La histórica maniobra política de engañar con expropiaciones de tierras instando a las invasiones sin perspectivas de desarrollo productivo es un recurso que hoy día ya no tiene cabida en el consciente colectivo. Los procesos de urbanización para el sector campesino deben ser institucionales, de hecho, varios entes se han embarcado en este desafío.
El derecho a la tierra como la propiedad privada está garantizado en nuestra Constitución Nacional, ninguno de los dos intereses puede ser vulnerado mediante la violencia y menos con instigaciones políticas encima de la ley por parte de algunos líderes que viven de promesas incumplidas.
La ley que penaliza las invasiones, aprobada meses atrás en el Congreso, es una herramienta, pero insistir en didácticas institucionales que orienten a los sectores vulnerables sobre mecanismos de acceso a la tierra a través del Estado es crucial.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) compartió en estos días el proceso de regularización jurídica de asentamientos emblemáticos a nivel país que están trabajando con diferentes organizaciones, entre ellas la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC).
Informaron sobre el desarrollo de debates como alternativa de solución, muy por el contrario al apriete que se suele utilizar para convencer a los humildes que están en la lucha por un territorio. La presidenta del Indert fue clara en su alocución a los campesinos de no dejarse engañar y abogó para que los mismos se acerquen a la institución antes de ingresar a cualquier inmueble que sospechan que sea tierra fiscal.
La alta funcionaria también ratificó que no se puede negociar sobre la ley ni tampoco se les puede obligar a los propietarios a despojarse de un inmueble de su propiedad. Es decir, el mecanismo de las invasiones y las presiones con violencia no funciona, contrario a cualquier garantía constitucional, es doble filo para los que arremeten contra los bienes ajenos.
Es evidente que el mensaje de la presidente del Indert tiene sus destinatarios directos. No se puede ignorar que el partido Frente Guasu sigue enfocado en las invasiones de propiedad privada, buscando las herramientas legales para utilizar la violencia y los abusos a su favor.
Los senadores de esta bancada vienen presionando con apoyo de ciertos líderes campesinos la regularización de las tierras conforme a sus elecciones. Sin embargo, estos trámites están institucionalizados a través del ente regulador que es el Indert, no tienen chances los aprietes políticos.
Desde esta entidad ya anunciaron que varios inmuebles están con pedidos de informes a Registros Públicos, otros ya tienen cartas de ofertas de los propietarios, algunos tienen algunos pequeños trámites a resolverse, como la ubicación correcta del inmueble, y otros en proceso de mensura judicial. En ciertos casos las gestiones adhieren asistencias como servicio de agua potable y demás prestaciones de carácter público.
Los senadores abocados casi con exclusividad a las expropiaciones de tierras deben asumir que sus intenciones son retrógradas y altamente deficitarias ante el desarrollo que requieren las familias paraguayas. Una campaña de concienciación bien intensa que llegue con mecanismos de gestión en el caso de las ocupaciones puede resultar óptimo en el avance del acceso a la tierra, sin violencia.
El Indert debe reforzar su esfuerzo e involucrar a las instituciones que sean necesarias en el proceso de ceder territorio para que ello sea sustentable en el tiempo y así aniquilar los mezquinos intereses políticos que sobrevuelan comunidades que buscan regularizarse.