El vicepresidente de la República no solo ha anunciado que es can­didato a presidente para las elec­ciones generales del 2023, sino que ha comenzado a realizar su campaña electoral al interior del Partido Colorado para ser postulado como tal en los men­cionados comicios. A primera vista nada tiene de malo que quiera presentarse para el máximo cargo político del país. Tiene derecho a hacerlo. Pero lo cuestionable es que está usando los bienes y la estructura del Estado para su fin particular, utili­zando el alto cargo para sus afanes políti­cos personales en lugar de trabajar por los intereses del país, que está luchando para recuperarse de la emergencia pandémica en lo sanitario y económico.

Recientemente, señaló que su candidatura está firme, que tiene el respaldo de muchos funcionarios y políticos de su partido. Y que tiene el compromiso del presidente de la República de acompañar su candidatura. “Él me dio la oportunidad de que pueda salir a trabajar por mi movimiento, lo hice y él dejó bien claro que le gustaría entregar en el 2023 la banda presidencial a su vicepresi­dente…”, afirmó a un diario capitalino.

Como parte de su campaña política, el domingo último estuvo haciendo proseli­tismo en la localidad de Yby Pytá, Canin­deyú, durante un acto electoral utilizando vehículos del Estado, con guardaespaldas y funcionarios del Ejecutivo. Un grupo de personas de la zona lo trató de bandido y otros epítetos de rechazo.

Uno de los altos funcionarios de la Presi­dencia que lo acompañó publicó en su red social que llegaron a Yby Pytá con el Vice­presidente y que en la ocasión “recibió el apoyo de todo el departamento para su can­didatura a la Presidencia de la República”, que evidentemente era el propósito de su presencia en el lugar.

Para los que lo conocen de antes, la actua­ción del Vicepresidente no es extraña, pues tiene acusaciones de que en otros cargos públicos que ocupó no se ceñía siempre a los rigores de la ética y no pare­cía importarle mucho la conducta de un funcionario público. Afirman que si ahora es así, no es difícil adivinar qué podría hacer en el manejo de los asuntos del Estado si llegara al máximo cargo.

Uno de los aspectos más cuestionables de su actuación es que utilice sin reparo alguno la estructura y los bienes del Estado en los actos políticos de su partido con la mirada puesta en la Presidencia de la República. Cuando, como responsable de un alto cargo estatal, tiene ante todo la misión de trabajar por la buena marcha del país, en numerosos temas, como el problema de la salud, la inse­guridad pública, la economía que, si bien ha repuntado, solo ha llegado hasta los niveles anteriores a la pandemia y necesita mejorar para la recuperación.

La Constitución Nacional establece clara­mente las atribuciones del vicepresidente de la República en su artículo 239º. Y en la última parte del artículo 237º, que habla de las incompatibilidades, señala que, además de no poder ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, “debe dedi­carse en exclusividad a sus funciones”. Es decir, no debe hacer proselitismo, sino ocu­parse de su tarea de Vicepresidente.

Tan importante es para la norma consti­tucional que el Vicepresidente no se invo­lucre directamente en la sucesión presi­dencial, que establece que, si quiere ser presidente de la República para el período posterior, tiene que abandonar el cargo al menos seis meses antes de los comicios generales.

Algunos antecedentes del Vicepresidente cuando ejerció cargos del Estado son llama­tivos. Uno de los hechos recordados es su intervención, en el 2019, a través de un repre­sentante, en el acta de entrega de energía paraguaya de Itaipú más barata al Brasil en condiciones desventajosas para Paraguay, que después el Gobierno tuvo que eliminar ante el perjuicio a los intereses del país. Este hecho había producido la primera gran crisis del Ejecutivo, que le había costado la posibi­lidad de un juicio político. Este como otros casos hacen explicables las inquietudes hacia sus pretensiones presidenciales y su tempra­nero empeño presidencial.

El apresuramiento y las condiciones en que el Vicepresidente hace su campaña electo­ralista no son lo que se espera de un funcio­nario que, antes que los suyos, debe poner primero los intereses del país.