinaldo “Cucho” Cabaña. Poco después de la detención de Cucho, se revelaron fotos del mismo y una mochila en el domicilio del entonces pre­sidente Abdo, quien intentó desconocer la imagen y hasta a quien habría aportado a su campaña.

En diciembre de 2018, Mar­cial Valdez, defensor del supuesto narcotraficante de Ciudad del Este, tildó a Abdo de “malagradecido” alegando que su cliente le había soli­citado un favor tras haber financiado presuntamente su campaña política.