El sábado último la ciudadanía amaneció con la noticia de un nuevo hecho de violencia en el Norte. Cuatro personas jóvenes que salían de un lugar de esparcimiento fueron rociadas a balazos y muertas de la manera más violenta en Pedro Juan Caba­llero, la ciudad más castigada por ese tipo de acontecimientos. El estilo inconfun­dible de la mafia en sus operaciones, la magnitud de la matanza y la ferocidad del acto en que murieron tres chicas joven­citas y un hombre vinculado a los nego­cios de frontera golpearon fuertemente la sensibilidad de la ciudadanía. A pesar de la frecuencia de hechos similares en esa zona y la atención ciudadana por las elec­ciones municipales, el atentado conmovió a mucha gente. Porque no se puede acep­tar semejante crimen y menos acostum­brarse a esas tragedias que atentan contra la tranquilidad de todos.

Como una de las personas asesinadas es la hija del gobernador del departamento del Amambay, ese hecho adquiere connotacio­nes políticas. Y algunas autoridades nacio­nales tuvieron que reaccionar. Anunciaron la creación de un nuevo organismo de segu­ridad mediante la conjunción de las fuerzas policiales en un comando bipartito con la policía de Brasil para frenar la criminalidad en la frontera.

El propósito es hacer frente a la inseguri­dad y a la amenaza de los hechos violen­tos que son muy corrientes en esa región del país. No está mal la iniciativa, porque todo cuanto se haga en esa materia puede resultar insuficiente. Pero cabe pregun­tarse si ¿hizo falta que mataran a la hija de un gobernador para que empezaran a actuar? ¿Esa es la única respuesta que tiene el Gobierno para actuar contra el crimen en las zonas calientes del país? ¿Las fuerzas de seguridad pueden activar más en todo el territorio nacional donde los actos violen­tos de diversa gravedad han aumentado? ¿Siguen pensando que la inseguridad es solo una sensación de algunas personas?

Hay que admitir que el crimen organizado es un enemigo más peligroso de lo imagi­nado, porque sus tentáculos no tienen lími­tes y sus personeros atacan sin piedad en cualquier punto del país, pues cuentan con mucha gente, poderosos recursos econó­micos y logísticos. Los actos violentos han aumentado no solo en la frontera, sino en el resto del país, en todas sus formas, en espe­cial en asaltos a personas, atracos a comer­cios e incluso a domicilios particulares. A estos se suman últimamente los lamenta­bles asesinatos que se han registrado últi­mamente en el campo político, algo poco frecuente anteriormente.

La violencia –con su carga de muertes, de angustia y dolor– va ganando terreno en el territorio nacional. En algunas zonas los asesinatos con tinte político o vinculados al narcotráfico y otros delitos van repitién­dose peligrosamente, lo que hace que la sensación de inseguridad aumente. Sobre todo, porque no se divisan respuestas con­tundentes con resultados visibles.

En un asunto tan delicado, el Gobierno debe dejar la improvisación e instalar en los ministerios y organismos de seguri­dad a personas de sobrada competencia en la materia. Así como no se debe poner a alguien que ni terminó el colegio secunda­rio en un ministerio, porque no entiende del tema, no se debería dejar el Ministerio del Interior a cargo de un individuo que no tenga probada competencia en seguridad.

Nadie duda de la buena voluntad que puedan tener las personas que son llamadas para ocupar un cargo, pero eso no basta. No se puede dejar que un carpintero, por bueno que sea, haga una delicada cirugía del corazón.

Este razonamiento tan elemental parece que no entienden muchos de los que deben tomar decisiones dentro del Gobierno, por lo que señalarles su error es una obligación para que lo corrijan y busquen actuar de una manera razonable solo con el afán de que nuestro país tenga mejores chances en su tranquilidad.

La violencia, como uso de la fuerza sin miramiento alguno para conseguir un determinado objetivo, no se puede acep­tar bajo ningún modo. Debe ser repudiada, condenada y combatida por la sociedad. Las autoridades nacionales no pueden seguir sin mostrar resultados visibles en el com­bate al delito y a la delincuencia. Tienen el compromiso de garantizar la seguridad de todos y en especial en aquellos lugares donde el crimen parece incontenible.