El balance entre los poderes del Estado es una de las bases fundamentales sobre las que se construye la democracia en todas partes del mundo. Y, cuando se rompe ese equilibrio con un poder que invade o avasalla a otros, es cuando comienza a socavarse esa construcción y las consecuencias pueden ser imprevisi­bles, hasta destruir el sistema.

Esta situación se agrava aún más cuando un poder como el Ejecutivo, a cargo del timón del gobierno y manejo de las ins­tituciones del Estado, invierte recursos destinados a beneficiar a toda la ciuda­danía, para cumplir otra misión que no le corresponde, por lo menos en tiempos democráticos, como es la persecución de adversarios políticos o ciudadanos y organizaciones críticos con el desempeño del Gobierno.

El uso político de un cargo de absoluta relevancia como el Ministerio del Interior nos retrotrae a una etapa autoritaria y pone en riesgo toda la institucionalidad.

Hoy es Horacio Cartes, pero mañana podría ser cualquier ciudadano que Giuzzio escoja para atacar desde su posi­ción privilegiada de ministro del Ejecu­tivo, poniendo a funcionar una maqui­naria de persecución en contra de los mismos, generando una situación de ras­gos dictatoriales que parecía habíamos superado como país hace décadas.

No es el único error del ministro, el posi­cionar una demanda en un sitio equivo­cado, evitando los carriles que corres­ponden a la hora de presentar una demanda, sino que el error de fondo se encuentra en el uso discrecional de sus privilegios como encargado de la seguri­dad interna del país. Como titular de la cartera del Interior, tiene acceso a infor­mación privilegiada, a utilizar medios de espionaje electrónico y hasta usar la fuerza pública para perseguir a adversa­rios políticos del oficialismo, lo cual ame­rita una denuncia internacional.

Giuzzio ha fracasado rotundamente como ministro del Interior y esa es una realidad objetiva e irrefutable. Como ya sucedió anteriormente con otros minis­tros fracasados y desprestigiados ante la opinión pública como Juan Ernesto Villamayor, una estrategia elegida para sobrevivir es CUESTIONAR A CARTES, PERSEGUIR A CARTES, buscando con eso la simpatía del Presidente y el Vice­presidente y su sobrevivencia en el cargo.

Lo que habría que preguntarse es quién se sacrifica con este juego sucio político de Giuzzio, y en realidad el que se sacri­fica es el pueblo, el mismo que no puede salir a las calles porque está dominada por la violencia que él es incapaz de con­tener. Esa violencia no es una sensación ni una idea abstracta, sino pura y dura realidad que se manifiesta a diario en los medios masivos, en las experiencias de las personas que salen a diario a ganarse el sustento y son objeto de ataques que muchas veces les cuestan la vida por unos centavos. La ciudadanía ve con impoten­cia que suceden todo tipo de hechos de violencia ante las puertas de las comisa­rías y de la misma Comandancia. Hasta los sitios elegidos para hacer turismo interno son elegidos por la delincuen­cia para rapiñar a quienes van a pasar unos momentos de descanso y admirar el paisaje. La respuesta del ministerio de seguridad fue el cierre de acceso al sitio, en lugar de proteger adecuadamente a la población.

La impresión que tiene la mayoría de la ciudadanía es que se vive en total des­protección por parte de las autoridades encargadas de brindar seguridad. Tal vez una de las causas de esa indiferen­cia hacia los destinatarios de esa obliga­ción que parece haber olvidado el titular del Ministerio del Interior es que todo su interés y recursos estén enfocados en perseguir a los adversarios políticos del proyecto proselitista del Vicepresidente actual con la venia del Presidente.

Es lamentable la actitud del oficialismo en campaña al usar a Giuzzio para esta guerra contra un oponente político, pero más lamentable es la falta de moral del ministro Giuzzio al prestarse a ese juego descuidando y burlando al pueblo que busca que la cartera a su cargo proteja su vida y sus bienes.