Entre los asuntos que más preo­cupación están causando a los productores de diversos ren­glones de la economía nacional está el incremento creciente del ingreso y circulación de mercaderías ilegales. La situación monetaria de los países vecinos, en especial la de Argentina, hace que la invasión de artículos de contrabando sea cada vez mayor ante la precaria respuesta de las entidades públicas que deben com­batir el ilícito. El volumen de las mercade­rías que ingresan ilegalmente y circulan sin mayores obstáculos es de tal impor­tancia que hace tambalear algunos secto­res tradicionalmente tranquilos.

El ejemplo que dio un analista econó­mico es elocuente, dijo que una de cada dos cucharaditas de azúcar que usa cual­quier ciudadano en el desayuno es de origen ilegal, pues alrededor del 50% del consumo nacional de ese edulcorante es de procedencia espuria; es decir, atra­vesó la frontera de manera ilícita.

Debido a la inquietante situación, en las últimas semanas los sectores perjudica­dos han tomado posiciones muy duras hacia las instituciones públicas encar­gadas de la represión del tráfico ilegal de mercancías y sus responsables. Las con­sideran inútiles cuando no cómplices de los delincuentes de frontera.

Los empresarios cuestionan al Gobierno por su escasa efectividad en su política de lucha contra el contrabando y otros ilícitos. Por lo que están haciendo cam­pañas contra la ilegalidad sin contar con el acompañamiento de los organismos públicos del área.

En la reciente inauguración de una nueva versión de la Expo Guairá, en Mboca­yaty, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Pedro Galli Romañach, dijo que el contrabando está matando a la producción nacional y que, a pesar de ello, el Gobierno está actuando con tibieza. Hizo énfasis especial en que el ingreso ilegal de productos está matando a la producción, la industria y el comer­cio, señalando que la industria azuca­rera que sustenta a miles de productores de caña dulce es una de las más afecta­das actualmente. El Guairá es uno de los grandes productores de azúcar y subpro­ductos de la caña.

El titular de la Unión Industrial Para­guaya (UIP), Enrique Duarte, fue tam­bién duro en su crítica, señalando que, a causa del contrabando, en los supermer­cados ya no pueden comercializar ni un kilo de azúcar. Agregó que hasta la venta de productos cárnicos se encuentra afec­tada por el ingreso de la mercadería ile­gal, lo que podría llegar a ser catastrófico, según su calificación.

Un estudio privado desarrollado por la organización Pro Desarrollo Paraguay, cuyo adelanto se publicó recientemente, indica que hay sectores muy mal golpea­dos por los traficantes de frontera. Ese es el caso de la industria del calzado, que, según el vocero de la entidad, Sebastián Acha, se ve muy afectada porque el 80% de lo que se vende en el país proviene del contrabando. Y que solo el 20% de cal­zado comercializado es de producción nacional, lo que da una idea del impacto del tráfico ilegal en este sector.

Según el técnico, el volumen de la econo­mía informal es de tal magnitud que en estos momentos está manejando alrede­dor de 20 mil millones dólares, una suma que es superior al presupuesto de varios ministerios del Gobierno.

Como no se puede tolerar la ilegalidad y menos si amenaza de muerte a la produc­ción nacional con sus nefastas conse­cuencias, es urgente que se tome el toro por las astas.

El Gobierno Nacional es el principal responsable de la situación que se está dando. Nadie se puede escudar en nin­gún pretexto ni aprovechar ninguna circunstancia económica o social para dejar de actuar. El contrabando es un delito que ataca con demasiada fuerza a la producción, las empresas nacionales y a los trabajadores paraguayos, que no se puede dejar de combatirlo con toda la fuerza.

Así como la Constitución Nacional prevé el Estado de excepción para casos de con­flicto armado internacional o de grave conmoción interior, aquí el Estado tiene que aplicar también una medida excep­cional para contrarrestar el contrabando y defender al país de la amenaza de los delitos contra su vida económica. Desde el punto jurídico no es lo mismo, pero el peligro económico y social que representa el contrabando es de tal envergadura que constituye un grave riesgo para la situa­ción del país. Por lo que es imperativa la adopción de medidas extraordinarias.