Más que leyes y parámetros en el uso de los fondos de emergencia, prioritariamente se requiere honestidad en la administración del dinero público, en este caso destinado a urgencias de vida por la crisis sanitaria del covid, que se acentúa de vuelta. Esta semana la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que extiende la emergencia sanitaria hasta el 30 de junio próximo, pero solo las normativas que prevén la compra de vacunas, mantener el convenio con hospitales privados y la contratación para reemplazo de personal de salud.

De vuelta el temor y la desconfianza clavaron los ojos de la ciudadanía como la prensa en las modificaciones de las leyes aprobadas, debido a que el manejo de los recursos durante la pandemia ha defraudado la transparencia y la honradez en muchos casos.

Las autoridades siguen a prueba constante en el uso del dinero público y más tristemente por la desconfianza en la canilla libre en año electoral, pese a la vulnerable situación que afecta a miles nuevamente.

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Las dudas y los antecedentes de malos manejos, réditos políticos discrecionales, lastimosamente nos retrotraen a crear leyes y normas para cada problema a resolver. Y la urgencia de blindar de rapiñas se torna más prioritaria que la misma necesidad en cuestión.

Hace unos días, como asalto a mano armada, en el departamento de San Pedro se denunciaba el despojo del cargo a varios altos técnicos de Salud en pleno rebrote del coronavirus. Esto es grave considerando que las ambiciones políticas golpean a uno de los territorios más sufridos de nuestro país.

La barrida, sin embargo, no solo llegó a la regional de Salud Pública, Dirección Regional de Salud Pública, sino también al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), dependiente del Ministerio de Trabajo, y al Ministerio de Desarrollo Social del departamento, este último manejado por el aspirante a senador, el de las mieles “de oro” en Caaguazú, Mario Varela.

Estas son las razones por las que no podemos avanzar como Estado y estamos condenados a las ataduras de regulaciones.

El principal problema es la carencia de honestidad, aún en los problemas de vida o muerte, como esta situación de la pandemia, al punto que nos enteramos en estos días, gracias a la denuncia de un senador, que en la ejecución de los fondos de emergencia para contratación de personal por el covid, priorizaron a administrativos antes que a profesionales de blanco y, otra vez, se favoreció a recomendados.

“Los recursos de Salud se estaban utilizando políticamente y de los casi 15 mil contratados, solo cerca de 3 mil fueron personal de blanco, los otros 12 mil son de varias áreas, pero gente cercana al Presidente es quien envía los currículum y directamente son contratados. Esto sucedió en las internas y generales (municipales)”, reprochaba el parlamentario. En esta historia aparece el bufón de siempre, el secretario del Presidente, Mauricio Espínola, haciendo de gestor de recursos humanos.

No termina el rosario si contamos los casos de corrupción, negociados detrás de la crisis sanitaria como los insumos chinos comprados por el clan Ferreira, las aguas tónicas de Patricia Samudio, los tapabocas de “oro” del ex titular de la Dinac y otros salvados gracias al padrinazgo político como el intensamente escrachado Miguel Prieto por el caso de su Tía Chela.

Hecha la ley, hecha la trampa; por ello la ciudadanía debe exigir honestidad en el uso del dinero de todos.

La estructura política hoy debe entender que la honestidad es el mejor recurso para gobernar. Las ostentaciones de poder y bravos discursos en medio de pobreza, inequidad y corrupción no llegan a nada. Aquellos que no comprendan, simplemente deberán dedicarse a otra cosa.

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