La regla fundamental de la gestión pública, y de cualquier empresa privada seria, es la planificación estratégica. En términos prácti­cos, es el proceso por el cual las instituciones toman decisiones de acuerdo con los objeti­vos propuestos, los plazos y los medios para alcanzarlos. Naturalmente, implica contem­plar ajustes ante eventuales cambios locales, imprevistos globales o catástrofes naturales. Estamos hablando de planes que pueden ser modificados sobre la marcha para encarar los nuevos desafíos o hasta escenarios desco­nocidos.

Al estupor inicial ya deben acom­pañar las primeras medidas para enfrentar esas contingencias. En los gobiernos con alta capacidad técnica, sensibilidad social y res­ponsabilidad ética, el laboratorio de los pen­santes se transforma en gabinete de crisis. Es ahí donde, también, deben ser convocados los mejores profesionales del país según el área afectada más la sumatoria de todas las otras miradas sectoriales que sean necesarias para facilitar la consecución de ese fin específico. El caso particular que nos ocupa tiene que ver con el manejo de la pandemia del covid-19 para tratar de amortiguar su impacto en nuestro pueblo, especialmente en los secto­res económicamente más desprotegidos.

En condiciones normales, los medios para garantizar la ejecución de planes, proyec­tos y programas del Gobierno provienen del Presupuesto General de la Nación (PGN). Presupuesto que parte de una fórmula muy sencilla: ingresos (impuestos, tasas, contri­buciones) más financiamientos (préstamos internos y externos) es igual a gastos. En el análisis de la distribución de recursos es fácil detectar las prioridades de cada admi­nistración. En pocas palabras, determina la política económica del Estado. A inicios del año 2020, las previsiones ordenadas en la agenda pública fueron desacomodadas por la pandemia de manera brusca. El mundo que conocíamos se puso cabeza abajo. El Gobierno decretó, acertadamente desde nuestro parecer, cuarentena total o aisla­miento sanitario de toda la población. Se res­tringió la movilidad, salvo para cuestiones imprescindibles: laborales, supermercados y farmacias. Los controles fueron implacables, enervantes y molestos. Nos habían quitado la libertad en nombre de la salud colectiva. Y la gente, en su absoluta mayoría, acató las disposiciones oficiales.

El Presupuesto General de la Nación quedó gravemente averiado. Sin un gesto de cues­tionamiento, todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores concedieron su aprobación para un préstamo de 1.600 millones de dólares solicitados por el Poder Ejecutivo. Suponíamos que la planificación estratégica para enfrentar esta crisis sani­taria incorporaba hospitales de contingen­cia, más camas de terapia intensiva, insumos, medicamentos y cualquier otro componente que pudiera disminuir los riesgos de conta­gios y muertes de la población. Sin embargo, los propios profesionales de la salud empe­zaron a protestar por la falta de dos fárma­cos imprescindibles para el tratamiento en terapia intensiva: Atracurium y Midazolam. Mientras, paralelamente, arreciaba amena­zante el fantasma de la corrupción utilizando a la pandemia como pretexto. Nuestro diario fue uno de los pocos medios que estuvieron en primera fila a la hora de denunciar estos actos que desnudan el rostro más miserable de la condición humana.

Así como fuimos uno de los primeros países en adoptar medidas drásticas y recomenda­bles para enfrentar esta situación crítica de alcance mundial, estas medidas venían acom­pañadas de su primer fracaso: la carencia de una política de comunicación del Gobierno. A partir de esa grave deficiencia, las autoridades nunca pudieron recuperar esa empatía inicial con la gente. Al poco tiempo, las limitaciones de las libertades se aceptaban a regañadien­tes, por imposiciones de las fuerzas de segu­ridad, pero nunca más por convencimiento. Cuando en los países vecinos avanzaba ace­leradamente el proceso de vacunación, nues­tras vacunas, previamente comprometidas, nunca llegaban. En tanto, empezaba la multi­plicación de los fallecidos por falta de camas en terapia intensiva.

En marzo se cumplirán dos años desde que la Organización Mundial de la Salud carac­terizara al covid-19 como pandemia. En ese tiempo, el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez nunca tuvo una planificación estratégica –empezando por la comunica­ción– para tratar de mantener al mínimo la cantidad de muertos por este virus. Dos años después, el sistema de salud vuelve a colap­sar, esta vez para la realización de un sim­ple hisopado. Miles de personas formando filas bajo un sol inclemente. Y con tan mala comunicación, a pesar de los millones gas­tados en ese rubro, que otros miles concu­rren a lugares que solo están habilitados para atención desde el auto. Basta con evaluar los hechos observables para caracterizar a este gobierno.