El jueves 23 de setiembre la Cámara de Senadores aprobó por mayoría de votos el proyecto de ley que aumenta la pena para los invasores de inmuebles ajenos, que se viene debatiendo desde hace varias semanas. De ese modo, se superó el problema que habían planteado algunos sectores políticos que no se animaban a hacer más duros los castigos para los delincuentes inmobiliarios por temor a quedar mal con algunos grupos que son partidarios de no respetar la propiedad privada y cuentan con el voto de las organizaciones político-campesinas de sintierras.
Después de sucesivas postergaciones en la Cámara Alta cuyas autoridades parecían no ser partidarias de la nueva norma, finalmente se analizó el tema el último jueves con el resultado final que se conoce. Ahora se aguarda el tratamiento de la Cámara de Diputados, que si lo apoya se convertirá en ley que luego deberá promulgar el Poder Ejecutivo.
El proyecto de ley en cuestión establece la modificación del artículo 142 de la Ley 3440/2008 y aumenta los castigos por las invasiones de propiedades privadas. El texto que se incorpora señala que “el que individualmente o en concierto con otras personas ingresare con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años”. En otro apartado el proyecto de ley señala que “cuando la invasión, en el sentido del numeral anterior, se realizara con el objeto de instalarse en él ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta 10 años”.
Los opositores a la nueva norma habían señalado que con los nuevos castigos se satanizaría la legítima lucha de las personas que no poseen tierra y se protegerá exageradamente a los propietarios, sobre todo a los grandes. Un sofisma enorme y tonto que no resiste al menor examen lógico, pues con la protección fuerte de la propiedad salen ganando tanto los pequeños como los grandes propietarios y no altera en nada la colonización de las tierras legítimamente conseguidas. El derecho a la tierra propia seguirá siendo una garantía constitucional y si hay tierras malhabidas, es un tema que debe dirimirse en las instancias judiciales, que es otro capítulo. Y si se consigue un terreno por la fuerza usurpando la propiedad, está contra la ley y ese predio será una tierra ilegítima.
Sobre el tema, un senador de Patria Querida había explicado que con la ley mencionada no se pretende blanquear tierras que se consiguieron de modo ilegítimo, sino más bien garantizar la propiedad por el bien del país. Recordó que actualmente en todo el territorio nacional hay más de 900 casos de invasiones a propiedades privadas. Destacó que la mitad de esos hechos se está dando en las zonas urbanas y que no se trata solamente de un problema rural, como muchos creen.
El ex presidente de la República Horacio Cartes, uno de los propulsores del proyecto, celebró la aprobación de la norma y calificó de histórica la decisión de la Cámara Alta. Llamó a los legisladores de la Cámara de Diputados a que estudien y le den su aprobación al proyecto lo más rápido posible. Hay que recordar que, en su momento, esta cámara se había declarado oficialmente defensora de la propiedad privada, por lo que es fácil esperar una decisión positiva en la materia. Por eso se aguarda que en la sesión que tenga durante esta semana se incluya el tema en el orden del día y se le dé el visto bueno final.
La determinación del Senado de castigar con más dureza a la delincuencia inmobiliaria es una señal política importante para demostrar que en el país se protege a la propiedad privada. Además, dará más tranquilidad a los productores que se afanan día a día a mejorar la producción agropecuaria. El efecto disuasivo que se espera tendrán los castigos más duros ayudará a aquietar a los aventureros que hacen de la delincuencia su manera de vivir y a que respeten la propiedad privada, como mandan las leyes. Con la nueva norma, más de uno pensará dos veces en invadir un terreno ajeno ante la posibilidad de ir 6 a 10 años a la cárcel.