La introducción de mercaderías provenientes de otros países sin el pago de los impuestos, sin la verificación fitosanitaria ni los controles fiscales correspondientes es un negocio muy floreciente que favorece a los delincuentes de frontera que hasta ahora no tienen castigo alguno. Aunque existe un gran esfuerzo en los organismos repre­sivos para frenar el contrabando los resul­tados dejan que desear. Sobre todo, por el volumen extraordinario que tiene y por la impunidad de los contrabandistas que se arriesgan a delinquir sabiendo que no habrá castigo.

En la reunión realizada el martes último entre la Comisión de Combate al Con­trabando de la Cámara de Senadores, representantes de gremios empresaria­les y funcionarios encargados de la lucha contra el ilícito se hizo un recuento de lo actuado durante el año. Se reconocie­ron los efectos positivos de la lucha, pero se admitió que no se ha podido llegar a los grandes responsables del ilícito y a incautarse de los más importantes carga­mentos.

Aunque el titular de la Unidad Inte­rinstitucional Anticontrabando (UIC) afirmó que se incautaron productos ile­gales por valor de 40 millones de dóla­res, afirmó que aún falta mucho para el éxito de la tarea. Lo que fue corrobo­rado por el vocero del gremio de produc­tores frutihortícolas, quien resaltó que estaban muy preocupados por la falta de resultados de algunos organismos de control, lo que causó la competencia desleal y la fuerte caída de los precios. Acusó a los efectivos de la Armada de permitir el ingreso por agua de las frutas que después se trasladan en camiones por las rutas del país.

El presidente de la comisión afirmó que la principal falencia en la lucha contra el contrabando se da en el Poder Judicial. Sostuvo que no hay ningún contraban­dista ni un financista del sector que esté en la cárcel. “Se da el castigo a funcio­narios involucrados, se toman medidas, como sanciones y destituciones, pero no castigos judiciales”, se quejó.

Lo que hace atractivo desafiar la ley y los controles aduaneros es que, aunque le atrapen al contrabandista y decomi­sen la mercadería, lo dejarán libre para que al día siguiente intente de nuevo el paso ilegal de productos. Además, los tra­ficantes de frontera conocen sobrada­mente los mecanismos de la coima para comprar a los controladores que dejarán pasar la mayor parte de la carga a cambio de un cómodo premio. Porque un hecho comprobado y corriente es que muchos controladores de frontera, como adua­neros y efectivos de las fuerzas públicas, dejan pasar el contrabando a cambio del soborno. Por lo que son partícipes del hecho y encubridores de los delincuentes.

El control insuficiente, la corrupción de ciertos funcionarios y la falta de una san­ción ejemplar son todos elementos que se conjugan para hacer del contrabando un negocio muy tentador y de los traficantes unos prósperos comerciantes. En el fondo yace la ineficiencia del Estado para con­trolar y castigar el delito, que alienta todo tipo de ilícitos. Por ello eliminar o dis­minuir fuertemente su incidencia es una tarea ciclópea. Pero no imposible, si hay voluntad política y deseo de honestidad.

El contrabando y la economía subte­rránea son un cáncer que afecta muy fuertemente a las empresas que traba­jan con toda formalidad y dan empleo a miles de trabajadores, por lo que no se puede aflojar en la represión y en la penalización efectiva de los responsa­bles del delito. Esto además de causar enormes perjuicios a la administración estatal que cada vez necesita más ingre­sos genuinos para sus gastos, lo que hace que cada año el presupuesto estatal deba contemplar préstamos para enfrentar a sus erogaciones.

Los contrabandistas y los que los finan­cian siguen libres y continúan come­tiendo sus fechorías sin obstáculos. Eso se debe a que los organismos judiciales pertinentes no actúan como corresponde, lo que los convierte en cómplices de estos delitos contra el país.

Bajo ningún concepto se puede aceptar eso de parte de un poder del Estado cuya función es perseguir a los delincuentes para que paguen sus transgresiones. El Poder Judicial, en todas sus instancias y jurisdicciones, tiene que hacer su tarea, porque si no es tan culpable de la situa­ción irregular como los que se burlan de las leyes y someten al país a los caprichos de la delincuencia.