La disertación del contralor general de la República, en el último conversatorio sobre “la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero”, realizado en el Banco Central del Paraguay de que el 90% de las denuncias que recibe en su institución refieren mal uso del dinero proveniente del “Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo” y de Royalties, demuestra que los intendentes, gobernadores y demás altos funcionarios administradores siguen manejando estos recursos como una caja chica.
Si bien estos recursos representan solo el 3% del presupuesto nacional, se traducen en el clamor ciudadano más recibido en los entes de control debido a que los mismos están destinados a necesidades básicas como salud, educación e infraestructura. Desde el año pasado también, por la pandemia del covid-19, los fondos fueron liberados para la compra de kits de alimentos a familias vulnerables, lo que implica aun más compromiso en las ejecuciones.
Los reclamos sociales se dan más en estos sectores por encima de los grandes contratos, porque la sociedad se muestra más afectada y sensible ante estos casos porque son los que tienen contacto directo con los beneficiados, en este caso, a los alumnos que reciben los alimentos en las escuelas, decía en el auditorio el contralor Camilo Benítez al comparar la rodaja de la torta que corresponde al Fonacide y royalties con el paquete global de licitaciones estatales que llega al 25% del presupuesto de la Nación.
Las denuncias de la ciudadanía que sumado a la serie de reportes de los organismos fiscalizadores y de financiación reflejan por lo bajo informalidad en el uso de los fondos. Hasta los últimos meses de este año la prensa seguía difundiendo listado de autoridades de elección popular en falta con la rendición de cuentas de estos fondos, privando de la transferencia del Ministerio de Hacienda a sus comunidades.
Falta de transparencia sumado al uso discrecional del dinero proveniente de estos fondos, además de las maniobras que no se desmarcan de la corrupción son males de los que no se curan en las instituciones beneficiarias. Al cierre del primer semestre desde la Contraloría confirmaban posibles daños patrimoniales en municipios y gobernaciones del país por G. 411.000 millones correspondiente al período pandémico, 2020.
Un extenso informe fue remitido al Ministerio Público y en el posible desfalco mencionado, reina irregularidades en ejecución de Fonacide y royalties. Hay miles de familias que dependen de estos fondos que están para atender necesidades más inmediatas.
Los intendentes que acaban de asumir, reelectos en algunos casos, gobernadores y administradores deben entender que no están para bicicletear con plata de la gente, sino para utilizar eficientemente los recursos del Estado. Si no están preparados, pues no son dignos de encabezar sus municipios, las comunidades están con urgencias impostergables que han empeorado aún más por la crisis sanitaria.
Visto está que no es cuestión de que los fondos no alcanzan, sino que son mal utilizados al punto de que, dicho por el propio contralor Camilo Benítez, “royalties y Fonacide son los focos de robo”.
Una herramienta del combate a la corrupción en el uso de los citados fondos que aplicó el ente contralor es la digitalización de las rendiciones de cuentas de Fonacide y royalties. Esta metodología de control obliga, formulario mediante, a que las autoridades locales y departamentales presenten documentos detallados de la ejecución del dinero, esa información se publica en el portal de la Contraloría y la ciudadanía tiene a su disposición datos para un control cruzado instantáneo para reportar si hubiere irregularidades.
Según los informes, unas 50 instituciones ya se acoplaron al proceso de digitalización de rendiciones de cuentas de Fonacide y royalties. El porcentaje todavía refleja una lenta articulación considerando los 260 municipios, 17 gobernaciones y varios ministerios que ejecutan estos presupuestos.
El entusiasmo que le ponga la ciudadanía será clave para que la tecnología sea la nueva herramienta de globalización de la transparencia para los administradores de los fondos provenientes de las binacionales. Es inminente esta necesidad de rendir cuentas y utilizar estos fondos para el fin creado y no como caja chica de las autoridades.