La Comisión Bicameral de Pre­supuesto determinó que el año entrante el Estado paraguayo gaste un 4,88% más en sus nume­rosas erogaciones que lo que se prevé desembolsar en el 2021. En vez de gastar menos como aconseja la prudencia, el apa­rato público derramará más dinero. Por eso tendrá que recaudar más y aumentar su deuda con nuevos préstamos para hacer frente a esas obligaciones.

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2022 será de 96,777 billo­nes de guaraníes, que frente a lo solicitado inicialmente por el Ejecutivo de 92,229 billones de guaraníes representa un incre­mento del 4,9%; es decir, 4,558 billones más. El presupuesto vigente para este año es de 92,269 billones, por lo que el monto aprobado por la Bicameral para el ejerci­cio venidero constituye un aumento real del 4,88%.

De acuerdo con las explicaciones de los legisladores de la Comisión Bicameral, se destina un alza equivalente a 216 millones de dólares a Salud Pública para sus gas­tos en personal para hacer frente al coro­navirus. También se prevén 364 millo­nes de dólares más para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para continuar las obras en ejecución, así como 10 millones de dólares adicionales al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábi­tat para la construcción de casas. También se contemplan recursos para el pago del aumento salarial de los docentes, que así llegará a un 16%.

En un año previo a las elecciones genera­les, que se harán en el 2023, la Bicame­ral también incrementó el monto de fon­dos públicos para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y los parti­dos políticos en casi 3 millones de dóla­res, con lo que el total llegará a 9 millones de dólares para los aportes y subsidios a agrupaciones partidarias.

Cuánta utilidad reportará al país ese mayor gasto es un asunto que está por verse. En lugar de achicarse y disminuir sus gastos, el monstruoso aparato estatal seguirá con su defecto más criticado, des­pilfarrar dinero llevando al desequilibrio a las finanzas públicas. Por eso el déficit fiscal, que tendría que ser del 1,5% del pro­ducto interno bruto (PIB), según la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), irá al doble, o sea al 3%.

Del total del presupuesto previsto para el 2022, el 16% es dinero que corresponde a la deuda pública, que está conformada por los préstamos que se tendrán que hacer de diversas entidades y la colocación de bonos del tesoro. Así de cada 100 guaraníes que se gaste, 16 serán plata prestada. Solo el 84% de los fondos provendrán de recur­sos genuinos, pues el 34% será de dinero proveniente de impuestos y otras percep­ciones del Tesoro; en tanto que el 50% res­tante corresponderá a los fondos de las ins­tituciones públicas que tienen sus propias recaudaciones.

El dictamen aprobado por la Bicame­ral incluye un 35,5% más de fondos pro­venientes de préstamos y colocación de bonos de lo previsto en el proyecto inicial del Ejecutivo, ya que de 11,695 billones de guaraníes del primer proyecto en la Bica­meral se aumentó a 15,851 billones de gua­raníes. A pesar del incremento aprobado en el Congreso, el crédito público pre­visto para el 2022 será inferior a los 17,450 billones de guaraníes del presente año. Esta cifra representa un 9,2% menos de los débitos del 2021.

El dictamen de la Comisión Bicameral pasará ahora a consideración de la Cámara de Diputados, que tendrá que examinarlo en comisión y luego en la plenaria. Pos­teriormente, el proyecto de ley tiene que ser enviado al Senado y antes del 20 de diciembre el Congreso debe sancionar la ley. Teniendo en cuenta que en la Comi­sión Bicameral hay diputados y senadores de todos los partidos, es de esperar que el presupuesto no sufra grandes modificacio­nes en cada una de las cámaras. Aunque la experiencia demuestra que, en el pasado reciente, en el Senado han incluido para sus funcionarios aumentos no previstos.

Está claro que en el 2022 el Estado gastará más dinero que en este año en numerosas áreas y diferentes proyectos, fundamen­talmente en gastos corrientes, como sala­rios y afines. La pregunta que se impone es si con estos derroches el aparato estatal podrá ser más eficiente.