En una sesión que algunos cali­ficaron de sorpresiva, el jueves de la semana pasada la Cámara de Diputados dio el visto bueno a los cambios introducidos por el Senado y sancionó de ese modo el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para el año venidero. La ley, que pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación final, es una norma muy similar a la de los años anteriores. Prevé que se gastará más dinero de lo que se podrá recaudar, lo que infla las erogaciones que se des­tinarán a salarios de algunos emplea­dos estatales a quienes se les aumentará por los privilegios que tienen frente a los otros, lo que estipula nuevas incorpora­ciones de funcionarios y que está muy lejos de achicar el Estado, como prome­tió el Gobierno más de una vez. El monto de gastos será 4,96% más de lo asignado para este año.

Como en ejercicios pasados, también pedirá prestado dinero para pagar los gastos corrientes porque su talento para erogar dinero es mayor que su capaci­dad de obtener recursos suficientes a tra­vés de las recaudaciones de impuestos o de otras fuentes que no sea endeudarse. Puede afirmarse que este Presupuesto es más de lo mismo.

El 2022 será el undécimo año consecu­tivo en que habrá déficit fiscal, pero con el detalle de que será mayor a lo estipulado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que habla de un máximo de -1,5%. Esta Ley de Presupuesto prevé un saldo para el año entrante de -3% del Producto Interno Bruto (PIB). Por consiguiente, será el ter­cer ejercicio continuado en que el déficit fiscal será superior a lo estipulado por la norma mencionada.

El año venidero, el Estado prevé hacer gastos por valor de 96,78 billones de guaraníes, que al tipo de cambio actual representan 13.842 millones de dólares, una suma que es superior en 4,5 billo­nes de guaraníes al proyecto que inicial­mente remitió el Poder Ejecutivo al Con­greso. El presupuesto de este año es de 92,2 de billones de nuestra moneda (US$ 13.010 millones). Por lo que el incremento para el 2022 es de 4,96%.

La suma final aprobada es a pedido del Gobierno, que desea llevar el déficit al 3% para poder realizar más gastos de lo que podría si se mantuviera en -1,5%. Los optimistas creen que tal vez no sea nece­sario llegar a ese porcentaje.

Los desembolsos que hará el Estado en el año entrante se financiarán en un 34% con dinero proveniente de la recaudación de impuestos, en 50% con fondos que percibirán las empresas y entes públicos por la venta de sus productos y servicios. El 16% restante se abonará con dinero proveniente del endeudamiento público; es decir, plata que tendrá que prestar de diversas entidades y organismos finan­cieros. De cada 100 guaraníes que gaste el Estado en el 2022, solo 84 guaraníes pro­vendrán de fuente genuina. Para el resto tendrá que recurrir a los prestamistas.

Algunos de los puntos más cuestionados de la mencionada norma es que contem­pla 12.000 millones de guaraníes más para la Cámara de Senadores, que con esa suma pagará el aumento salarial que había contemplado ya este año para sus funcionarios. También prevé una asig­nación de 20.000 millones de guaraníes para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que se destinará a los partidos políticos en el año previo a las elecciones generales del 2023, aumen­tando de ese modo los fondos que habi­tualmente se canalizan para esa entidad. Otro de los asuntos criticados es que el Presupuesto destinará 3.500.000 gua­raníes por mes a cada legislador para el pago de combustibles, suma que es muy superior a la que se transfiere a las comi­sarías policiales para mover sus patru­lleras.

Felizmente, en el Parlamento no se apro­baron las cifras que habían agregado en la Cámara de Diputados y que posterior­mente eliminó el Senado, porque en ese caso los números hubieran sido peo­res para el equilibrio del Estado. Así y todo, con este Presupuesto seguiremos teniendo un aparato estatal muy grande, con gastos que en vez de disminuir serán cada vez más abultados. Que no son de provecho para el país sino para los que viven a costa de él.