“Cero guaraníes en pérdidas económicas o perjuicio patrimonial”, manifestaba en julio del 2020 en conferencia de prensa, con una feroz venda en los ojos, el ministro Arnaldo Giuzzio, junto con su eterna dupla René Fernández, al presentar los informes de la Comisión de Control que se creó para investigar las denuncias en las compras de emergencia de insumos médicos por la pandemia del covid-19.
Giuzzio y su comisión no vieron la mina de corrupción en torno a las compras covid que fue de público conocimiento, que generó escraches y manifestaciones ciudadanas, al punto de que las denuncias produjeron una serie de imputaciones por diferentes hechos punibles.
Jugar de aliado coyuntural en el equipo era más importante para atornillarse a sensibles cargos como el de secretario Antidrogas y hoy de seguridad.
Se acababa de cocinar el primer gran negociado de la pandemia en ese momento. Las compras amañadas de Salud Pública al clan Ferreira causaban indignación por la violación de normas y principios fundamentales de Contrataciones Públicas, además de los precios de “oro” en las compras de camas, que ni siquiera contaban con registro sanitario, con el agregado de que formaban parte de un stock guardado en el depósito de la sobrina de una legisladora.
“No encontramos las pérdidas porque fueron detectadas a tiempo, fueron anuladas, no hubo un pago ni contraprestación en casos. El monto del anticipo en la compra de productos chinos que fue anulada está en pleno proceso de recuperación legal”, decía Giuzzio sin rubor ante las cámaras, obviando todo el escándalo, y en ese momento sin la certeza sobre la ejecución de la póliza ni la recuperación de un anticipo de G. 17.000 millones, entregado a toda bala a los adjudicados.
Un estallido de denuncias de todos lados había saltado en ese momento. Hasta indicios de contrabando se manejaban con supuestas falsificaciones en el caso del ingreso de camas vendidas a Salud.
En el rosario de acusaciones estaban los tapabocas de “oro” de Petropar, de la Dinac, hechos que Giuzzio y su equipo de “control” chulearon con el argumento de que no eran fondos covid, sino genuinos de las instituciones. El anuncio de esta comisión había generado gran expectativa por parte de la ciudadanía que reclamaba justicia ante tanta desgracia.
Giuzzio y su equipo habían amenazado aniquilar la corrupción y caer con el peso de la ley contra los funcionarios desleales a los intereses de la gente. Sin embargo, terminó blanqueando todo el negociado, pese incluso a observaciones de irregularidades reportadas por la propia Contraloría General de la República.
Esta maniobra de Giuzzio es normal. Los medios y la gente siempre han sido la caja de resonancia de sus rimbombantes anuncios de investigaciones delictivas. Pero con el tiempo esos sonados procedimientos quedaban en la nada, este es el modus operandi del hoy ministro del Interior.
Mucho ruido, pocos resultados y una marcada soberbia que lo único que genera es perjuicio para las instituciones a su cargo.
Sus mediáticas intervenciones fiscales en su momento, su barullenta intromisión en la fiscalización de las compras covid solo generan sospechas de sus intereses personales detrás de estas situaciones. Sus arbitrajes solo deslizan especulaciones de que son estrategias oportunistas de pegarse a cargos, más aún cuando no ha demostrado mínimos resultados favorables en el manejo de la seguridad.
Su última meta presentada en setiembre del año pasado, que en el plazo de tres a cuatro meses bajarían los índices de la delincuencia, es un discurso más al vacío. Los números semanales y los de fin de año echan por tierra cualquier mejora que pudiera ufanar el ministro.
Todas sus movidas parecieran girar en torno al soquete. De ahí que la ciudadanía debe llevar presente que Giuzzio fue el que blanqueó las amañadas compras covid con una versión tirada de los pelos de que “no hubo daño patrimonial”.
Más que pérdidas materiales, perdimos vidas. Familias enteras quedaron mutiladas, mientras el ministro se mantiene en su cargo con fantasiosas promesas y últimamente, gracias a los disparos políticos contra los adversarios del oficialismo.